¿Estamos rumbo a una crisis constitucional?
Donald Trump regresó a la Casa Blanca con las claras intenciones de acabar el trabajo que no pudo completar al perder la reelección ante Joe Biden en 2020, y lo ha hecho tomando una serie de polémicas decisiones que a varios analistas les parece que pone al país rumbo a una crisis constitucional.
En el mes que Trump lleva en el poder, ha firmado una avalancha de órdenes ejecutivas que tocan las bases de la Constitución (como el fin de la ciudadanía por nacimiento) o que ignoran muchas leyes y hasta el poder del Congreso (como desmontar USAID y otras agencias gubernamentales).
Mientras el Congreso, que debería ser el principal poder en actuar de contra balance en reaccionar a los excesos del Ejecutivo, luce inactivo, varios de esos decretos han sido desafiados en cortes y los demandantes han obtenido protecciones temporales mientras se decide el fondo del asunto.
Pero luego de que este lunes un juez federal de Rhode Island aseguró que la Casa Blanca está desobedeciendo su orden de liberar los miles de millones de dólares para programas federales que emitió la semana pasada, muchos han sonado las alarmas por la posibilidad de que el país esté rumbo a un choque de poderes.
Incluso, algunos analistas, como Paul Krugman, aseguran que "lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento es un intento de autogolpe", como tituló (en español) recientemete un artículo en su columna de Substack.
¿Qué es una crisis constitucional?
Sin llegar a los extremos de la advertencia de Krugman, hay un gran debate acerca de qué es una crisis constitucional y si estamos en medio de una. Para algunos expertos, la sola andanada de acciones ejecutivas (unas 75 hasta la primera semana de febrero) que desafían la Constitución y las leyes han puesto al país ya en una crisis de ese tipo.
El que algunos altos funcionarios de Trump estén cuestionando abiertamente la autoridad del Poder Judicial para controlar al Poder Ejecutivo, que es un pilar de la democracia estadounidense basada en la separación de poderes, puede ser un presagio de cómo reaccionará la Casa Blanca a los bloqueos judiciales a los designios presidenciales.
Por ejemplo, el “asesor especial presidencial” que dirige el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, o el vicepresidente JD Vance han criticado la decisión de un juez federal que impide que el equipo de Musk acceda a los registros del Departamento del Tesoro y han atacado la legitimidad de la supervisión judicial.
Musk dijo que ese juez debería ser sometido a juicio político y compartió en su cuenta de X la publicación de un que sugería a la istración Trump ignorar la orden judicial.
Los demócratas advierten sobre los esfuerzos de Musk y Trump, incluido desconocer el gasto que ya ha sido aprobado por el Congreso. Según la Constitución, el Congreso es el organismo encargado del gasto y sus órdenes son leyes que el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo.
"Creo que esta es la crisis constitucional más grave que ha enfrentado el país, sin duda, desde Watergate", dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, haciendo referencia al caso del encubrimiento de espionaje político que organizó la Casa Blanca de Richard Nixon y que forzó su renuncia en 1973.
¿Y si Trump decide ignorar los fallos de las cortes?
En aquel episodio se temió por un choque de poderes cuando Nixon intentó esquivar la orden unánime de la Corte Suprema de presentar grabaciones hechas en la Oficina Oval a la fiscalía especial que realizaba la investigación, aunque finalmente acató el fallo y pocas semanas después dejaba la presidencia antes de que el Congreso lo sometiera a juicio político en el que no iba a contar con el respaldo de su Partido Republicano.
Pero la pregunta ahora es qué pasaría si la istración Trump decide ignorar los fallos en su contra, ¿cómo puede el Poder Judicial garantizar su cumplimiento?
La respuesta depende de lo que el ejecutivo quiera hacer, porque más allá de emitir fallos y eventualmente, multas, no dispone de una fuerza para hacer cumplir sus decisiones. En los casos de cortes menores pueden recurrir a la policía o al sheriff local para imponer la ley y encarcelar al infractor, si fuera necesario. Pero eso no puede aplicarse de la misma manera cuando el acusado es el jefe de un departamento o la presidencia.
“Como está demostrando Trump, desmantelar una agencia federal es fácil y se puede hacer con bastante rapidez, incluso cuando esa agencia es creada por ley del Congreso. Embargar fondos es fácil y también se puede hacer rápidamente. Lo mismo ocurre con el despido de un montón de funcionarios públicos y de personas con protecciones legales contra la destitución. Sin embargo, litigar la legalidad de tales acciones lleva meses, a veces años”, escribe en Lawfare Benjamin Wites, de Estudios de Gobernabilidad del Brookings Institution.
Waites advierte que si la istración pierde todos esos casos el daño ya está hecho y “USAID sigue destrozada. Las personas despedidas ilegalmente habrán conseguido nuevos empleos hace mucho tiempo. Las organizaciones que dependen de los fondos embargados habrán dejado de funcionar hace mucho tiempo”.
La noche del martes, en una improvisada rueda de prensa en el Salón Oval junto a Elon Musk, el presidente Trump expresó su insatisfacción con los bloqueos judiciales a sus iniciativas, pero, salvo cuestionar la supuesta "politización" de un magistrado en particular a quien no nombró, dejó entender que responderán presentando apelaciones.
Ese largo proceso legal puede terminar en la Corte Suprema de Justicia, donde Trump podría encontrar una visión favorable a su enfoque de un poder presidencial con menos limitaciones, algo que ya han respaldado en el pasado, como se demostró con la decisión que dio amplia inmunidad de los presidentes por acciones tomadas en el ejercicio del cargo.
Mientras tanto, el 'pacto de caballeros' con el que ha funcionado el sistema político estadounidense está siendo demolido por la dinámica que impone Trump. Desde respetar las leyes, los límites de cada poder público y hasta las tradiciones no codificadas, todo está siendo desafiado por esta nueva Casa Blanca empeñada en reformular el funcionamiento del gobierno federal.
Es un viejo anhelo de muchos conservadores plasmado en el Proyecto 2025, la hoja de ruta para un eventual gobierno conservador del que Trump se distanció en campaña, pero que, una vez asegurado el triunfo, ha abrazado contratando muchos de sus creadores para su equipo de gobierno.
