6 claves del fallo judicial que prohíbe al gobierno de Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a inmigrantes
Un juez federal en Texas prohibió este jueves al gobierno de Estados Unidos deportar inmigrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII y dijo que su invocación por parte del presidente es “ilegal”.
Se trata de la última (por ahora) decisión judicial en torno a una de las iniciativas más polémicas de Donald Trump, desde que en marzo se acogió a la un juez federal había prohibido su expulsión.
Esto desencadenó una ola de litigios en los tribunales mientras el gobierno intentó continuar con más expulsiones. La más mediática fue la de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por un error de ICE pese a contar con una protección judicial para no ser enviado de regreso a El Salvador ante posibles represalias de las pandillas.
Pero ¿qué cambia en este caso con la orden judicial emitida este jueves y qué puede pasar ahora?
1. ¿Qué dijo el juez Fernando Rodríguez Jr sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones?
El juez federal Fernando Rodríguez Jr, quien fue nominado por Trump para el cargo en su anterior mandato, le prohibió al gobierno deportar a cualquier venezolano del sur de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y aseguró que su invocación de la ley por parte de Trump es "ilegal" .
“Ni la Corte ni las partes cuestionan que el Poder Ejecutivo puede dirigir la detención y expulsión de extranjeros que participen en actividades delictivas en EEUU”, escribió Rodríguez, quien fue nominado por Trump en 2018 .
Sin embargo, señaló que "la invocación de la ley por parte del presidente a través de su proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado claro y ordinario de los términos” del mismo.
En marzo, Trump emitió una proclamación afirmando que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo EEUU. Alegó que tenía poderes especiales para deportar a inmigrantes, identificados por su gobierno como de pandillas pese a no haber sido juzgados ni acusados formalmente, sin los procedimientos judiciales habituales.
"La Corte concluye que la invocación de la ley por parte del presidente a través de la proclamación excede el alcance del estatuto y, como resultado, es ilegal", escribió Rodríguez.
2. ¿En qué se basó el juez para argumentar que es “ilegal” el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump en este caso?
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces antes en la historia de EEUU. La más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se citó para internar a japoneses-estadounidenses.
"El Congreso nunca tuvo la intención de que esta ley se usara de esta manera", declaró Lee Gelernt, el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que argumentó el caso, en respuesta al fallo.
El juez Rodríguez estuvo de acuerdo, señalando que la disposición solo se ha utilizado durante las dos Guerras Mundiales y la Guerra de 1812.
Trump afirmó en su momento que el Tren de Aragua actuaba bajo las órdenes del gobierno venezolano, pero Rodríguez concluyó que las actividades denunciadas por el gobierno no equivalían a una invasión o "incursión depredadora", como requiere el estatuto.
“La Proclamación no hace referencia ni sugiere de ninguna manera que exista una amenaza de un grupo organizado y armado de individuos entrando a EEUU bajo la dirección de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación”, escribió Rodríguez.
“Por lo tanto, el lenguaje de la Proclamación no puede interpretarse como una descripción de conductas que caen dentro del significado de ‘invasión’ a los efectos de la Ley”.
3. ¿Por qué es importante esta decisión del juez?
Rodríguez Jr es el primer juez en dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede ser utilizada contra personas que el gobierno republicano afirma son de pandillas invasoras.
Su fallo es significativo porque es la primera orden judicial permanente formal contra del uso de la ley por parte del Ejecutivo y sostiene que el presidente está haciendo un uso indebido de ese instrumento legal.
4. ¿Qué reacciones hubo a este fallo judicial?
La Casa Blanca no reaccionó de inmediato a la decisión del juez.
Por su parte, el líder del Caucus Hispano en el Congreso estadounidense, el representante demócrata por Nueva York Adriano Espaillat, dijo en un comunicado que el juez dejó en claro “lo que ya todos sabíamos: que el gobierno Trump usó la Ley de Enemigos Extranjeros ilegalmente para deportar a personas sin el debido proceso”.
5. ¿Qué puede pasar ahora?
Si el gobierno federal apela, iría primero al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito con sede en Nueva Orleans.
Ese es uno de los tribunales de apelaciones más conservadores del país y también ha fallado en contra de lo que consideró un exceso en asuntos de inmigración por parte de los gobiernos de Obama y Biden. En ambos casos, las istraciones demócratas habían buscado facilitar que los inmigrantes permanecieran en el país.
Así, el gobierno de Trump podría recurrir a las cortes de apelación, incluida la Corte Suprema, en forma de una moción de emergencia para una suspensión pendiente de la apelación.
La Corte Suprema ya ha intervenido una vez en el tema de las deportaciones bajo esta controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. Los jueces sostuvieron que a los migrantes acusados de ser de pandillas se les debe dar un “tiempo razonable” para impugnar su expulsión del país. La corte no ha especificado la duración del tiempo.
Es posible que la parte perdedora en el 5º Circuito presente una apelación de emergencia ante los jueces, a quienes pediría también que interrumpan la acción de tribunales inferiores a favor de un fallo definitivo de la corte más alta del país. Este proceso podría durar meses, cuanto menos.
6. ¿Qué otros posicionamientos judiciales ha habido en torno a este caso?
El caso de Texas es solo una pieza de un enredo de litigios provocados por la proclamación de Trump al respecto.
La ACLU presentó inicialmente una demanda en Washington DC para bloquear las deportaciones. El juez James Boasberg emitió una suspensión temporal de las expulsiones y ordenó al gobierno regresar los aviones que habían salido con detenidos rumbo a El Salvador, lo que fue ignorado por el Ejecutivo.
Después de que la Corte Suprema se posicionara, los jueces intervinieron nuevamente a finales del mes pasado con una inusual orden pasada la medianoche en la que exigían detener las deportaciones desde el norte de Texas, donde la ACLU sostenía que el gobierno preparaba otra ronda de vuelos a El Salvador.
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