Lo que debes saber sobre el nuevo plan del gobierno de EEUU para proteger derechos laborales de inmigrantes indocumentados
Los principales sindicatos laborales aplaudieron el viernes el anuncio del gobierno de incrementar las investigaciones para proteger los derechos de los trabajadores no ciudadanos (indocumentados) que son víctimas o testigos de violación de los derechos laborales.
La iniciativa, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluye el a las víctimas a un proceso “simplificado y acelerado para solicitar acción diferida” de deportación y una autorización de empleo.
“Los trabajadores dependen unos de otros para tomar medidas para ayudar a hacer cumplir nuestras leyes laborales, por lo que todos estamos en riesgo cuando los empleadores pueden usar amenazas de inmigración para asustar a los trabajadores y hacerlos callar”, dijo, Liz Shuler, presidenta de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales -AFL-CIO-).
La dirigente dijo además que el plan puesto en marcha por el DHS “proporcionará protecciones temporales de estatus y permisos de trabajo a los trabajadores que ejercen sus derechos en el lugar de trabajo y denuncian infracciones. Eso ayuda a mantenernos a todos seguros”.
El anuncio
EL DHS anunció el viernes que los extranjeros (el gobierno de Biden los llama no ciudadanos) que son víctimas o testigos de violación de los derechos laborales “ahora pueden acceder a un proceso simplificado y acelerado para solicitar acción diferida de deportación”.
Este beneficio, una discrecionalidad del ejecutivo autorizada por el Congreso, protege a los trabajadores inmigrantes indocumentados “de las amenazas de represalias relacionadas con la inmigración por parte de los empleadores explotadores”, agregó el ministerio.
El anuncio señala que, con efecto inmediato, “este proceso mejorará la práctica de DHS establecida desde hace mucho tiempo de usar su autoridad discrecional para considerar las solicitudes de acción diferida relacionadas con el empleo y las agencias de empleo caso por caso”.
La acción diferida de deportación se utiliza en programas para beneficiar a extranjeros indocumentados que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, y el gobierno considera que sus deportaciones causarían graves daños a ellos y sus familias.
Un grupo importante de indocumentados beneficiado con acción diferida en 2021, durante el gobierno de Barack Obama, son los dreamers, jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se hallaban en el país desde el 15 de junio de 2007.
En la actualidad se encuentran protegidos de deportación poco más de 600,000 dreamers.
Cómo se pide el amparo
El DHS explica que los trabajadores víctimas de abusos y amenazas por parte de sus empleadores podrán visitar la página digital del DHS.gov para obtener información adicional en inglés y español respecto al programa, y presentar solicitudes de amparo de deportación.
“Estas mejoras promueven el compromiso del gobierno de empoderar a los trabajadores y mejorar las condiciones del lugar de trabajo, al permitir que todos los trabajadores, incluidos los no ciudadanos, hagan valer sus derechos legales”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.
El funcionario agregó que “los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores no ciudadanos hacen daño y perjudican a las empresas que cumplen con las reglas”.
El gobierno, asegura el plan, hará responsable de estos abusos a quienes violen la ley y protegerá los derechos de los trabajadores migrantes, al tiempo que pide que denuncien “las violaciones que han sufrido u observado y cooperar en las investigaciones de normas laborales”.
Mejorar las leyes
La AFL-CIO precisó que los sindicatos del país “luchan incansablemente para promulgar leyes firmes que promuevan la seguridad y la equidad en el trabajo, pero esas leyes solo ayudan a las personas si se hacen cumplir”.
Indicó además que “la financiación insuficiente de nuestras agencias laborales combinada con nuestro injusto sistema de inmigración ha creado un entorno en el que los empleadores violan los derechos de los trabajadores con impunidad”.
Debido a este escenario complejo que pone en desventaja a millones de trabajadores indocumentados, la organización sindical dijo que “aplaudimos al DHS por dar este paso tan necesario para apoyar la aplicación efectiva de las leyes laborales, y trabajaremos para garantizar que estas importantes nuevas protecciones ayuden a la mayor cantidad posible de trabajadores a obtener justicia”.
Por su parte, el Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU), una de las principales agrupaciones sindicales de trabajadores hispanos y otras minorías, “agradeció” el anuncio hecho el viernes por el secretario Mayorkas.
“SEIU es el sindicato de inmigrantes más grande del país, ya que muchos de nuestros casi 2 millones de son inmigrantes que trabajan como conserjes, trabajadores de hospitales y cuidado en casa, oficiales de seguridad y en otros roles esenciales en la economía de servicios y cuidados”, dijo Mary Kay Henry, presidenta de la organización.
“Al proteger a los trabajadores de las represalias relacionadas con la inmigración, el anuncio beneficia a todos nuestros y a todos los trabajadores que luchan por mejores condiciones de trabajo, salarios y el derecho a unirse en sindicatos”, apuntó.
No tengan miedo
Teniendo en cuenta que una denuncia puede comprometer la permanencia de un trabajador indocumentado en el país, el DHS dijo que los trabajadores víctimas de abusos no deben temer en hacer efectiva una denuncia.
“Los trabajadores a menudo tienen miedo de denunciar violaciones de ley por parte de empleadores explotadores o de cooperar en investigaciones de empleo y normas laborales porque temen la remoción u otras represalias relacionadas con la inmigración por parte de un empleador abusivo”, se lee en una nota de prensa.
El gobierno indicó que las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes laborales y de empleo “dependen de la cooperación de estos trabajadores en sus investigaciones”. Y que abstenerse de denunciar violaciones por temor a represalias basadas en la inmigración “crea condiciones injustas en el mercado laboral y perpetúa la comisión de actos ilegales e inhumanos por parte de los empleadores, incluida la falta de pago de salarios, la imposición de condiciones de trabajo inseguras y la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente para mejorar dichas condiciones”.
EL ministerio a cargo del programa dijo que la práctica de ofrecer protección discrecional caso por caso a las víctimas no ciudadanas “facilita la capacidad de las agencias laborales y de empleo para investigar más a fondo las violaciones en el lugar de trabajo, al apoyar a las agencias en el cumplimiento de su misión y responsabilizar a los empleadores abusivos”.
