Jueza federal ordena al gobierno de Trump notificar con 21 días de antelación a algunos venezolanos que planee deportar
Una jueza federal de Colorado ordenó este martes al gobierno del presidente Donald Trump que notifique con 21 días de antelación a los inmigrantes venezolanos detenidos en ese estado a los que planee deportar bajo la ley de Enemigos Extranjeros.
La jueza de distrito Charlotte N. Sweeney citó la orden de la Corte Suprema del fin de semana pasado que prohibía la expulsión de cualquier persona del norte de Texas, donde según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el gobierno de Trump se estaba preparando para deportar a venezolanos sin darles la notificación legal requerida.
Sweeney también mantuvo la congelación de las deportaciones en Colorado hasta el 6 de mayo e indicó que podría prorrogarla.
La jueza se mostró escéptica sobre la legalidad del uso de la ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump para afirmar que la banda venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos.
Los esfuerzos por detener la deportación de inmigrantes venezolanos bajo la ley de Enemigos Extranjeros
A principios de este mes, la Corte Suprema permitió las deportaciones según la ley de Enemigos Extranjeros, pero exigió al gobierno que proporcione a los afectados una oportunidad “razonable” para impugnar las deportaciones en la corte.
La ley solo ha sido invocada tres veces en la historia, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, y la Corte Suprema aún no ha escuchado argumentos sobre si Trump puede usarla contra la pandilla del Tren de Aragua.
Varios jueces federales, entre los que está Sweeney, emitieron órdenes para frenar temporalmente las deportaciones en sus áreas, en respuesta al fallo inicial de la Corte Suprema.
La ACLU pidió al máximo tribunal que detenga las deportaciones de un centro de detención de inmigrantes en el norte de Texas, donde un juez no prohibió las deportaciones, porque dijo que a los inmigrantes venezolanos se les dio aviso en inglés de su proceso de deportación y no se les informó que tenían derecho a impugnarla en la corte. El tribunal prohibió esas expulsiones del país en una inusual orden la mañana del sábado.
El gobierno federal argumentó que era demasiado pronto para que los tribunales actuaran porque no trataba de deportar a los inmigrantes que presentaron la demanda en ese momento, pero Timothy Macdonald, un abogado de la ACLU, argumentó que eso era un “truco” que podría hacer que el gobierno deporte rápidamente a alguien en el momento en que un tribunal decida que no tiene jurisdicción sobre su caso.
Sweeney estuvo de acuerdo, extendió su orden y programó argumentos sobre si debería hacerla permanente.
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