El plan migratorio de Kamala Harris se basa en un proyecto bipartidista del Senado rechazado dos veces

A diferencia de la campaña 2020, cuando el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentaron a Donald Trump y Mike Pence, esta vez no hay promesas de legalización para los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Y tampoco despejar el camino al asilo que había sido trastocado por el candidato republicano como parte de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Cuatro años más tarde, la promesa demócrata no gira en torno a una reforma migratoria como de la que se viene hablando desde hace más de dos décadas, sino de un plan enfocado en la seguridad nacional fronteriza y con pequeños espacios de legalización para indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos.

Así lo volvió a reconocer Harris el pasado 29 de octubre durante un discurso en la Elipce cerca de la casa Blanca y donde Trump el 6 de enero de 2021 se dirigió a sus correligionarios poco antes de que irrumpieran en el Capitolio en uno de los días más oscuros para la democracia estadounidense. En ese lugar la candidata presidencial del Partido Demócrata lanzó un llamado de unidad y habló de inmigración.

Aseguró que “cuando sea presidenta, expulsaremos rápidamente a quienes llegan aquí ilegalmente, procesaremos a los carteles y daremos el apoyo que necesita la patrulla fronteriza”. Y agregó que, "a la vez, tenemos que reconocer que somos una nación de inmigrantes, y por eso trabajaría con el Congreso para aprobar una reforma migratoria que incluya una vía para obtener la ciudadanía para los migrantes trabajadores”.

“Los políticos tienen que dejar de tratar la inmigración como un problema para conseguir votos en una elección y, en cambio, abordarla como el serio desafío que es”, sugirió, a la vez que se comprometió a volver a trabajar tanto con republicanos como con demócratas para sacar adelante el proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza que fue rechazado en el Senado este año por la oposición del partido de Trump.

Los hispanos preguntan…

Tres semanas antes, durante un foro comunitario organizado por Televisa Univision desde Las Vegas, Nevada, Harris también priorizó en la recuperación del plan bipartidista fronterizo de febrero de este año elaborado tras cuatro meses de negociaciones a puertas cerradas entre legisladores demócratas y republicanos durante el debate sobre el presupuesto 2024.

La candidata precisó, en respuesta a una pregunta hecha por un elector latino indeciso, que “un ejemplo de esto en la política de inmigración es que, en lo que se refiere a lo que necesitamos hacer para fortalecer nuestra frontera, (es traer de regreso el plan elaborado por) un grupo bipartidista de del Congreso, incluido uno de los más conservadores del Senado de Estados Unidos, (quien) se unió para elaborar uno de los proyectos de ley de seguridad fronteriza más sólidos que hemos tenido en décadas”.

Harris agregó que el plan en cuestión “incluía (la contratación de) 1,500 agentes fronterizos más para ir a la frontera a ayudar a esa gente trabajadora que está trabajando las 24 horas del día. Los agentes fronterizos apoyaron el proyecto de ley. Incluía más recursos para detener el flujo de fentanilo, que está matando a personas de todos los orígenes en todas las regiones de nuestro país. Nos habría permitido tener más recursos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. He procesado a organizaciones criminales transnacionales, desde el Cártel de Guadalajara hasta el Cártel de Sinaloa”, indicó.

De que se trata el plan bipartidista

El plan bipartidista del que habla Harris y que no avanzó en debates programados en febrero y mayo incluía $14,300 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México, entre ellos la contratación de 2,400 nuevos agentes federales (de la Patrulla fronteriza y la Oficina de Inmigración y aduanas -ICE), combate al narcotráfico y tráfico de personas, deportaciones y compra de tecnología avanzada en los puertos de entrada.

Incluía además la contratación de 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración y la creación de 100 nuevos tribunales de inmigración. Todo ello para aumentar la capacidad de respuesta del sistema migratorio y descongestionar la EOIR, que tiene acumulados más de 3.6 millones de casos, más de la mitad durante el gobierno de Biden.

Harris culpa a Trump de haber causado el fracaso las negociaciones entre ambos partidos y reitera que, cuando el expresidente se enteró de del proyecto, se dio cuenta de que sería una solución y les dijo (a los republicanos) que no lo sometieran a votación porque preferiría hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo”.

Harris promete que, si gana la elección del 5 de noviembre, volverá a presentar ese proyecto de ley de seguridad fronteriza, "lo promulgaré y haré el trabajo de centrarme en lo que debemos hacer para tener un camino ordenado y humano hacia la ciudadanía ganada para las personas trabajadoras”.

En febrero Biden dijo que estaba “dispuesto a trabajar de manera bipartidista para asegurar la frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración roto”, algo que reconocen ambos partidos. Y agregó que las negociaciones para redactar el documento final “demoró varios meses” y que su istración “negoció con un grupo bipartidista de senadores para publicar un proyecto de ley que incluye las reformas más duras y justas para asegurar la frontera que hemos tenido en décadas”.

