Qué se sabe de la junta estatal creada por DeSantis en Florida para cooperar con los planes migratorios de Trump
La Junta Estatal para el Control Migratorio. Es la nueva autoridad de Florida en materia migratoria para forzar a las autoridades locales a apoyar a las federales en la ejecución del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
"Aquí en Florida tenemos la responsabilidad de ser un aliado fuerte del gobierno de Trump para restaurar el cumplimiento de las leyes, para remover a extranjeros ilegales de nuestras comunidades y proteger la seguridad pública", dijo el gobernador Ron DeSantis al firmar las dos leyes —la SB 2-C y la SB 4-C— cargadas de más castigos para la inmigración indocumentada y más responsabilidades compartidas entre las agencias locales y federales.
"Van a ver muchas cosas pasar muy rápido", agregó.
Florida y Texas han sido dos de los estados que han implementado las políticas más duras en contra de la inmigración indocumentada. En el caso de Florida, en 2023 DeSantis ya firmó la temida SB-1718, con la que estableció como delito la presencia indocumentada en el estado y el transporte de personas sin estatus migratorio dentro del estado, por ejemplo.
Como consecuencia, por miedo, cientos de inmigrantes se encerraron en sus casas o se marcharon de Florida.
Este es el segundo paquete de leyes que DeSantis pone en marcha con duras disposiciones, como el establecimiento de la pena de muerte "automática" para los extranjeros que cometan delitos capitales y el aumento de penas para los inmigrantes que cometan ciertos crímenes, así como la restricción de beneficios procesales.
Ve aquí nuestra cobertura especial sobre los efectos de esta ley.
La nueva junta de DeSantis
La SB 2-C, firmada por DeSantis este jueves, explica que la Junta Estatal para el Control Migratorio está bajo el mando del gobernador y un gabinete, quienes deben tomar decisiones por unanimidad.
Aunque es parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley del estado —un repositorio de estadísticas y a cargo de prevención e investigación criminal— tiene un presupuesto aparte y no podrá ser "controlado, supervisado o dirigido" por esa instancia.
Entre sus responsabilidades están servir como "un recurso" de apoyo para las operaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cooperar con el gobierno federal en todas sus labores de cumplimiento de las leyes de inmigración y monitorear que las autoridades locales asistan en estas tareas.
También elaborar un reporte anual que presente datos de la cooperación estatal y federal, así como de la capacitación de funcionarios estatales para ejercer funciones federales en materia migratoria.
Además, crea el Consejo Estatal para el Control Migratorio cuya responsabilidad es guiar a la Junta y proponer el uso de recursos para que ICE les proporcione, por ejemplo, entrenamiento a policías locales que quieran cooperar con las autoridades federales en labores de migración con acuerdos 287-g.
Además, puede recomendar estrategias para que el estado pueda compartir información sobre personas con agencias federales, como la Antidrogas (DEA), el Buró de Investigaciones (FBI) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Estará conformada por ocho : cuatro jefes de policía designados por el gobernador, el fiscal general, un jefe de finanzas y el comisionado de agricultura; y dos alguaciles designados por el presidente del Senado y otros dos por el de la Cámara de Representantes estatal.
Para que todo lo anterior salga adelante, la ley crea un programa de financiamiento. Las autoridades locales podrán aplicar para estas ayudas y reembolsos. Incluye —y son mencionados específicamente— a jefes de correccionales que operen instalaciones en las que puedan ser detenidos migrantes, pero también las agencias pueden aplicar para obtener hasta mil dólares de bono por cada funcionario que haya participado en una o más operaciones de captura con DHS.
Con estos agregados —que se suman a la temida ley antiinmigrante SB-1718— DeSantis asegura que Florida tiene "la legislación más dura para combatir la migración ilegal" en todo el país. Dijo incluso que ha recibido visitas y llamadas de gobernadores de otros estados consultándole sobre los cambios.
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) asegura que esta ley reducirá el al debido proceso y derechos fundamentales para muchos migrantes en riesgo.
"En lugar de proponer una legislación constructiva, los políticos de Florida prefieron infundir miedo y aprobar propuestas que provocarán que las personas sean innecesariamente privadas de su libertad, separadas de sus familias y sometidas a condiciones de detención abusivas", señaló en un comunicado. “Todas las personas tienen derecho a vivir libres de tratos crueles, inhumanos o abusivos. No importa el origen o la fecha reciente del viaje de inmigración de una persona a los Estados Unidos, su vida tiene un valor inherente y debe ser tratada con dignidad y respeto"
