Buscan impedir deportación de decenas de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
pese a las restricciones impuestas por la Corte Suprema para su aplicación, según reportes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este viernes a dos jueces federales que bloquearan las deportaciones de varias personas que recibieron notificaciones que les informaban que habían sido clasificados como de la pandilla Tren de Aragua, por lo que serían expulsados de Estados Unidos.
Posteriormente, la ACLU presentó solicitudes de emergencia tanto ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito como ante la propia Corte Suprema federal para pausar las deportaciones.
Según fuentes de ABC News, las autoridades estarían planeando que sea un avión militar el que realice dichas deportaciones.
Esta deportación sería la primera desde que antigua ley del siglo XVIII para realizar deportaciones rápidas. Sin embargo, el tribunal aclaró que las personas afectadas deberán tener "un tiempo razonable" para poder impugnar sus expulsiones.
Sin embargo, los abogados aseguraron que la notificación recibida por sus clientes, escrita solo en inglés, les llegó este mismo viernes.
¿Qué dice la notificación de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros recibida por migrantes venezolanos?
En el aviso, titulado "Notificación y orden de aprehensión y deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", se lee lo siguiente: "Se ha determinado que usted es un enemigo extranjero sujeto a aprehensión, restricción y deportación de EEUU (...). Esto no constituye una deportación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad".
Según la ACLU, la notificación "no indica que se pueda impugnar la designación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", y sin embargo, les informa que "serán expulsados de forma inminente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, incluso esta misma noche".
La solicitud de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración que dijeron que a sus clientes, retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet de Texas, se les dio documentación que indicaba que eran del Tren de Aragua y podrían ser deportados el sábado.
En un caso, la abogada de inmigración Karene Brown dijo que a su cliente se le dijo que firmara papeles en inglés, aunque solo habla español.
"El ICE informó a F.G.M. que estos papeles venían del presidente, y que sería deportado incluso si no los firmaba", escribió Brown.
El abogado de la ACLU , Lee Gelernt , dijo en una audiencia el viernes por la noche ante el juez de distrito James E. Boasberg en Washington D.C., que el gobierno inicialmente trasladó a los venezolanos a su instalación de inmigración en el sur de Texas para su deportación.
Pero, dado que un juez prohibió las deportaciones en esa área, los ha trasladado a la instalación de Bluebonnet, donde no existe tal orden. Dijo que testigos informaron que los hombres estaban siendo subidos a autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.
Michelle Brane, directora ejecutiva del grupo de apoyo a inmigrantes "Together and Free", dijo en una declaración citada por ABC News que uno de los migrantes llamó a su hermana desde el centro de detención de Bluebonnet y le informó que los funcionarios le habían dicho al grupo de venezolanos que serían enviados a El Salvador.
Trump asegura desconocer el caso, pero dice que "si son malas personas, lo autorizaría"
El presidente Trump fue preguntado este viernes por las informaciones relacionadas con estas deportaciones, pero aseguró desconocer el caso. "
Si son malas personas, sin duda lo autorizaría", aseguró. "Por eso me eligieron. No eligieron a un juez", agregó.
"No vamos a revelar los detalles de las operaciones antiterroristas, pero estamos cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema", afirmó horas antes en un comunicado la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.
En su resolución sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la Corte Suprema no especificó con cuánta antelación a su deportación se debía notificar a los sujetos de expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros para que tuvieran suficiente tiempo para impugnar, si fuera el caso.
Algunos abogados pidieron estos días que el plazo sea de al menos 30 días, aunque el gobierno no ha hecho público cuánto tiempo contempla dar de plazo a los migrantes para que puedan presentar recursos legales.
Mientras se conocían detalles de los planes de la deportación de este grupo de venezolanos desde Texas, un juez federal impidió temporalmente este viernes que el gobierno de Trump deporte a países distintos del suyo a personas que han agotado los recursos legales o llegado al final del debido proceso sin que se les permita argumentar miedo creíble y cómo la expulsión a otra nación pondría en peligro su seguridad.
El juez federal de distrito Brian E. Murphy, de Boston, Massachusetts, fallo que las personas con órdenes de deportación deben tener "una oportunidad significativa" para argumentar que ser enviadas a un tercer país presenta un peligro que se considera digno de protección.
La Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros
El 15 de marzo, Trump firmó una proclamación que ordenaba la deportación de individuos que, según el gobierno, eran del Tren de Aragua, la pandilla venezolana que había sido designada por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera el 6 de febrero, basado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Inmediatamente, las autoridades de inmigración comenzaron a llenar aviones con extranjeros para trasladarlos a la conocida "megacárcel" en El Salvador, donde fueron detenidos sin haber sido enjuiciados y ni siquiera acusado de ningún crimen.
Algunos de los señalados por el gobierno de ser pandilleros que aún no habían sido deportados presentaron una demanda ante un tribunal federal para detener su expulsión. El juez federal de distrito James Boasberg, en Washington DC, ordenó parar temporalmente las expulsiones e instruyó al gobierno que devolviera los aviones que ya estaban en ruta a El Salvador, lo cual no ocurrió.
En una ajustada votación de 5-4, la Corte Suprema dio luz verde el 7 de abril al uso de esta ley. Sin embargo, no decidió explícitamente sobre la validez de la invocación por el gobierno de Trump de esta polémica norma, que solo se había utilizado tres veces en la historia de EEUU y siempre durante una guerra declarada por el Congreso.
El máximo tribunal sí se pronunció específicamente sobre varias restricciones a la hora de aplicar esta ley. “El punto clave de este fallo es que la Corte Suprema determinó que las personas deben tener al debido proceso para impugnar su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta es una victoria importante”, declaró entonces el subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal de la organización, Lee Gelernt.
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