Demandan cancelación del 'parole' humanitario porque expone a sus beneficiarios a deportaciones expeditas
Un grupo integrado por tres organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó este jueves la cancelación del parole humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el argumento que viola el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión de manera expedita de miles de beneficiarios sin una audiencia ante un juez de inmigración.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de distrito en el Distrito de Columbia (DC) por La Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, de Maryland, con la representación legal del Centro de Acción por la Justicia (Justice Action Center).
Los demandantes indicaron que el recurso fue presentado en nombre de los de las organizaciones “a quienes se les concedió la libertad condicional en un puerto de entrada fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o que fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV)”.
Unos 240,000 ciudadanos de Ucrania han ingresado a Estados Unidos bajo el mismo programa que fue activado por primera vez en abril de 2022, pero en la cancelación del 25 de marzo no fueron incluidos.
Uno de los principales requisitos del programa era contar previamente con un patrocinador aprobado por el Departamento de Seguridad nacional (DHS).
La revocación del parole humanitario
La semana pasada el gobierno de Donald Trump revocó el estatus de aproximadamente 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden entre el 5 de enero de 2023 y el 20 de enero de 2025 y fueron autorizados para permanecer en el país durante dos años.
Los beneficiarios también fueron autorizados para tramitar y obtener un permiso de trabajo válido por el mismo período de tiempo.
El reglamento indicaba que, en el período de tiempo permitido, los titulares debían buscar cualquier otro programa legal vigente para cambiar su estatus o de lo contrario deberían irse del país al término de la estadía permitida. Si no lo hacían el gobierno les iniciaría un proceso de deportación.
En la cancelación del programa, oficializada el 25 de marzo con una publicación en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que otorgaba un período adicional de 30 días hasta el 24 de abril. Y que a partir de esa fecha sólo podían permanecer en el país aquellos tuvieran una base legal de permanencia, ya sea a través de un caso de asilo, una petición familiar de ajuste o a través de un empleador, así como un trámite de petición de Visa U o T. El resto será deportado de “manera expedita”, advirtió el anuncio.
Los argumentos de la demanda
“Nuestras comunidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) hicieron absolutamente todo lo que el gobierno (federal encabezado por Joe Biden) les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en Estados Unidos”. Y que “en lugar de cumplir con su parte del compromiso, el gobierno federal quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Los de la comunidad a quienes servimos merecen la dignidad de un día en la corte, y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”, agregó la activista.
Las organizaciones presentaron la demanda, contra Noem el día antes de la publicación de un Aviso en el Registro Federal, que despojaría de su autorización de trabajo y estatus legal a quienes recibieron la libertad condicional a través del programa de libertad condicional humanitaria CHNV el 24 de abril de 2025.
Dos días antes de la publicación el DHS había filtrado el texto de un borrador que ya se encontraba en el diario oficial estadounidense listo para ser emitido el lunes 25 de marzo.
“Los seres humanos no somos desechables, y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes”, dijo declaró Patrice Lawrence, directora ejecutiva de UndocuBlack Network. “Ese es el núcleo de nuestra resistencia hoy. Las tácticas que se utilizan para negar a las personas en libertad condicional CHNV el debido proceso se están probando en poblaciones vulnerables, solo para expandirse a otros lugares”.
Por su parte, Nick Katz, asesor general de CASA, dijo que “ya sea atacando la ciudadanía por nacimiento, secuestrando a venezolanos y obligándolos a trabajar en campos de trabajo en El Salvador, o despojando a personas de su estatus migratorio, la istración Trump ha demostrado una falta de consideración por nuestras comunidades.
Los argumentos del gobierno
El documento que oficializa la cancelación de la libertad condicional CHNV para 530,000 inmigrantes autorizados para permanecer en Estados Unidos con un permiso de trabajo por parte del gobierno Biden había sido anticipada hace varios días, pero la Casa Blanca en su momento negó rotundamente las versiones de prensa.
Sin embargo, la decisión publicada el lunes indica que los poco más de 110,000 cubanos, 213,000 haitianos, cerca de 100,000 nicaragüenses y alrededor de 120,000 venezolanos a quienes se les permitió ingresar al país una vez aprobado un patrocinador, se trata de “extranjeros inisibles”.
La orden indica que los titulares bajo el amparo de los programas de libertad (CHNV) son extranjeros que no debieron haber entrado al país y, por tanto, “si no tienen un trámite activo de cambio de estatus bajo cualquier otro programa legal disponible 30 días antes de la expiración del beneficio, deberán irse de Estados Unidos y serán deportados”.
El gobierno argumentó que, bajo estos programas de libertad condicional, los beneficiarios potencialmente elegibles debieron haber sido evaluados “caso por caso” para obtener autorización previa para viajar a un puerto de entrada. Y que las autorizaciones debieron haber sido emitidas por “causas humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Entre las razones para cancelar el ‘parole humanitario’, el gobierno dijo que “no representó un beneficio público significativo” y que tampoco “era necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal” en el país.
