EEUU impone sanciones a 16 funcionarios del gobierno de Maduro señalados por fraude electoral y la represión en Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) asignada al Departamento del Tesoro anunció este jueves sanciones contra 16 funcionarios ligados al gobierno de Nicolás Maduro, que según indica, obstruyeron el proceso electoral en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos de sus ciudadanos.
"Las personas sancionadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 enmendada, incluye del Consejo Nacional Electoral (CNE) alineado con Maduro y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".
De acuerdo con el comunicado, toda las propiedades e intereses que los sancionados posean en Estados Unidos o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y reportados a la OFAC. También se imponen restricciones de visado.
Los sancionados "impidieron un proceso electoral transparente"
El comunicado del Departamento del Tesoro indica que los sancionados "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos".
"Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a unas elecciones libres y justas", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
“El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio. El gobierno Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus cómplices y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, añade el comunicado.
Entre los funcionarios sancionados se encuentran el presidente del TSJ, responsables de las fuerzas de seguridad del estado y fiscales.
La medida también tiene como blanco a "militares, los servicios de inteligencia y los funcionarios gubernamentales responsables de intensificar la represión mediante intimidación, detenciones indiscriminadas y censura".
La sanción se da a conocer días después de la partida al exilio de Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó a los principales partidos de la oposición en las elecciones y quien ha sido reconocido por varias naciones y observadores internacionales como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio por un amplio margen.
Las autoridades electorales de Venezuela declararon vencedor a Maduro horas después del cierre de las urnas, pero a diferencia de elecciones anteriores, nunca publicaron las actas que sustentan los resultados y no hicieron recuentos de votos detallados para respaldar su afirmación.
La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al TSJ, conformado por del partido gobernante, que auditara los resultados. El tribunal reafirmó su victoria.
Expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, quienes por invitación del gobierno de Maduro observaron las elecciones, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad.
Después del anuncio del CNE, la líder opositora María Corina Machado dijo que contaban con más del 70% de las actas y que certificaban la victoria de González frente a Maduro.
Dijo que las actas habían sido recolectadas por testigos de la oposición a gran riesgo de su seguridad, integridad física e incluso de su libertad.
Horas después del anuncio, la coalición de partidos de oposición habilitó un sitio web donde se podían verificar las actas que demostraban el triunfo de González.
Aumento de la represión en Venezuela
Según la organización local de derechos humanos Foro Penal, que brinda asistencia jurídica gratuita a personas sujetas a detenciones arbitrarias y a sus familiares, en Venezuela hay actualmente 1,808 presos por motivos políticos.
Según la organización, de esos detenidos 226 son mujeres, 60 son adolescentes de entre 14 y 16 años de edad y 10 son de los medios de comunicación, ocho de los cuales "fueron detenidos en un contexto postelectoral y dos de los periodistas fueron detenidos en medio de la campaña electoral".
Según el abogado defensor del Foro Penal Alfredo Romero, se trata del mayor número de detenciones por motivos políticos registrado en la historia de Venezuela en el siglo XXI.
Otras medidas de presión
El Departamento de Estado anunció que está imponiendo nuevas restricciones de visa a los aliados de Maduro acusados de impedir la votación y reprimir a los venezolanos, pero no nombró a esas personas.
El Departamento del Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores. El Departamento de Estado ha identificado a casi 2,000 personas que posiblemente enfrenten restricciones de visa por acusaciones de corrupción, socavar la democracia o violar los derechos humanos de los venezolanos.
¿Quiénes son los funcionarios sancionados?
Esta es la lista de los |16 funcionarios sancionados y los señalamientos del gobierno de EEUU:
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, juez del TSJ de la Sala Constitucional alineado con Maduro desde 2014, quien apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE que decía que Maduro ganó las elecciones.
Malaquias Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político istrativa del TSJ desde 2022, señalado por haber obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Juan Carlos Hidalgo Pandares, vicepresidente de la Sala Político-istrativa del TSJ desde 2022 señalado por haber obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ alineado con Maduro desde enero de 2024 quien también encabeza la Sala Electoral del TSJ señalada de certificar la afirmación infundada del triunfo electoral de Maduro.
Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral señalada de haber sido una de los funcionarios de la Sala Electoral que certificaron la afirmación infundada de la victoria de Maduro.
Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia con competencia en materia de terrorismo, alineado con Maduro, señalado de haber emitido la orden de aprehensión contra González Urrutia menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, asociación delictuosa, sabotaje a sistemas y asociación.
Luis Ernesto Duénez Reyes, fiscal alineado con Maduro señalado de haber emitido el pedido oficial de orden de aprehensión contra González Urrutia.
Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE alineada con Maduro señalada de haber obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos de los centros de votación.
Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE señalado de haber instituido una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos de los centros de votación.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal del Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), alineada con Maduro, señalada de obstruir la democracia y el estado de derecho al iniciar procesamientos por motivos políticos, que resultaron en la detención arbitraria de de la Asamblea Nacional reconocida por Estados Unidos en 2015.
Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineado con Maduro, señalado de formar parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática, formando parte de una comisión citó a varios de la oposición en procesamientos aparentemente motivados políticamente.
Domingo Antonio Hernández Larez, comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) alineadas con Maduro denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de Maduro debido al aumento de la represión y el acoso sistemático por parte de organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control.
Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana alineada con Maduro, señalado por el acoso y detención de venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a la líder opositora María Corina Machado durante la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias.
Johan Alexander Hernandez Larez, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar identificado como un torturador en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa.
Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, alineado con Maduro, que ha llevado a cabo arrestos y detenciones de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales por motivos políticos de Maduro.
Con información de The Associated Press.
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