De las protestas estudiantiles al destierro masivo a EEUU: así fue cómo Daniel Ortega reprimió y se deshizo de sus opositores políticos en Nicaragua
Un grupo de 222 presos políticos que se encontraban encarcelados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega fueron liberados ese jueves y enviados a Estados Unidos. Se trata de una de las mayores liberaciones de prisioneros en la que haya participado EEUU.
Algunos de ellos fueron aspirantes a la presidencia de Nicaragua y, en su camino hacia la candidatura, arrestados por diversos motivos calificados por organizaciones de derechos humanos como una ‘farsa judicial’; otros fueron manifestantes en las masivas protestas contra el régimen en 2018.
Todos, aunque fueron liberados, también fueron desterrados de Nicaragua, sin derechos como ciudadanos en el país centroamericano, así como inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública y cargos de elección popular en ese país
Algunos de los presos describieron tratos “horribles” en los centros de detención nicaragüensese, otros alegan que incluso se les negó tratamiento para problemas médicos crónicos o se les dio poco de comer.
Aunque el propio Daniel Ortega dijo el jueves por la noche que no busca nada a cambio de la liberación de los presos políticos, a quienes calificó como “terroristas y mercenarios”, expertos señalan que el mandatario centroamericano busca mejorar su relación con Estados Unidos para que relaje las sanciones impuestas para comercializar oro con empresas estadounidenses.
Pero, ¿cómo se llegó a este punto?
Así fue como el gobierno de Ortega pasó en menos de cinco años de enfrentar una serie de protestas con excesiva fuerza policial, al arresto y ahora destierro de sus adversarios y opositores.
Las protestas de 2018 que se tornaron en meses represión
En la primavera de 2018, Nicaragua enfrentó una serie de manifestaciones y actos violentos que iniciaron con el descontento generalizado por la implementación de una serie de reformas al sistema de seguro social.
La reforma buscaba aumentar los impuestos y cambiar las pensiones en un intento de rescatar al fallido sistema de seguridad social del país.
Según el cambio, los empleados debían contribuir con un 0.75% más de su salario y la contribución de los empleadores aumentaba del 19% al 22.5%. Además, se buscaba que los pensionados pagaran el 5% de su pensión para cubrir los gastos médicos.
Para mostrar su descontento, una mezcla inusual de manifestantes salió a las calles a protestar: estudiantes, jubilados y hasta algunos empresarios.
Aunque días después el presidente Daniel ortega revocó las reformas, las manifestaciones se prolongaron por varios meses debido a que las acciones violentas y actos de represión por parte del gobierno hicieron que el descontento se incrementara hasta exigir la dimisión de Ortega.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la represión a las protestas por parte de las fuerzas de seguridad del país ocasionaron la muerte de al menos 355 personas desde abril de 2018 hasta julio de 2019.
El reporte señaló que 212 personas murieron como "resultado del uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales".
También se reportó más de 400 presos políticos y la salida masiva de aproximadamente 40,000 nicaragüenses a Costa Rica. Lo ocurrido fue condenado varias organizaciones y gobiernos de otros países, entre ellos Estados Unidos.
Elecciones “fraudulentas” y arresto de opositores
Luego de una cierta estabilización, a finales de 2021, se convocó a nuevas elecciones presidenciales en la que prácticamente Ortega no tenía una competencia real, tras el arresto de opositores. Sin embargo, pese al sentimiento de rechazo, Ortega ganó la reelección en una jornada tachada como una “farsa” por la comunidad internacional.
Durante el periodo electoral, seis meses antes de los comicios, Ortega arrestó a 40 figuras de la oposición, entre ellas siete posibles candidatos presidenciales, en su mayoría por cargos imprecisos de conspiración contra el Estado.
Entre los arrestados en ese periodo se encuentra Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, media docena de de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) y el empresario periodístico y aspirante presidencial Miguel Mora.
El líder campesino y aspirante presidencial Medardo Mairena también fue detenido en julio. Otro aspirante presidencial, Noel José Vidaurre Argüello, también fue arrestado en ese mes.
En septiembre, la opositora Cristiana María Chamorro Barrios fue enviada a juicio por delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida, y gestión abusiva y falsedad ideológica.
Ortega acusó también a obispos y sacerdotes de la Iglesia católica de "tomar partido", estar comprometidos con los "golpistas" y de hasta de promover la creación de "sectas satánicas".
Muchos de ellos fueron detenidos sin a abogados o visitas de familiares. Como resultado, Ortega logró mantenerse prácticamente sin oposición, por lo que los comicios fueron catalogados como una mera formalidad.
Las organizaciones y gobiernos que en 2018 apoyaron las protestas descalificaron las elecciones y sus resultados en los que, de acuerdo con las cifras oficiales, Ortega había triunfado con el 75% de los votos, de una participación del 65%.
"La democracia ha muerto en Nicaragua. No existen condiciones creíbles para unas elecciones democráticas", dijo en ese entonces Jennie Lincoln, veterana observadora electoral del Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter.
Ortega fue uno de los nueve 'comandantes' que lideraron la Revolución Sandinista que en 1979 derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990, y fue reelecto en 2007.
En 2011, ganó una reelección muy cuestionable después de cambiar la Constitución para permitirle postularse para un nuevo mandato. En noviembre de 2016 ganó por tercera vez consecutiva y su esposa, Rosario Murillo, fue su compañera de fórmula.
Ortega ha sido un aliado del gobernante Partido Comunista de Cuba y del izquierdista gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
Qué sanciones ha impuesto EEUU a Nicaragua
A finales de octubre de 2022, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso una serie de sanciones económicas al sector del oro en Nicaragua, por ser una "pieza importante" que financia al gobierno y como represalia por el encarcelamiento de presos políticos en el país centroamericano.
La orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Nicaragua es el mayor productor del metal precioso en Centroamérica y Ortega ha expresado en diversas ocasiones que desea duplicar la producción en los próximos cinco años.
El presidente de EEUU, Joe Biden, también firmó una nueva orden ejecutiva que permite imponer restricciones a determinadas inversiones y relaciones comerciales con Nicaragua, que podrían afectar tanto a importaciones como a exportaciones.
Además, el Departamento de Estado retiró las visas a más de 500 nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega.
Por esta razón, tras la liberación de los 222 presos políticos, se especulaba sobre un posible acuerdo entre ambos países para que Estados Unidos relajara las sanciones en contra del gobierno de Ortega.
No obstante, en un mensaje televisado, Ortega aseguró que no pidió nada a cambio al gobierno de Estados Unidos tras liberar y desterrar a los presos políticos.
"No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. (…) Que se lleven a sus mercenarios", dijo Ortega en referencia a los presos liberados, a los que acusa, sin pruebas, de estar al servicio de EEUU.
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