El mandatario aseguró además que, de ser aprobado, “haría que nuestro país fuera más seguro, haría que nuestra frontera fuera más segura y trataría a las personas de manera justa y humana al tiempo que preservaba la inmigración legal, en consonancia con los valores de nuestra nación”.

El plan "más radical" del siglo 21

Un análisis del American Immigration Council (AIC, por sus siglas en inglés) revela que el proyecto, identificado como H.R. 815, de aprobarse sería el 'más radical' en su tipo en lo que va del siglo 21. “Reformaría el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos e impondría una ‘autoridad de emergencia’ que dejaría el asilo totalmente fuera del alcance de quienes crucen entre puertos de entrada durante gran parte de los próximos tres años”. Además, intentaría abordar cuestiones como los permisos de trabajo y las esperas de años para los solicitantes de asilo, y también “elevaría el estándar inicial que una persona debe aprobar para acceder a nuestro sistema de asilo”.

El plan también incluye recomendaciones para ampliar la disponibilidad de visas adicionales y de residencias legales permanentes (green card) futuras, y ofrecería una vía a la ciudadanía para los afganos, al tiempo que aumentaría significativamente la capacidad de detención de ICE.

En cuando a los efectos del H.R. 815, los analistas del AIC precisaron:

• Crea una ‘autoridad de emergencia fronteriza’ que se hará cargo de responder cuando los niveles de detención sean altos;
• Acelera los procesos de asilo y aumentar los requisitos para evitar abusos al sistema;
• Modifica el programa alternativo de detención (ATD);
• Crea un camino a la ciudadanía para refugiados (evacuados) afganos y sus aliados;
• Pide que el Congreso financie un programa de abogados de asilo, con énfasis en atender a los menores de edad no acompañados.

Pero, advierte el informe, “no resuelve el estatus de millones de inmigrantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal (indocumentados) o que tienen algunas protecciones temporales, tal el caso de unos 560,000 dreamers amparados por DACA o más de 500,000 titulares del programa Estatus de Protección Temporal (TPS).

El plan bipartidista tampoco aborda las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos desde otras partes del mundo, particularmente de Centroamérica y Sudamérica, y carece de apoyo para las comunidades estadounidenses que están trabajando para apoyar y dar la bienvenida a los recién llegados, cuyos futuros en el país están en manos de los tribunales de inmigración, un sistema que también ambos partidos reconocen se encuentra colapsado.

Puntos críticos del plan

• No invierte en infraestructura fronteriza duradera eficiente que le permita al país manejar los cambios y flujos migratorios de personas que buscan la protección de Estados unidos;
• No toma en cuenta la magnitud de la crisis migratoria mundial de refugiados;
• No incluye programas para detener el crecimiento de la infraestructura del contrabando de personas, que alimenta la demanda de migración de boca en boca y a través de las redes sociales.

“La infraestructura, las leyes y las políticas existentes no son suficientes para procesar a las personas, evaluar las solicitudes de protección de manera eficiente y justa, o permitirles mantenerse por sí mismas en Estados Unidos mientras esperan una decisión sobre sus casos” en los tribunales de inmigración, apunta el análisis del AIC.
Y resalta que las comunidades a lo largo de la frontera y en el interior de Estados Unidos “se han visto obligadas a dar cabida a un gran número de recién llegados, sin la coordinación del gobierno federal y, en algunos casos, con gobernadores como Greg Abbott (en Texas) y Ron DeSantis (en Florida) “socavando deliberadamente los esfuerzos de coordinación y apoyo”.

Los efectos negativos del plan

• La denominada autoridad de emergencia fronteriza. “añadiría un nuevo proceso restrictivo y opaco hasta que los cruces fronterizos alcancen niveles muy bajos”. En junio Biden, tras el segundo fracaso de mayo en el Senado, implementó una regla que cierra la frontera cuando los números de detenciones están por encima de los 2,500 y permite abrirla si caen por debajo de los 1,500. Desde entonces la frontera permanece cerrada al asilo.
• La dura restricción permite a la istración deportar sumariamente a los migrantes que ingresen entre los puertos de entrada sin permitirles solicitar asilo;
• El plan otorga al gobierno federal una “discreción significativa” sobre cuándo exactamente implementar este nuevo proceso de deportación sumaria de emergencia y no requiere que se anuncie públicamente.

