El Poder Judicial vs. Trump: algunos casos donde los jueces hicieron contrapeso a las agresivas políticas del republicano
Desde que asumió la Presidencia, Donald Trump dejó claro que no perderá ni un minuto de su gestión para materializar sus agresivas políticas. En respuesta, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, de los trabajadores federales y de grupos minoritarios emprendieron acciones legales para frenar las órdenes del presidente. Múltiples jueces han dado la razón a estos grupos y han frenado temporalmente la aplicación de los decretos de Trump ante las dudas sobre su legalidad.
Trump ha respondido con su estrategia habitual: desacreditar a quienes lo contradicen. El caso más notorio hasta ahora es el de su arremetida contra el juez federal de Washington James Boasberg, a quien ha calificado como “activista” y un “lunático”.
El presidente estalló pidiendo su destitución luego de que frenó el sábado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por Trump para agilizar sus planes de deportación masiva. Las declaraciones de Trump contra el juez llevaron al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a emitir una reprimenda al mandatario al decir que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial".
El juez ahora analiza si el gobierno de Trump violó su resolución al continuar con la deportación de inmigrantes venezolanos en aviones durante el fin de semana.
A continuación algunos casos en los que ha sido clave la acción de los jueces para frenar la implementación de algunas políticas impulsadas por el republicano.
Juez Boasberg frenó la aplicación de Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos
Boasberg analiza no sólo si el gobierno federal violó su orden de que los aviones con inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos cuando aún estaban en el aire, sino que también examina qué uso está dando el gobierno a la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a El Salvador a venezolanos a quienes ha catalogado como supuestos de la banda Tren de Aragua.
"Voy a llegar al fondo de si violaron mi orden, quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias", declaró el juez en una audiencia. Más temprano, el Departamento de Justicia le informó a Boasberg que el gobierno de Trump evalúa si invocar un "privilegio de secretos de Estado".
La istración del republicano —que pidió un juicio político a Boasberg— además alegó que la orden emitida por escrito por el juez no decía explícitamente que los aviones no debían despegar y que sus declaraciones verbales no eran válidas. El juez dijo que el gobierno estaba incurriendo en una "exageración" al decir que sólo su escrito era válido, cuando la istración de Trump sabía que él estaba a punto de emitir un fallo sobre la invocación de la ley de guerra para fines de deportación de inmigrantes.
“Solo pregunto cómo cree que mis poderes equitativos no se aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en espacio aéreo internacional”, añadió Boasberg.
Boasberg considera que el uso de esta ley conlleva "ramificaciones políticas increíblemente problemáticas". ”¿Por qué esta ley prácticamente se firmó en la oscuridad, y en esencia estas personas fueron apuradas para subirlas a los aviones?”, cuestionó Boasberg. “Parece que uno sólo hace eso si sabe que es un problema y quiere sacarlos del país antes de que se puedan presentar demandas”.
El jueves, el juez dijo que la argumentación presentada por el gobierno ese día era "lamentablemente insuficiente", porque la istración "volvió a evadir sus obligaciones" al repetir "la misma información general sobre los vuelos".
Frenan la orden para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento
Tres jueces federales frenaron la orden ejecutiva de Trump para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una garantía consagrada por la Constitución. El gobierno de Trump ahora llevó el caso ante la Suprema Corte.
Poco después de asumir el poder, el republicano firmó la orden titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” para restringir ese derecho a niños nacidos en el país si no tienen al menos un padre ciudadano o residente permanente.
Pero casi de inmediato la orden fue llevada a litigio por grupos que sostienen que la medida es inconstitucional. La primera en frenar esa medida fue la jueza federal de Maryland, Deborah Boardman.
Le siguió John C. Coughenour, juez federal en Seattle, Washington, quien calificó la orden de Trump como un intento del gobierno federal para burlar la ley.
“El estado de derecho es, según él, algo que se debe sortear o ignorar, ya sea por beneficio político o personal”, dijo Coughenour. “En este tribunal y bajo mi supervisión, el estado de derecho es un faro luminoso que pretendo seguir”.
El tercer juez federal que bloqueó la medida fue Joseph N. Laplante, en New Hampshire, luego de que ACLU interpuso una demanda denunciando una violación a la Constitución por parte del gobierno de Trump. Fuera de la corte en New Hampshire, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que la organización seguirá luchando hasta que la orden de Trump sea anulada, de acuerdo con agencias noticiosas.
“Para quienes se sienten asustados o confundidos ahora mismo, les diría que este es un derecho consagrado en la propia Constitución, así como en las leyes federales”, dijo Wofsy.
