Nueve años de abusos: las claves de la demanda contra el mayor proveedor de albergue para niños migrantes no acompañados en EEUU
Una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) contra Southwest Key Programs Inc., organización sin fines de lucro que tiene licencia para istrar centros de albergue de menores no acompañados, saca a la luz nuevamente el lado más lúgubre de la política migratoria estadounidense.
Southwest Key Programs Inc, basada en Texas, proporciona viviendas a niños no acompañados que se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos luego de ser detenidos y procesados por la Patrulla Fronteriza.
La demanda, presentada el jueves, alega que la organización, a través de sus empleados, “ha incurrido en un patrón o una práctica de abuso sexual y acoso de niños no acompañados en refugios de Southwest Key”.
“El acoso sexual de niños en refugios residenciales, donde un menor debe estar seguro, es abusivo, deshumanizante e ilegal”, dijo Kristen Clarke, fiscal general auxiliar de la vivisión de derechos civiles del DOJ.
“El abuso sexual de niños es una crisis que no podemos ignorar y al que no podemos hacer de la vista gorda. Esta demanda busca una compensación para niños que han sido abusados y perjudicados, así como reformas significativas para garantizar que ningún niño en estos refugios vuelva a ser víctima del abuso sexual”, precisó.
Qué dice la demanda contra Southwest Key Programs Inc.
En la demanda, el DOJ detalla que desde por casi una década, se han registrado “múltiples” abusos a niños no acompañados por empleados de Southwest Key, y califica los hechos como “repetidos y no deseados”.
Y la lista incluye: abuso sexual, acoso y mala conducta, ambiente de vivienda hostil y severa, violación, solicitud de actos sexuales, solicitud de fotografías de desnudos, relaciones inapropiadas, comentarios y gestos sexuales, miradas lascivas y tocamientos inapropiados”.
El texto de la demanda, presentada ante la Corte Federal de Distrito de Austin, Texas, añade que, en algunos casos, “los empleados de Southwest Key amenazaron a los niños para que mantuvieran silencio”. Y que, al acosar a los menores, estos trabajdores explotaron las vulnerabilidades de los niños, barreras del idioma y distanciamiento de la familia y los seres queridos”.
El DOJ también alega que, “a pesar del conocimiento de estos daños graves y generalizados, Southwest Key no tomó las medidas adecuadas para proteger a los niños bajo su cuidado”. Y que las acciones de Southwest Key “constituyen un patrón o práctica de discriminación en vivienda por razón de sexo en violación de la Ley de Vivienda Justa”.
“El acoso sexual de niños en refugios residenciales, donde un niño debe estar seguro, es abusivo, deshumanizante e ilegal”, afirmó Kristen Clarke, la fiscal general Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “El abuso sexual de niños es una crisis que no podemos ignorar y al que no podemos hacer de la vista gorda. Esta demanda busca una compensación para niños que han sido abusados y perjudicados, así como reformas significativas para garantizar que ningún niño en estos refugios vuelva a ser víctima del abuso sexual”.
El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) indicó que tiene una política de tolerancia cero para todos los tipos de abuso sexual, acoso sexual, conducta sexual impropia y discriminación. “La queja del DOJ contra Southwest Key “plantea inquietudes serias de patrón o práctica”, dijo”, dijo el secretario Xavier Becerra. Y añadió que “seguiremos evaluando estrechamente nuestra asignación de niños a programas de provisión de cuidado”.
Las reacciones por la demanda contra contra Southwest Key Programs Inc.
La demanda inquieta a la comunidad y a defensores de los derechos de los inmigrantes. “Es muy triste que estos abusos continúen no obstante la existencia de penas (castigos) que han impuesto (los tribunales de justicia), investigaciones federales y estatales no sólo en centros de detención, sino también en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque no son tan frecuentes”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta derecho migratorio en la facultad de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.
“A mi parecer, esta grave tragedia es como la violencia doméstica. Existe en todo el mundo y tal parece que nunca se va a terminar”, se lamenta.
Velásquez pregunta cómo se va a drenar este tipo de abusos en los centros de detención de menores no acompañados. Ella misma responde: “Tienen que cerrarlos. Y hay que darles cárcel a todos quienes han abusado de menores. Y enviar un mensaje fuerte de que esto será castigado con la mano más fuerte de la justicia”.
En cuando a las víctimas de estos abusos, Velásquez dice que “son personas vulnerables. ¿Qué pueden decir ellos? ¿A quién se lo van a decir? ¿Quién les va a creer? Y tampoco podemos quedarnos quietos y pensar: ni modo, siempre ocurre esto. Si hacemos eso, se verá muy triste”.
“Hay que terminar con estos abusos. Hay que ponerles penas fuertísimas a los culpables de estos crímenes y cerrar estos centros. Es la única manera de terminar con esto. Ya son más de nueve años de abusos y nada parece que los detendrá”, precisó.
