Trump cada vez más acude a la Corte Suprema para revertir las decisiones de jueces federales que bloquean su agenda
A medida que aumentan los fallos en su contra de parte en los tribunales federales, el presidente Donald Trump ha recurrido a una táctica que empleó en la Corte Suprema con notable éxito durante su primer mandato.
En el Departamento de Justicia ha solicitado a la mayoría conservadora del alto tribunal que intervenga en los casos mucho antes de lo habitual.
El uso por parte del gobierno de las apelaciones de emergencia se produce en un momento en que enfrenta más de 130 demandas por la oleada de órdenes ejecutivas del presidente republicano. Muchas, presentadas en distritos liberales, evidencian cómo el sistema judicial se convierte en el epicentro de la oposición a sus políticas.
El gobierno ha acudido cada vez más a la Corte Suprema, que Trump ayudó a moldear designando a tres jueces, no solo tratando de que decida a su favor, sino también para enviar un mensaje a los jueces federales, quienes, según Trump y sus aliados, se extralimitan en su autoridad.
“Solo esta Corte puede evitar que las órdenes de restricción temporal trastoquen aún más la separación de poderes; cuanto antes, mejor”, escribió el viernes la Procuradora General en funciones, Sarah Harris, en el caso de las deportaciones exprés.
Stephen Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown que narró el auge de las apelaciones de emergencia en su libro 'The Shadow Docket', escribió en la plataforma Substack que “estos casos, especialmente en conjunto, reflejan el inevitable ajuste de cuentas: ¿cuánto resistirá la Corte Suprema a Trump?”.
Durante el primer gobierno de Trump, el Departamento de Justicia presentó apelaciones de emergencia a la Corte Suprema 41 veces y obtuvo la totalidad o parte de sus objetivos en 28 casos, concluyó Vladeck.
Antes de eso, las istraciones de Barack Obama y George W. Bush habían acudido al alto tribunal en búsqueda de medidas de emergencia en tan solo ocho casos a lo largo de 16 años.
Los casos de la Corte Suprema generalmente se tramitan durante varios meses. Las medidas de emergencia suelen tener respuesta en semanas, o incluso en unos pocos días, con informes breves y decisiones que suelen emitirse sin el razonamiento jurídico elaborado.
En lo que va del año, los jueces han eludido eficazmente las solicitudes del gobierno. Pero esto podría complicarse a medida que aumenta el número de apelaciones, incluyendo casos de deportación de alto perfil, donde una solicitud extraordinaria del presidente para enjuiciar a un juez provocó una inusual reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
A continuación, un vistazo a las apelaciones en la lista de emergencia de la corte:
Las órdenes de deportación de Trump pasan una prueba crucial
La inmigración y la promesa de deportaciones masivas fueron el eje central de la campaña presidencial de Trump y, a principios de este mes, tomó la inusual decisión de invocar Ley de Enemigos Extranjeros, norma aprobada para tiempos de guerra a finales del siglo XVIII con la que el gobierno busca acelerar las expulsiones de migrantes venezolanos con la excusa de una supuesta pertenencia a la pandilla del Tren de Aragua.
Los abogados de los migrantes, que niegan que sean pandilleros, presentaron una demanda para bloquear esas expulsiones sin el debido proceso.
El juez James E. Boasberg, jefe de la Corte Federal de Distrito de Washington DC, estimó la solicitud y ordenó la suspensión temporal de los vuelos de deportación e incluso el regreso de los aviones que ya habían partido rumbo a El Salvador.
Los aviones no regresaron, los migrantes venezolanos fueron encarcelados en El Salvador y la disputa sobre si el gobierno desacató su orden se encendió, incluso cuando el gobierno solicitó sin éxito al tribunal de apelaciones de la capital del país que levantara la orden.
En una apelación ante la Corte Suprema presentada el viernes, el Departamento de Justicia argumentó que se debería permitir la reanudación de las expulsiones y que los migrantes deberían presentar su caso ante un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos.
Los despidos masivos de DOGE también han generado demandas
Miles de empleados federales han sido despedidos mientras la istración Trump busca reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal.
Los despidos de empleados en período de prueba, quienes generalmente tienen menos tiempo en el trabajo y menos protecciones, han generado múltiples demandas.
Dos jueces determinaron que la istración infringió las leyes federales en su gestión de los despidos y ordenaron la reincorporación de los trabajadores. El gobierno recurrió a la Corte Suprema después de que un juez con sede en California dictaminara que unos 16,000 trabajadores debían ser restituidos en sus puestos.
El juez afirmó que, al parecer, la istración había mentido en sus razones para despedir a los trabajadores. El gobierno respondió que el magistrado se extralimitó en su autoridad al intentar imponer decisiones de contratación y despido al Poder Ejecutivo.
Los jueces bloquean temporalmente los recortes anti-DEI
Trump ha actuado con rapidez para intentar erradicar de la istración federal los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés).
Ocho estados liderados por los demócratas argumentaron en una demanda que esa idea está detrás de la decisión de recortar cientos de millones de dólares para la formación de docentes.
Un juez federal de Boston bloqueó temporalmente esos recortes al considerar que ya estaban afectando a los programas de formación destinados a abordar la escasez nacional de docentes. Después de que un tribunal de apelaciones mantuviera vigente la decisión, el Departamento de Justicia recurrió a la Corte Suprema.
El gobierno argumenta que los jueces no pueden obligarlo a seguir destinando fondos a acciones que ha decidido cancelar.
Trump quería eliminar la ciudadanía por nacimiento: los tribunales no han estado de acuerdo
El día de la toma de posesión, Trump firmó una orden ejecutiva que, en adelante, negaría la ciudadanía a los bebés nacidos de padres que residen ilegalmente en el país.
La orden, que restringía el derecho consagrado en la Constitución, fue bloqueada rápidamente en todo el país. Tres tribunales de apelaciones también rechazaron las peticiones de permitir su entrada en vigor mientras se resuelven las demandas.
El Departamento de Justicia no apeló a la Corte Suprema para que anulara esos fallos de inmediato, sino que solicitó a los jueces que limitaran las órdenes judiciales a las personas que presentaron las demandas.
El gobierno argumentó que los jueces individuales carecen de la facultad de dar efecto a nivel nacional a sus fallos, lo que toca un tema legal que ya ha preocupado a algunos magistrados.
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