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El efecto no deseado que provocará el impuesto a las remesas que propone Trump

Los republicanos en el Congreso avanzan en un proyecto de Ley que impondría un impuesto especial a las remesas enviadas desde EEUU por inmigrantes, lo que afectaría las finanzas de sus familias en países de origen como México, El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros. Expertos advierten que esta norma podría incitar el envío de dinero por canales informales, y subrayan que debe tenerse en cuenta que las remesas son dinero privado de los remitentes, y no riquezas o fondos extraídos de Estados Unidos.
Publicado 16 May 2025 – 08:28 AM EDT | Actualizado 16 May 2025 – 08:29 AM EDT
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Una iniciativa de ley que los republicanos en la Cámara de Representantes incluyeron en el proyecto llamado "Gran Ley única y hermosa", del presidente Donald Trump, propone gravar con un impuesto de 5% las remesas enviadas por inmigrantes en Estados Unidos.

La propuesta apenas ha sido esbozada en un párrafo de unas cuantas líneas, pero sugiere la intención de pechar a los inmigrantes que envíen dinero, incluso a aquellos con un estatus legal.

Esta idea de impuesto viene siendo considerada desde noviembre de 2024. A los pocos días de la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre el ahora secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "he estado trabajando en un plan de 'deportación financiera' que podría restringir el flujo de fondos en términos de remesas"

El impacto financiero para los receptores de remesas puede ser muy duro, puesto que para "países como El Salvador, Guatemala y Honduras, estas transferencias representan un pilar fundamental del bienestar económico de los países y comunidades de origen", asegura el Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés).

"Aunque las remesas varían según la nacionalidad, el sexo y los años de permanencia en el exterior de las personas, los montos enviados oscilan entre 131 y 648 dólares mensuales, y representan entre 6% y el 23% de los ingresos de las personas migrantes. Más de la mitad de las personas migrantes indica enviar dinero a la madre y una de cada tres al padre", calculó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a finales de 2024.

Según el ente, el año pasado las remesas hacia los países de América Latina y el Caribe marcarían un récord, llegando a 161,000 millones de dólares, 5% más que en 2023. A la cabeza destaca México, con 65,000 millones de dólares, mientras que en los países de Centroamérica las remesas crecerían 6.6%, llegando a 45,700 millones de dólares.

Sin embargo, para Guatemala las remesas representan 20% del PIB, para Honduras casi 26% de su PIB, y para México, pese al monto más alto, solo equivale a 4% de su PIB, lo que pone en valor relativo la importancia del dinero de las transferencias para las economías de los distintos países de origen de los inmigrantes de EEUU.

"Las remesas son un salvavidas utilizado principalmente para cubrir costos de subsistencia y los gastos inmediatos", declaró a Univision Michelle Mittelstadt, directora de Medios y Asuntos Públicos del MPI.

Afirmó que los envíos de dinero "representan un medio importante de apoyo para muchas personas en los principales países emisores de migrantes y se ha demostrado que mejoran la nutrición, la educación y otros indicadores a nivel de los hogares, mientras que tienen efectos de desarrollo más limitados a nivel nacional o comunitario".

Dinero privado, no de contribuyentes

Un impuesto que grave las remesas de inmigrantes puede provocar un aumento de la informalidad, afirma Mittelstadt. "Sin duda incitaría a algunas personas a enviar sus transferencias de dinero por canales informales. Y también podría reducir el envío de remesas, lo que podría perjudicar la reducción de la pobreza en comunidades con un historial de emigración", explica.

Otros aspectos para considerar son la naturaleza privada de los fondos y el hecho de que los inmigrantes indocumentados ya pagan impuestos por la actividad productiva que desempeñen, por lo que estarían pagando dobles tributos.

"Es importante tener en cuenta que las remesas representan dinero personal enviado por individuos, no fondos de los contribuyentes estadounidenses. Se ha dicho que representan dinero retirado de Estados Unidos, pero se trata de decisiones de residentes estadounidenses, tanto inmigrantes como nacidos en el país, de enviar parte de sus propios recursos a familiares o seres queridos" subraya la vocera del Migration Policy Institute, con sede en Washington DC.

La tasa de 5% sobre la remesa deberá ser pagada por el remitente, excepto si son ciudadanos o nacionales estadounidenses verificados por los proveedores de transferencias de remesas. Se prevén créditos fiscales reembolsables para cualquier impuesto especial que deban pagar los contribuyentes con números válidos de Seguridad Social.

Rechazo desde México

Desde México ya han surgido rechazos y reacciones a la idea de este impuesto a las remesas. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que "no estamos de acuerdo. Es incluso, en Estados Unidos, inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos".

Sheinbaum también está solicitando al Senado que envíen a una delegación con el mismo objetivo ya que todos los partidos políticos han mostrado su rechazo a la iniciativa estadounidense.

“Nuestro objetivo es que... no pasen los impuestos a las remesas”, pero si llega a aprobarse la iniciativa “nos vamos a movilizar”, agregó la mandataria.

El BudgetLab de la Universidad de Yale estima que "los inmigrantes no autorizados pagaron 66,000 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta y la nómina en 2023, de los que aproximadamente dos tercios (unos 44,000 millones) correspondieron a impuestos sobre la nómina".

El Migration Policy Institute estima que en Estados Unidos viven cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Y datos del MPI y del American Immigration Council muestran que casi 90% de esos 11 millones está en edad de trabajo.

Además, cifras del Institute on Taxation and Economic Policy reflejaron que los indocumentados representan el 4.7% de la fuerza laboral de Estados Unidos pese a que equivalen al 3.4% de la población total del país.

Para el senador Jorge Carlos Ramírez, esta propuesta de nuevo impuesto "constituye un acto de discriminación sin precedente en la historia norteamericana, sin precedente en un país construido precisamente por las migraciones".

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