El proyecto que respalda Harris señala que “las personas deportadas sumariamente en virtud de esta autoridad podrían ser enviadas a sus países de origen o, si el gobierno mexicano está dispuesto a aceptarlas, enviadas a México en su lugar”. Y advierte que “una segunda deportación en virtud de una autoridad de emergencia desencadenaría una prohibición de un año para obtener una visa” para poder ingresar al país.
El programa también permite que las personas que buscan asilo lo hagan por vías legales. Una de ellas y que se encuentra vigente desde enero de 2023 es la aplicación móvil CBP One, que otorga 1,450 citas diarias para que un extranjero se presente en un puerto de entrada autorizado previo envío de una Notificación de Comparecencia (NTA).

El plan migratorio bipartidista, además, incluye:

• Un proceso de asilo más rápido, más duro y sin privación de la libertad para quienes ingresan a la frontera;
• Eleva el estándar para poder solicitar asilo según lo decidido en la etapa de entrevista de selección inicial cuando un agente de asilo determina si una persona puede avanzar hacia la presentación de una solicitud de asilo;
• En vez de tener que demostrar una “posibilidad significativa” de que su solicitud de asilo prospere, los solicitantes de asilo tendrían que demostrar una “posibilidad razonable”, que es un estándar más alto que cumplir.

El proyecto bipartidista “crea un nuevo proceso en el que se puede incluir a las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin papeles, como una alternativa a la expulsión acelerada”. Este proceso denominado “determinación de protección” está diseñado para durar seis meses, durante los cuales se le permitiría al solicitante de asilo “vivir en Estados Unidos mientras es monitoreaba en virtud de los programas gubernamentales de Alternativas a la Detención (ATD)”.
Durante este proceso, el gobierno “tendría 90 días para realizar una evaluación de miedo, en la que un funcionario de asilo puede negar o conceder asilo u otras protecciones en el lugar, o puede pasar a las personas a una “entrevista de méritos” completa”. En este punto, “aquellos a quienes se les conceda protección, se los remita a una entrevista de méritos o no puedan ser entrevistados dentro de los 90 días, serían elegibles para permisos de trabajo”.

Camino a la ciudadanía

A diferencia del plan de Biden-Harris de 20230, que ofrecía un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, el plan migratorio bipartidista contempla un de legalización “para los evacuados afganos y sus aliados”. Se trata de un proceso simplificado, “pero riguroso para que los evacuados afganos que no hayan obtenido asilo ajusten su estatus legal al Estatus de Residente Permanente Condicional (RS)”. Este estatus, añade, sería retroactivo a la fecha en que los solicitantes fueron inicialmente puestos en libertad condicional en Estados Unidos, lo que les daría a los beneficiarios una espera más corta para ser elegibles para que soliciten la ciudadanía por naturalización.

Otra vía de legalización garantizaría que los cónyuges e hijos de trabajadores altamente calificados, así como las personas que vienen a Estados Unidos con visas de prometido, “sean elegibles para trabajar legalmente en el país”. Y arreglaría la ley de inmigración para que los niños que esperan sus residencias junto con sus padres “no pierdan su camino hacia la ciudadanía cuando cumplan 21 años, lo que ofrecería una solución para los soñadores documentados”.

En cuanto al programa de abogados pada casos de asilo y menores no acompañados, el proyecto de ley bipartidista “incluye fondos para que el servicio de inmigración (USCIS) contrate hasta 4,300 nuevos funcionarios de asilo para asumir la carga de trabajo adicional de los nuevos procesos de asilo del proyecto de ley”. Pero advierte que la contratación de todo este número de funcionarios “tomará años”, con el riesgo de que la falta de personal “continúe retrasando el procesamiento de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes y posibles inmigrantes”.

Qué no incluye el plan migratorio bipartidista

• No menciona una estrategia de legalización para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos de los cuales tienen familias mixtas y llevan décadas en espera de un camino a la legalización;
• No contempla programas de disuasión para la inmigración futura. No ataca las causas de la inmigración irregular a Estados Unidos;
• No incluye programas de apoyo a las personas que esperan en México su oportunidad de obtener una cita a través de la aplicación móvil CBP One;
• No incluye programas de apoyo a personas que sean deportadas, muchas de las cuales se enfrentan a condiciones de alto riesgo, y peligros humanitarios y de seguridad;
• No hace lo suficiente para apoyar a las comunidades estadounidenses que están tratando de apoyar y dar la bienvenida a los recién llegados, indica el AIC.

Los analistas del AIC dijeron que el plan migratorio bipartidista frenado en el Senado en febrero y mayo de este año, y que apoya Harris, “no haría nada para reducir las cifras de inmigrantes en la frontera por sí solo”.
“Lo que hemos visto, una y otra vez, es que agregar penalizaciones o complicaciones adicionales al proceso para los solicitantes de asilo una vez que llegan a Estados Unidos empobrece a esos solicitantes sin tener un impacto duradero en las llegadas generales a la frontera”, indicaron. “Lo que se necesita es una manera de resolver estos casos de manera rápida y segura (que lleve meses, no años) sin forzar a los solicitantes a entrar”, concluye.