¿Es legal el programa CBP One en la frontera? Grupo conservador cuestiona la estrategia migratoria de Biden
El grupo conservador Center for Immigration Studies (CIS) advirtió este martes que la aplicación CBP One está permitiendo la entrada a Estados Unidos a extranjeros que no cumplen con los requisitos de asilo.
Según informes del Departamento de Seguridad nacional (DHS), “a más del 99% de los migrantes (que se presentan con una autorización emitida por la CBP One ante un puerto fronterizo) se les permite ingresar a Estados Unidos, a pesar del hecho de que ninguno de ellos tiene derecho a estar aquí”, afirma el informe publicado por CIS titulado ¿Qué está haciendo Biden con los migrantes en los puertos de entrada?
La aplicación reunificación humanitaria que incluye a los cuatro países con mayor cantidad de peticiones de asilo en la frontera con México (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), quienes para ingresar a Estados Unidos deben contar con un patrocinador y solo pueden hacerlo vía aérea con un pasaporte válido.
El resto de los extranjeros, incluyendo quienes no tengan patrocinador o una visa, deben acceder a la aplicación CBP One, buscar un programa de isión legal vigente, cumplir con los requisitos y obtener autorización para presentarse en un puerto de entrada en una fecha y hora determinada.
Venezuela participa en el programa de reunificación desde mediados de octubre del año pasado.
Razones del CBP One bajo la lupa
La aplicación móvil CBP One permite programar una cita para presentarse en la frontera y ser inspeccionado por parte de un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) e iniciar un reclamo de protección de asilo en Estados Unidos. El objetivo del gobierno es ordenar la llegada y programar citas de acuerdo con su capacidad de respuesta, presionada por el alto número de extranjeros que han huido de sus países y buscan protección o una mejor vida en Estados Unidos
Si bien la estrategia los dos primeros meses (enero y febrero) redujo entre un 15% y un 25% los cruces indocumentados, el CIS advierte que, antes del programa “los extranjeros que cruzaban ilegalmente la frontera entre puertos de entrada sin solicitar asilo en otro lugar en su camino hacia acá, están sujetos a una ‘presunción refutable’ de que no son elegibles para el asilo y deben ser expulsados (aunque la evidencia sugiere que este último no está pasando)”.
Por el contrario, agrega, ahora los extranjeros “aprovechan” el denominado “camino legal, seguro y ordenado a Estados Unidos” al solicitar una entrevista a través de la aplicación CBP One en un puerto de entrada, donde son procesados bajo el asilo normal”.
“Esa es una diferencia importante”, resalta el informe, “porque pocos de los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país son elegibles para el asilo. En el primer trimestre del año fiscal 2023 se concedieron menos del 14% de las solicitudes de asilo que se originaron en un reclamo fronterizo de ‘miedo creíble’. En más de un tercio (33,66%) de esos casos, no presentaron ninguna solicitud de asilo”.
Los conservadores estiman que los extranjeros autorizados para ingresar a Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos de asilo legalmente no tienen una “isión” por parte de la CBP, por lo tanto, se trata de extranjeros “ilegales”. Pero abogados consultados por Univision Noticias reiteran que se trata de extranjeros que fueron permitidos ingresar bajo el debido proceso migratorio y esperan la resolución de sus casos de asilo. Por tanto, su permanencia no puede ser clasificada como ilegal, sino “permitida” temporalmente.
CIS cuestiona reclamos de asilo
Según el CIS, “el asilo no es lo que busca la mayoría” de los inmigrantes que llegan a la frontera o se presentan con una notificación emitida por la aplicación CBP One”. Y asegura que, “en cambio, es la oportunidad de vivir y trabajar en Estados Unidos indefinidamente mientras se resuelven sus casos de asilo”.
El reporte presenta como argumento para tal aseveración un artículo publicado por el diario The New York Times a principios de mayo, donde se señala que “el tiempo promedio” que se tarda la Corte de Inmigración en cerrar un caso de asilo “es de unos cuatro años”. Y que algunos jueces reconocen que “tienen casos pendientes desde hace más de una década”.
Seguidamente, CIS indica que, si se les niega el asilo, “la mayoría de esos inmigrantes simplemente desaparecerán en el sistema uniéndose a los otros 11 millones más (y aumentando) de inmigrantes ilegales en Estados Unidos”.
Lo que no detalla el estudio es el argumento reiterado por la istración Biden, de que el sistema migratorio se encuentra roto, que la capacidad de respuesta del gobierno es baja en comparación con el número de casos de asilo, que la Corte de Inmigración (EOIR) tiene acumulados más de 2.2 millones de casos y que, lo más importante, el debido proceso migratorio estipula que son los jueces de inmigración y no los agentes federales de inmigración, en última instancia, quienes deciden el futuro de los peticionarios de asilo en Estados Unidos.
El CIS, sobre la base de su interpretación de estadísticas y no haciendo hincapié en la urgencia de que el Congreso mejore y/o modernice el sistema, asegura que, la situación actual en la frontera da a los migrantes el incentivo para cruzar el primer obstáculo, que el DHS está llevando a cabo, y que el esquema de entrevistas del puerto de entrada a través de la aplicación CBP One “permite que la liberación de extranjeros” (bajo el Programa Alternativo de Detención -ATD-) sea aún más probable que simplemente ingresar ilegalmente a al país.
“Puede que busquen entrar en un portal (aplicación) oficial (como CBP One), pero no cumplen ninguno de los requisitos para que se les permita pasar por ese portal”, afirma el reporte.
El último reporte del CBP sobre la frontera
La Patrulla Fronteriza detuvo 211,401 indocumentados en la frontera sur en abril, el último mes previo al levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia contenidas en el Título 42 y cuarto tras la implementación de la nueva estrategia de asilo bajo la aplicación CBP One.
