Inmigrantes indocumentados en Florida enfrentarían penas cinco veces más duras que ciudadanos estadounidenses
ORLANDO, Florida.- Las recientes reformas en leyes de inmigración en Florida han desatado una fuerte controversia al imponer castigos significativamente más severos para los inmigrantes indocumentados en comparación con el resto de la población.
Un ejemplo es el robo menor que se castiga con un año de prisión y una multa de $1,000 para cualquier habitante, pero para un inmigrante indocumentado el castigo es de hasta cinco años de cárcel y una multa de $5,000.
Uno de los aspectos más polémicos de las nuevas leyes es la imposición de la pena de muerte obligatoria en casos de homicidio en primer grado cuando el acusado es un inmigrante indocumentado. Esta medida contraviene precedentes jurídicos establecidos por la Corte Suprema de EE.UU., que en 1976 declaró inconstitucional una ley de Carolina del Norte que establecía la pena de muerte obligatoria para asesinatos en primer grado.
Kara Gross, directora legislativa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ( ACLU) en Florida, aseguró que "hay un precedente claro que establece que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales".
El senador republicano Randy Fine, coautor de la legislación, reconoció que es probable que la ley enfrente desafíos legales, pero confía en que la Corte Suprema reconsidere su postura: "Ha pasado casi medio siglo. La Corte cambia de opinión con el tiempo".
Este endurecimiento se produce en el contexto de una política migratoria más estricta a nivel nacional, impulsada inicialmente por el expresidente Donald Trump. En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis defiende la medida, asegurando que hará que el estado sea "más seguro" y servirá de modelo para otras entidades. "Florida será más segura y más protegida gracias a estas leyes de inmigración", declaró.
Castigos más duros por reincidencia
Las nuevas leyes en Florida también aumentan las penas para inmigrantes en situación irregular sin importar antecedentes previos. Una ley de 2023 ya endurecía las condenas para aquellos deportados y reincidentes en delitos estatales. Ahora, cualquier inmigrante sin documentación que cometa un delito, incluso un simple delito menor, enfrenta penas elevadas.
Para el profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández, la constitucionalidad de esta medida es cuestionable, ya que "conduce a un enfrentamiento directo con la garantía de igualdad ante la ley establecida en la Constitución de EEUU". Además, advirtió que, en caso de impugnación judicial, el gobierno de Florida deberá justificar por qué las penas deben ser diferentes para un mismo delito en función del estatus migratorio del acusado.
Florida no es el único estado que busca endurecer las penas para inmigrantes sin documentación. Legislaciones similares están en proceso en Alabama, Idaho, Indiana, Minnesota, Carolina del Sur y Texas. En este último estado, un proyecto de ley del senador Pete Flores propone aumentar la clasificación de delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular.
Mientras tanto, en Utah, el Senado aprobó una medida que impone sentencias mínimas obligatorias sin posibilidad de libertad anticipada para reincidentes en delitos de robo y narcotráfico. El senador estatal Cal Musselman justificó la iniciativa alegando que "las fuerzas del orden han identificado un patrón claro de deportaciones múltiples y reincidencia delictiva".
Con información de AP.
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