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Al menos 50 de los venezolanos deportados por Trump a El Salvador entraron legalmente a EEUU, según Instituto Cato

Según un informe del Instituto Cato, decenas de los deportados nunca violaron las leyes migratorias, pese a que la Casa Blanca siempre ha asegurado que son personas indocumentadas.
Publicado 21 May 2025 – 07:43 PM EDT | Actualizado 21 May 2025 – 07:43 PM EDT
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Al menos 50 de los inmigrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump a la “megacárcel” de El Salvador entraron legalmente a Estados Unidos, según una investigación publicada esta semana por el Instituto Cato, un centro de estudios de derecha

El informe concluye que estos inmigrantes nunca violaron las leyes migratorias estadounidenses y contradice así la versión de la Casa Blanca, que siempre ha asegurado que los deportados son personas indocumentadas y criminales.

“Estas personas llegaron a EEUU con permiso previo del gobierno estadounidense, fueron examinados antes de su llegada, no violaron ninguna ley migratoria estadounidense y el gobierno los despachó sin el debido proceso y los envió a una prisión extranjera”, se lee en el informe de este centro de pensamiento basado en Washington DC.

Pese a la orden de un juez que lo prohibía, el gobierno de Trump envió en marzo dos aviones con cerca de 240 inmigrantes venezolanos la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y emitir una orden ejecutiva en la que calificaba a la banda venezolana Tren de Aragua de "fuerza invasora".

Los deportados, sin embargo, no han sido acusados formalmente ni mucho menos condenados por ser de esta agrupación.

La conclusión del informe del Instituto Cato se basa en 90 inmigrantes de los que se conoce el modo en el que ingresaron a EEUU.

La cifra de quienes entraron de manera legal podría ser, por lo tanto, mayor a 50, dado que no se han podido analizar el resto de casos debido a la escasa transparencia del gobierno a la hora de publicar información sobre los deportados.

La lista de nombres de los venezolanos deportados, de hecho, fue filtrada inicialmente por el medio CBS News , aunque el gobierno no la ha confirmado ni desmentido.

Por ello, el think tank tuvo que realizar su estudio recopilando información facilitada por los familiares y confirmándola mediante documentos oficiales de entrada a EEUU, declaraciones de testigos y del gobierno.

“Lamentablemente, no se pudo encontrar información en línea sobre un tercio de estos hombres. Quizás nadie en sus familias sabe que están desaparecidos, o quizás tienen demasiado miedo de hablar”, dijo el Instituto Cato.

¿Qué se sabe de los inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador que entraron legalmente a EEUU?

Entre los inmigrantes que ingresaron de manera legal, había un titular de visa temporal y cuatro personas autorizadas a viajar gracias al programa de refugiados de EEUU.

Según el informe de Cato, los cuatro fueron investigados por el gobierno, que concluyó que podían reasentarse en EEUU dado el peligro de persecución que enfrentaban en su propio país.

Los otros 45 inmigrantes ingresaron tras solicitar citas con las autoridades a través de la CBP One, la aplicación móvil que fue lanzada durante el gobierno de Joe Biden para acabar con las entradas ilegales de inmigrantes y que Trump eliminó tan pronto como regresó a la Casa Blanca.

De ellos, 24 obtuvieron un parole para vivir y trabajar legalmente hasta por dos años en EEUU, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada para presentar sus casos.

“El gobierno estadounidense no informó a sus familias, abogados ni a nadie más de su inminente encarcelamiento, a expensas del gobierno estadounidense, en una prisión salvadoreña conocida por la tortura y otros abusos que serían ilegales en EEUU”, destaca el informe.

“Los agentes simplemente los desaparecieron sin acusarlos, juzgarlos ni siquiera reconocerlos, lo cual se considera, con razón, un crimen de lesa humanidad”, agrega.

La Corte Suprema rechazó la semana pasada la apelación del gobierno de Trump con la que quería reanudar las deportaciones expeditas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, hasta que se resuelvan varias demandas en contra de esta práctica en tribunales de menor instancia.

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