“¡AFGE gana!”: ordenan reincorporar a miles de trabajadores federales despedidos por el DOGE de Musk
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha ordenado el despido de miles de trabajadores federales de forma caótica y desorganizada desde que Trump autorizó la creación de la agencia ideada por el multimillonario Elon Musk.
Musk ha dicho que la agencia busca recortar drásticamente el gasto gubernamental, pero sus críticos sostienen que ha ordenado el despido de miles de trabajadores que estaban a cargo de tareas esenciales del gobierno.
Además, la misma agencia de Musk en varias ocasiones ha revertido sus propios despidos llamando de vuelta a cientos de trabajadores que había acusado erróneamente de ineficiencia.
Pero en medio del caos, dos jueces emitieron órdenes la semana pasada para reinstalar en sus cargos a miles de trabajadores federales que habían sido despedidos por órdenes de DOGE.
Primero, el juez de distrito William Alsup, en San Francisco, determinó que no eran legales y exigió el envío inmediato de ofertas de reincorporación.
"Es un día triste cuando nuestro gobierno despide a un buen empleado y dice que se ha basado en su desempeño cuando sabe bien que es una mentira", dijo Alsup en su resolución, que fue apelada por el gobierno federal.
Horas más tarde, el juez federal de distrito en Baltimore James Bredar coincidió en que el gobierno violó las leyes establecidas para despidos masivos, incluyendo un preaviso de 60 días.
Las órdenes de ambos jueces eran aplicables para trabajadores que fueron despedidos de las agencias de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro, Agricultura, Comercio, Protección Ambiental, Corporación Federal de Seguros de Depósitos, entre muchas otras.
En un comunicado emitido tras las resoluciones de los jueces, la Federación de Trabajadores Federales de Estados Unidos (AFGE en inglés), celebró los fallos. AFGE había interpuesto la demanda que resolvió el juez en California.
“Estamos agradecidos con estos empleados y el trabajo fundamental que realizan, y AFGE seguirá luchando hasta que todos los empleados federales que fueron despedidos injusta e ilegalmente recuperen sus trabajos”, dijo el presidente de AFGE, Everett Kelley, en el comunicado titulado “¡AFGE gana!”.
Más reveses para el DOGE en su intento de acceder a información de millones de personas
El jueves, los intentos de DOGE para acceder a las bases de datos del Seguro Social (SSA), que contienen los datos personales de millones de estadounidense, fueron frenados temporalmente por la jueza federal de distrito Ellen Hollander en Maryland.
La jueza dijo que, en realidad, más allá de buscar evidencias de fraude, "el equipo DOGE está básicamente involucrado en una expedición de pesca en el SSA, en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que una sospecha”.
Los trabajadores de DOGE sólo podrán ver información y datos que hayan sido redactados o en los que no sea visible ningún dato personal identificable y si el equipo de DOGE se somete a una capacitación y verificación previa, dijo Hollander.
La jueza dijo que aunque la eliminación y combate al fraude es una tarea de interés público, eso no implica que el gobierno pueda pasar por encima de la ley.
Jueza ordena frenar la política contra personas transgénero en el Ejército
Trump ha buscado acabar con cualquier rastro de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el gobierno. Una de sus órdenes ejecutivas encaminadas a ese propósito fue la de terminar con la inclusión de personas transgénero en el Ejército.
Pero el martes, la jueza federal de distrito Ana Reyes, en Washington, D.C., resolvió que esa orden potencialmente viola los derechos constitucionales de las personas que se identifican como transgénero.
Reyes, nominada por el presidente Joe Biden, dijo que la orden entrará en vigor hasta el viernes para darle oportunidad al gobierno de Trump de apelar.
“El tribunal sabe que esta opinión provocará un intenso debate público y apelaciones. En una democracia sana, ambos resultados son positivos”, escribió Reyes. “Sin embargo, todos debemos estar de acuerdo en que cada persona que ha respondido al llamado a servir merece nuestra gratitud y respeto”.
Jueces se opusieron al congelamiento de fondos ordenado por Trump al inicio de su gobierno
Como parte de sus planes para supuestamente reducir el gasto y generar ahorros, Trump ordenó un congelamiento de fondos en subvenciones y préstamos para programas federales. La orden fue controvertida casi de inmediato por varios estados gobernados por demócratas.
Dos jueces dieron la razón a los demandantes que argumentaron que esa medida ponía en riesgo programas clave y afectaba los derechos de millones de estadounidenses.
El juez John McConnell en Rhode Island, quien fue el segundo en fallar en contra de la medida de Trump, dijo que el poder ejecutivo estaba tratando de colocarse por encima del Congreso.
“Socava los distintos roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno”, dijo sobre la medida de Trump.
Ante la confusión que generó su orden y la incertidumbre de millones de beneficiarios de programas federales, Trump finalmente revirtió la medida.
Con información de The Associated Press.
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