La edad de los menores no acompañados víctimas de Southwest Key Programs Inc.
La demanda del DOJ precisa que los niños agraviados “tienen edades comprendidas entre 5 años y adolescentes apenas por debajo de los 18 años”. Y que la mayoría de los menores abusados por empleados del Southwest Key so originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras o México, entre otros países.
“Muchos de estos niños viajan sin sus padres o tutores y soportan situaciones o condiciones peligrosas y tratamiento traumático tanto en sus países de origen como durante su viaje a Estados Unidos”, se lee en el documento de 26 páginas.
Amade que cuando los niños llegan a territorio de Estados Unidos o cuando son hallados por agentes federales de inmigración, son puestos bajo custodia federal y transferidos por las autoridades de inmigración a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del HHS.
Hasta que un niño no acompañado sea entregado a un patrocinador adecuado, cumpla la edad de 18, o sale o es deportado de Estados Unidos, “la ORR debe colocar a cada niño en el menor
entorno restrictivo que sea en el mejor interés del niño”, precisa la ley. Y también lo señala el Acuerdo Judicial Flores de 1997, instrumento que nuevamente va sido vulnerado.
Qué es el Acuerdo Flores de 1997
El Acuerdo Judicial Flores de 1997 dicta la manera en que deben ser procesados los menores, el tiempo de permanencia detenidos y los derechos que tienen mientras están bajo la protección del gobierno, entre ellas, que sus futuros en Estados Unidos deben ser resueltos por un juez de inmigración.
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia (DOJ), bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.
Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.
La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto istrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años. El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo los procedimientos de deportación.
El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (Federal ) de conformidad con la Ley de Procedimiento istrativo (APA), y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hubieran cometido delito alguno. Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.
En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados. Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.
Terror en la frontera
Entre junio y julio de 2019, Univision Noticias publico una serie de reportajes con testimonios de menores no acompañados en centros de detención del gobierno, quienes de puño y letra relataron sus traumáticas experiencias tras ser detenidos en la frontera luego de pedir asilo en Estados Unidos.
Los relatos de primera mano recibidos por Univision Noticias corresponden a 'Las Voces de las Hieleras', una secuencia de una treintena de cartas escribas por menores de entre 13 y 17 años que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en la frontera de Texas tras cruzar desde México y luego entregados al cuidado del HHS, como lo establece la ley vigente.
Hasta el momento de la publicación de las primeras cartas, sólo se conocía una parte de los padecimientos que se vvían en el largo y penoso camino del asilo y el verdadero rostro de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. Los testimonios eran entregados por abogados probono que los visitan para defender sus casos.
Tras la publicación de la segunda entrega de cartas, comenzó a aparecer un dibujo más claro del escenario que enfrentan los menores migrantes. El gobierno no les informaba que tenían derechos, se bañan una vez cada semana, no los dejan lavarse los dientes y los trataban como adultos con palabras duras y a veces a gritos. Tampoco dormían como lo hacían en sus casas de las cuales huyeron a causa de la violencia y miseria fueras de control. Las primeras horas en suelo estadounidense duermen en el suelo.
"En migración, en la perrera, es un lugar feo porque hay niños que no tienen a nadie quien los recoja. Incluso había un bebé de 2 añitos y habían niños y niñas que los separaban de su tía o de su tío, y que iban solos y, a veces, ni el número llevaban porque no les prestaban pluma para apuntar un número de algún familiar que los pudiera reclamar. Habían muchos niños pequeños que los habían separado de sus familiares, muchos niños de 4, 5, 6 años y a los de 16 y 17 años los trataban mal porque somos más grandes, pero ya en la conciencia de ellos queda. Ese lugar es muy feo. A veces aguantas frío, no te dejan dormir. Miré muchos niños pequeños que los habían separado de sus familias, pero es un esfuerzo para llegar hasta aquí. Porque habían unos jóvenes que los tenían 'enchachados' . Y habían muchos muchachos enfermos. A veces nos daban aluminio para arroparnos y de comida nos daban maruchan (sopa instantánea) en el almuerzo, y en el desayuno nos daban avena pura con agua sin azúcar y la...", describe uno de los testimonios.
"Habían niños de 6 a 8 años llorando y pidiendo por sus papás porque tenían frío o les hablaban muy fuerte", señala otro. "Yo estuve en la hielera y vi que castigaban a otros niños, los ponían en la pared hincados y no nos dejaban dormir y a veces nos decían malas palabras", cuenta uno más.
Los reportajes de Univision Noticias sobre los testimonios de menores no acompañados detenidos en la frontera se convirtieron en un libro digital titulado ‘Terror en la Frontera’ publicado en enero de 2020, donde explica en detalle cómo el gobierno de Trump construyó una dura política migratoria que afectó severamente el debido proceso migratorio establecido por el Congreso.
