Fijan fecha para audiencia de apelación sobre fallo que declaró ilegal el programa DACA
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito con sede en Nueva Orleans anunció la celebración de una audiencia oral para revisar un fallo emitido el año pasado por un tribunal de Texas que declaró, por segunda vez, ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA).
“(La Corte de Apelaciones del 5º Circuito) “fijó el argumento oral en la apelación de DACA para la semana del 7 de octubre de 2024”, confirmó a Univision Noticias Sandra Hernández, vicepresidenta de comunicaciones del Fondo Mexicano-Estadounidense de Educación y Defensa Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que junto con el Departamento de Justicia (DOJ) participan en la batalla jurídica para revertir el fallo.
Hernández agregó que en el curso de los próximos días “sabremos el día exacto, pero ahora sabemos que será esa semana” de octubre.
La apelación fue presentada a finales de enero por un grupo de abogados encabezados por MALDEF ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, en Nueva Orleans, quienes piden al tribunal que anule un dictamen emitido en septiembre del año pasado por una Corte Federal de Distrito del Sur de Texas que declaró por segunda vez ilegal el Programa DACA.
El recurso jurídico, de 75 páginas, fue presentada por un grupo de abogados encabezados por Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF. Los demandantes citan precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia, donde señalan que los tribunales inferiores carecen de competencia para prohibir o restringir en asuntos relacionados con la ley federal de inmigración.
El recurso de apelación también indica que el Tribunal de Distrito del Sur de Texas asumió erróneamente que el resultado de las mociones contrarias de las partes para un juicio sumario era una conclusión inevitable. Y citaron que el tribunal inferior no tomó en cuenta “las diferencias materiales” entre el reglamento de 2012 y el memorando de 2022 (del nuevo DACA), “como la instrucción explícita de la regla de utilizar la discreción individualizada en adjudicaciones individuales y su aplicación a una población más reducida y de mayor edad, y las decisiones recientes de la Corte Suprema en prioridades de inmigración, (las que) crearon nuevas cuestiones de derecho y de hecho en cuanto a la legitimación activa, el fondo y el recurso adecuado”.
El fallo que declaró ilegal DACA
El 13 de septiembre del año pasado el juez Andrew S, Hanen, de la corte de distrito del Sur de Texas, emitió un fallo en respuesta de una demanda entablada por un grupo de nueve estados encabezados por Texas, todos gobernados por republicanos, quienes alegaron que el programa, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, era ilegal porque cambió partes de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.
Hanen dijo en la sentencia que el programa, que ampara de la deportación a unos 600,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años, era “ilegal”, pero permitió que los beneficiarios sigan renovando las protecciones de expulsión y permisos de trabajo por otros dos años.
El juez también dijo en la sentencia que un esfuerzo de la istración de Joe Biden para codificar la política DACA en una regulación federal, activada en octubre de 2022, también era “ilegal”. Pero en la apelación los abogados puntualizaron que sobre esta parte el tribunal de Texas no tomó en cuenta “las diferencias materiales” entre el reglamento de 2012 y el memorando de 2022.
La apelación ante el 5º Circuito precisa al respecto que, “para empezar, la corte de Distrito se equivocó al intentar evitar la cuestión de la legitimación de los demandantes para impugnar la Regla, a pesar de los cambios en la ley y los hechos que requirieron un nuevo análisis y que decididamente favorecen a los demandantes”.
“La Regla se aplica a una población aún más pequeña que el Memorando y es inequívocamente discrecional, lo que convierte el argumento ya especulativo y completamente no probado de Texas (el único demandante que ha intentado siquiera demostrar su legitimación) de que algún beneficiario de DACA, en algún lugar, debe aumentar de alguna manera los servicios sociales de Texas”, agrega.
En 2021, Hanen, en un fallo, decretó que el beneficio (amparado en el reglamento de 2012) también era ilegal, pero al igual que en septiembre del 2023 permitió que los beneficiarios de DACA continúen temporalmente renovando sus protecciones de deportación y autorizaciones de empleo.
Los demandantes esperan que el de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, una vez celebrada la audiencia que se celebrará en la semana del 7 de octubre y revise los argumentos orales, deje sin efecto el dictamen de septiembre del año pasado emitido por Hanen.
Qué deben hacer por ahora los 'dreamers'
El programa, de acuerdo con el fallo de Hanen, permanece vigente hasta septiembre de 2025 mientras continúan los desafíos legales bajo el debido proceso.
La organización FWD.US, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica —entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox—, reitera las recomendaciones a los 'dreamers' protegidos por el programa que mantengan al día las renovaciones de sus amparos de deportación y permisos de trabajo.
United We Dream (UWD), por su parte, una de las principales organizaciones de 'dreamers' del país, reitera el llamado a los cerca de 600,000 dreamers protegidos por DACA a reinscribirse si sus amparos de deportación o autorizaciones de empleo vencieran en los próximos 150 días.
La organización tiene publicado en su sitio web un enlace con instrucciones sobre cómo pedir la renovación del programa ante USCIS.
UWD advierte que aquellos 'dreamers' que tienen problemas con sus renovaciones o dudas a causa de errores cometidos que los puedan hacer deportables o no cumplir con los requisitos del programa, buscar consejo legal antes de entrar en o con la USCIS o cualquier otra agencia del gobierno.
El costo de la reinscripción es de $495, que incluye el formulario I-765 ($410 Autorización de Empleo) y toma de huellas biométricas ($85).
“USCIS puede renunciar a la recopilación de ciertos datos biométricos a su discreción”, recordó UWD.
