La Corte Penal Internacional analizará los "presuntos crímenes" en Venezuela durante las manifestaciones políticas
La Corte Penal Internacional (I) anunció este jueves que comenzará a abrir exámenes preliminares por "presuntos crímenes" sobre el uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. También evaluará denuncias sobre el uso de la violencia por parte de manifestantes.
"Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar" sobre la situación en Venezuela, dijo la fiscal de I, Fatou Bensouda, quien también anunció que comenzará esos mismos exámenes sobre Filipinas.
La fiscal detalló que el examen sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en el país al menos desde abril de 2017, momento en que se iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se extendieron por cerca de cuatro meses y que resultó con al menos 120 personas muertas (cifra que varía según diferentes recuentos).
"Se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado (venezolano) con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de de la oposición, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos durante su detención", añadió Bensouda.
También la I ha recibido informes sobre algunos grupos de manifestantes que habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos de las fuerzas de seguridad, caso que también investigará la organización.
Sin embargo, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, restó validez a la decisión de la Corte al considerar que "su información puede parecer sesgada" puesto que Bensouda no lo ha ado. "Muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación (...) No habrá impunidad", dijo a medios venezolanos al recordar que Maduro hizo "una expresa prohibición" al uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones.
Esta noticia llega en medio de una grave crisis política y económica en el país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislado internacionalmente por sus medidas antidemocráticas y la feroz represión de las fuerzas de seguridad, que evidencian una ruptura del orden democrático en Venezuela.
La exfiscal general Luisa Ortega Díaz había pedido a la I en noviembre de 2017 (cuatro meses después de que dejara el cargo que ejerció por una década) que investigara estas denuncias de abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo entonces Ortega ante la sede de la I en La Haya al mostrar un legajo con 1,000 piezas de evidencias.
El anuncio de la I llega el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas al presidente venezolano, al vicepresidente Tareck el Aissami, y a su entorno, y a la petrolera estatal PDVSA, al considerarlos "responsables del agravamiento de la crisis".
La Eurocámara también había pedido a la fiscalía de la I iniciar "investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano".
La Unión Europea aprobó su primer paquete de medidas contra Venezuela en noviembre, con un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna". En enero impuso una prohibición de visados y congelación de activos para siete altos cargos del país.
El anunciado este jueves será el segundo examen preliminar que lleva a cabo la I en Sudamérica, después de otro en curso en Colombia por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto con la antigua guerrilla de las FARC.
Filipinas es otro país que estará sometido a estos exámenes, anunció I. El país está gobernado por el polémico Rodrigo Duterte quien encabeza una sangrienta lucha contra el narcotráfico que ya ha causado, según diferentes organismos, unos 6,000 presuntos traficantes y s de droga muertos a manos de la policía (número estimado por Amnistía Internacional). Organizaciones de derechos humanos señalan como 'ejecuciones' al menos unas 2,000 muertes..
