Amenazados, engañados y con un pago de $100: las historias de los sembradores de los carteles en EEUU

Lester Cárdenas se ganaba la vida como albañil y jardinero en Riverside, California, pero en el verano de 2019 se quedó sin empleo. Agobiado por no tener un ingreso para mantener a su familia, este joven michoacano aceptó la oferta que le hicieron amigos: mudarse al Valle Central para cosechar uvas.

Le prometieron comenzar en la agricultura tan pronto como quisiera y al día siguiente él hizo un viaje por carretera de más de seis horas hasta llegar a una reserva forestal cerca de Fresno. En ese lugar supo que lo habían llevado con engaños a un sembradío ilegal de marihuana, describe su abogado Michael Aed en un documento enviado a finales de 2021 a una corte federal del Distrito Este de California.

“Al llegar al área de Dutch Oven Creek en el Bosque Nacional Sierra, el señor Cárdenas descubrió rápidamente, para su consternación, que el grupo no estaba allí para cosechar uvas. El señor Cárdenas estaba a cientos de millas de su casa, en lo profundo del bosque, sin forma de comunicarse con la familia y pedir ayuda, y sin poder salir”, asegura el litigante.

“El señor Cárdenas no tenía la libertad de dejar o terminar su asociación con sus presuntos cómplices”, continúa.

Fue así como este joven casi analfabeto, y quien emigró a corta edad a este país participó por la fuerza, según su abogado, en el cultivo de más de 2,300 plantas de marihuana en una montaña del norte de California, una región que por años ha sido la favorita de los carteles mexicanos para sembrar la hierba.

En la corte, los fiscales no disputaron el argumento de que Cárdenas había tenido un empleo formal, pero hicieron énfasis de que agentes del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) lo grabaron diez días antes de su arresto llevando fertilizante y una bolsa de dormir al campamento clandestino. Además, señalaron que este no pidió ayuda cuando se hizo el operativo.

Tras analizar ambas versiones y una declaración de culpabilidad, un juez federal lo condenó a 29 meses de prisión, lo que suponía su liberación considerando el tiempo que había pasado detenido.

Casos como el de Cárdenas son comunes en tribunales federales del norte de California, a donde llegan desempleados, indígenas, indocumentados y personas que dicen recibían un sueldo de 100 dólares diarios, que es incluso menos que el salario mínimo estatal de $15 por hora, por sembrar marihuana para los carteles. La cuota es incluso menor considerando que viven por meses en las montañas.

Algunos declararon que los amenazaron de muerte o que los llevaron con engaños.

Varios procesos judiciales revisados por Univision Noticias muestran cómo estos hombres, mexicanos y centroamericanos, están en el nivel más bajo de un negocio multimillonario. Algo similar ocurre al otro lado de la frontera, donde miles de productores de goma de opio y marihuana reciben pagos miserables. Son los primeros detenidos por las autoridades y no conocen más allá de la persona que los contrató.

“Lo matarían si salía del sitio”

Osmín Mejía, un indígena de Guatemala, fue detenido en 2012 en un operativo que buscó sembradíos ilícitos en el Bosque Nacional Sequoia, en el condado Kern.

Un grupo de agentes se camufló para llegar hasta un campamento donde escucharon conversaciones en español. Escondieron cámaras para registrar todas sus actividades durante tres semanas. Para el 16 de agosto de ese año, ya con una orden de arresto, un equipo de alguaciles subió la colina a paso lento. “¡Policía, tira el arma!”, gritaron en español, según una declaración jurada.

Mejía fue detenido y declaró a los agentes que era un inmigrante indocumentado de Guatemala que había estado tres días en el lugar y que lo llevó un hombre que lo contrató por un sueldo de entre 500 y 600 dólares por semana.

“Mejía declaró que le dijeron que lo matarían si salía del sitio, pero también indicó que el hombre le dio la escopeta”, señala el informe refiriéndose al arma que le decomisaron al sembrador.

“Mejía declaró que el hombre le dijo que si venía llegar al gobierno debía huir, pero le dio instrucciones de dispararle a cualquier otro que fuera al sitio de cultivo”, agrega.

Más de 6,100 plantas fueron encontradas en el lugar, así como una escopeta y un rifle. Las autoridades indicaron que el campamento significó “un daño importante a la tierra y los recursos naturales”.

A principios de 2014, Mejía fue sentenciado a siete años y tres meses de prisión, y a pagar casi 3,400 dólares, el costo por limpiar el espacio donde creció la hierba.

Este indígena fue liberado el 30 de julio de 2018, según registros del Buró Federal de Prisiones (BOP). Ese día fue transferido al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se encargó de deportarlo.

1.2 millones de plantas destruidas

Los sembradores de los carteles se instalan en zonas tan remotas de reservas forestales, que en ocasiones solo desde helicópteros logran detectarlos. Levantan campamentos cerca de riachuelos y bajo árboles grandes, para camuflarse. Es común que instalen sistemas rudimentarios de riego, que pueden ser mangueras con orificios o desviar el curso de ríos hacia piletas improvisadas, ya que una planta de marihuana consume unos seis galones de agua por día.