La cifra representa un incremento del 10% en comparación con los hallazgos registrados en marzo, cuando fueron detenidos 191,956 indocumentados, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado.
Entre los 211,4901 hallazgos se incluyen 11,478 encuentros con menores (niños) no acompañados (equivalente a un 7% del total) y 45,891 unidades familiares (28%).
En cuanto a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (incluidos los de la familia inmediata cuando corresponda) que recibieron la libertad condicional para ingresar al país, la CBP dijo que fueron 28,738 durante abril, todos ellos por medio de un patrocinador autorizado.
La agencia federal asegura que “las llegadas de no ciudadanos a través de estos procesos, que incluyen una investigación cuidadosa y requieren un patrocinador presente en Estados Unidos, son un testimonio del beneficio de estos procesos legales para promover una migración segura y ordenada mientras se reducen los encuentros a lo largo de la frontera suroeste”.
La CBP dijo además que, desde el 12 de enero, cuando se activó el programa, hasta finales de abril, “más de 79,000 personas programaron una cita a través de la aplicación móvil CBP One”. Y que las principales nacionalidades son mexicana, venezolana y haitiana.
El gobierno reitera que la estrategia implementada en enero está dirigida a respetar el debido proceso y encaminado a que sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de quienes piden asilo. Y advierte que quien no tenga una razón legal para permanecer en Estados Unidos “será deportado de manera expedita” e incluso ser castigado con penas de hasta cinco años fuera del país o cárcel para quienes retornan si permiso después de una deportación.
Sin el apoyo del Congreso nada cambiará
La postura conservadora basa sus argumentos en la necesidad de aumentar la seguridad fronteriza dejando casi intacto un sistema migratorio obsoleto y para lograrlo presiona al gobierno para que estreche las vías de inmigración legal, como el asilo, por razones de seguridad nacional.
El gobierno, por su parte, insiste en que la única manera de solucionar el problema de la inmigración ilegal en la frontera, junto con el tema de la seguridad, pasa por la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso que, además, incluya un camino de legalización para los cerca de 12 millones de indocumentados que viven en el país, un debate que lleva más de dos décadas estancado en ambas cámaras del Legislativo.
En febrero, un mes después del anuncio de la expansión del CBP One, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) envió una carta al Subcomité de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde mostró su alarma por la crítica situación migratoria que se vive en la frontera con México, sumado a los gigantescos atascos en la Corte de inmigración (EOIR) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, con más de 9 millones de casos), más los retrasos causados por el cierre de fronteras o dependencias debido a la pandemia del covid-19 entre 2020 y 2022.
Los más de 16,000 , entre ellos cientos de profesores universitarios, solicitaron la convocatoria de una audiencia “para abordar la frontera sur”, al tiempo que instaron al Congreso y al gobierno a tomar medidas inmediatas, no sólo con el propósito de revisar la situación y garantizar un proceso de asilo humano y ordenado para quienes llegan en busca de protección, “sino para mejorar la totalidad del sistema”.
“Cuando la migración se gestiona con eficacia, los inmigrantes pueden desempeñar un papel fundamental en el avance de la prosperidad de la nación”, se lee en la misiva. Y agrega que el país se ha “beneficiado directamente de la inmigración” durante la recuperación en curso debido a la pandemia del coronavirus y la recesión, “cuando los inmigrantes han servido en roles clave tales como profesionales médicos y otros trabajadores de primera línea en industrias esenciales (de la cadena alimenticia)”.
La solución planteada por AILA
“Para abordar directamente los patrones cambiantes de migración en la frontera sur, AILA recomienda la implementación de una amplia gama de acciones”, indica la carta. Entre ellas cita un reciente informe elaborado por la entidad que incluye estrategias para gestionar la migración y, al mismo tiempo, “mantener las protecciones establecidas en el derecho de asilo y humanitario de Estados Unidos”.
El documento agrega que el gobierno debe “modernizar” el procesamiento de extranjeros en la frontera mediante el uso de un "enfoque que implique a todo el gobierno", y de esa manera aprovechar la capacidad de múltiples agencias para aliviar la presión en la frontera sur.
Señala además que el gobierno debería crear una Oficina de Protección de Migrantes encargada de “coordinar el trabajo entre las distintas agencias relacionadas con la inmigración”. Y precisa que el Ejecutivo “debe establecer políticas uniformes para compartir información entre las distintas agencias que operan en la frontera”.
AILA, además, sugiere un mejor acercamiento entre las dependencias que operan en la frontera “identificando y procesando a los migrantes” y las unidades u oficinas que operan en el interior, “como los tribunales de inmigración”, que a la fecha tienen más de 2 millones de casos acumulados y en promedio la resolución de los casos promedia casi 4 años.
“Se necesitan mayores inversiones para mejorar la infraestructura, incluida la contratación de nuevos agentes de aduanas y protección fronteriza (CBP) en los puertos de entrada para inspeccionar vehículos y peatones, así como más oficiales (agentes) de asilo de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para entrevistar personas que llegan en busca de asilo y temen ser perseguidas si son regresadas regresan a sus países de origen”, añaden las recomendaciones.
Pero para lograr esto, advierte AILA, “el Congreso debe hacer las inversiones necesarias en el sistema mediante la financiación adecuada de USCIS, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) y el Departamento de Estado (DOS), instancias que participan en el proceso y que revisan miles de solicitudes de visas y otros casos de inmigración anualmente”.
“Estas dependencias y/o agencias requieren apoyo urgente para reducir el grave atasco en el sistema, y atender y acelerar los tiempos de procesamiento que retrasan casi todo tipo de solicitud de inmigración por meses, incluso años”, escribieron.