Estas personas se encargan de todo el proceso de cosecha, desde sembrar las semillas, regar las plantas y ponerles fertilizante, hasta cortar las maduras y secar los cogollos. Ese período es de hasta 10 semanas. Lo típico es que porten armas para ahuyentar a animales, pero también a excursionistas y enemigos (en 2021 se decomisaron 165 armas en esos sitios). Sus cómplices les abastecen de alimentos cada dos semanas para tener la ubicación del lugar en el mayor secreto posible. Cocinan sus alimentos con gas propano.

Para atraparlos en el acto los agentes del orden deben realizar caminatas de varias horas y portando armas de grueso calibre. Los operativos requieren de varios días, desde que los detectan y hasta que se junta un equipo para detener a los sospechosos y destruir las plantas.

En muchos sitios han encontrado productos químicos altamente tóxicos, como el carbofurano, un insecticida letal que está prohibido en EEUU. Una pequeña porción puede matar a un oso de 600 libras.

En 2021, el Programa contra la Siembra de Marihuana (CAMP) del Departamento de Justicia de California erradicó casi 1.2 millones de plantas de marihuana y decomisó más de 180,000 libras de la droga procesadas ilegalmente. Lo hicieron en 491 operativos. Se cree que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) están detrás de varios de esos sembradíos.

“La plantación de marihuana ilegal y sin licencia es mala para nuestro medio ambiente, mala para nuestra economía y mala para la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, dijo el fiscal estatal Rob Bonta en un comunicado.

La DEA advierte en un reporte que la legalización del consumo recreativo de la marihuana no ha representado una disminución en las actividades de los carteles en Oregón y Washington. Se debe a que la hierba se vende en lugares donde la hierba aún es ilegal.

$100 por cosechar marihuana

Óscar Ortega Castañaza, un inmigrante de Guatemala, fue espiado durante mucho tiempo por el Servicio Forestal. Vieron el sembradío que cuidaba desde un helicóptero en el área de Poso en el Bosque Nacional Sequoia el 6 de agosto de 2019. Notaron que había plantas de marihuana gran tamaño listas para ser cosechadas y dos semanas más tarde se ejecutó el operativo para arrancarlas y detenerlo a él.

Los agentes entraron sigilosamente a la zona, llegaron hasta una cocina improvisada, pasaron entre las filas que formaban 2,864 plantas y soltaron un perro para que detuviera a mordidas a Ortega. En el lugar encontraron un rifle calibre .38 cargado y balas.

Interrogado ahí mismo, Ortega declaró que era originario de la Ciudad de Guatemala y que cruzó la frontera ilegalmente por Laredo, Texas, en 2016. Aseguró que llevaba nueve días en el sitio y que pensaba quedarse ocho días más para completar la cosecha. Su trabajo era regar y podar las plantas.

“Él también dijo que sabía que estaba cuidando marihuana y que lo que hacía era ilegal. Ortega Castañaza dijo que recibía un pago de unos 100 dólares en efectivo por día”, indica una declaración jurada de Sean West, agente especial del Servicio Forestal.

Este guatemalteco se declaró culpable el pasado 13 de mayo y aceptó pagarle al Servicio Forestal más de 7,800 dólares por retirar “miles de libras de basura” que generó.

Enfrenta una condena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima a cadena perpetua. Su audiencia condenatoria se programó para el próximo 28 de octubre.

El arresto de un indígena de Guatemala

Óscar Francisco Diego es otro indígena guatemalteco que participó en esta actividad criminal. Fue pocos años a la escuela, ha trabajado desde niño y quedó huérfano de madre cuando tenía 12 años.

“Creció en la pobreza extrema”, describió su defensora legal Heather Williams en un memorando de sentencia.

Para el gobierno federal, sin embargo, él fue parte de una célula que sembró más de 1,000 plantas de marihuana en la montaña Tomhead, que se encuentra en el bosque nacional Shasta-Trinity.

Lo reclutaron en Fallbrook, California, y a finales de mayo de 2019 conoció a su patrón en el estacionamiento de una tienda Home Depot.

Este inmigrante permaneció en el sitio de cultivo durante tres meses, hasta el 28 de agosto de ese año, cuando lo arrestaron. Lo acompañaba otro guatemalteco indocumentado, Francisco Gómez Sánchez, quien dijo a los detectives que recibía un pago de 100 dólares diarios.

A Francisco Diego le prometieron darle el 5% de las ganancias totales, que serían entre 25,000 y 30,000 dólares. Pero no recibió un centavo, indicaron los fiscales.

“El señor Francisco Diego no estaba al tanto del alcance y la estructura de la empresa criminal que financió el cultivo de marihuana. En todo momento estuvo trabajando bajo las órdenes de otros y recibió instrucciones sobre cada aspecto de su función, desde su horario de trabajo hasta los pasos individuales necesarios para cuidar las plantas”, indicó su abogada.

“Además, el señor Francisco Diego tenía un interés financiero limitado en la operación, ya que solo recibiría el pago por su trabajo en la cosecha de la parcela de marihuana”, agregó.

El hombre que lo contrató, Filemón Padilla Martínez, un mexicano de 57 años, fue sentenciado a 10 años de prisión y su fecha de liberación está programada para marzo de 2028.

Francisco Diego, por su parte, se declaró culpable por sembrar marihuana y en diciembre de 2020 fue puesto en libertad condicional. En 2023 concluirá ese castigo.