El blanco de Trump en la guerra contra los ‘invasores’ son todos los inmigrantes indocumentados
En la guerra declarada por el presidente Donald Trump en contra de los ‘invasores’ extranjeros hay varios objetivos estratégicos y tácticos.
Uno de ellos, como el uso de una narrativa para criminalizar la permanencia indocumentada -hasta antes del 20 de enero todavía una falta de carácter civil-, fue lanzada desde la campaña del 2016; otro sirvió para argumentar los objetivos de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ contenidos en el Proyecto 2025, plan conservador redactado por más de 170 líderes conservadores, entre ellos Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca; Stephen Miller, subdirector de política de la Casa Blanca; y Tom Homan, exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas(ICE) durante la primera istración Trump y actual ‘zar’ de la frontera.
Pero hay uno que muestra hacia donde se dirigen las órdenes, memorandos y discursos lanzados hasta ahora: la deportación de todos los extranjeros sin isión legal en Estados Unidos, además de aquellos que han cometido crímenes o que el gobierno considere que se trata de una amenaza a la seguridad pública o nacional “en el meyor interés” de Estados Unidos.
Eso eleva la meta de campaña del presidente, mencionada varias veces por Homan antes del 20 de enero. El funcionario había dicho primero que durante el primer año el gobierno se enfocaría en cerca de 1 millón de extranjeros con orden de deportación y poco más de 600,000 extranjeros con antecedentes criminales graves.
Pero el 29 de enero, durante una reunión entre Trump y los líderes republicanos en Miami, Florida, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que, en lo que respecta a esta istración, alguien que “viola nuestras leyes de inmigración” se trata de “un criminal”. Y puntualizó: “Y si usted es un individuo, un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, es, por definición, un criminal. Y por lo tanto, usted está sujeto a la deportación”.
La base del ataque contra los inmigrantes
Nueve días antes, al tomar posesión de la presidencia para un segundo mandato, el propio Trump dijo: “Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones, comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata del sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur.
Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de delincuentes extranjeros a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México”.
Entre aplausos de sus partidarios y seguidores en el interior del Capitolio, el presidente agregó: “Pondré fin a la práctica de captura y liberación. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Bajo las órdenes que firmo hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. E invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro Gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”.
Por último, el magnate aseguró que “como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”.
Los argumentos de Trump
La guerra de Trump en contra de los indocumentados fue declarada el primer día de su segundo gobierno. Estados Unidos, según el discurso (o la narrativa del presidente), había sido invadido por un ejército de extranjeros ilegales que se había regado por todos los estados, ciudades y pueblos del país, escondidos principalmente en jurisdicciones santuario. Y de alguna manera, arropado por solemnidad de la Toma de Posesión, Trump convirtió la crisis migratoria, un asunto civil, en una amenaza militar que requería, no solo la respuesta de toda la fuerza federal disponible, sino incluso la militar bajo las órdenes del Departamento de Defensa.
El martes un grupo de cuatro legisladores demócratas enviaron una carta a Trump para expresarle sus preocupaciones y alarma por la forma en que el presidente utilizó el término “invasión” en la Proclama del 20 de enero titulada ‘Garantizando la Protección de los Estados Contra la Invasión’ para referirse a los inmigrantes indocumentados que han llegado al país en los últimos años, la mayoría en busca de asilo. El documento fue firmado por los senadores Dick Durbin (Illinois) y Alex Padilla (California), y los congresistas Jamie Raskin (Maryland) y Pramila Jayapal (Washington).
Los cuatro opositores indican que la proclama plantea dos argumentos jurídicos novedosos. Por una parte, el que el término “invasión”, tal como se utiliza en el Artículo IV de la Constitución, “significa algo más que un ataque armado por parte de una potencia extranjera; mientras que, por otro lado, una “invasión” así definida “activa el poder presidencial unilateral sobre inmigración, incluyendo la facultad de suspender o ignorar leyes que el Congreso ha promulgado debidamente”.
Estas afirmaciones “no solo carecen de fundamento legal y fáctico, sino que también amenazan las libertades civiles y la separación constitucional de poderes”, aseguran, y se abre la puerta a eventuales demandas ante los tribunales de justicia. Y denuncian que, desde que asumió el cargo para un segundo mandato, Trump “ha intentado ampliar el alcance del poder presidencial más allá de lo permitido por la Constitución de Estados Unidos y las leyes federales aplicables”.
Por qué crecen las alarmas
Entre aquello “permitido” por la Constitución y las leyes federales citadas en la misiva, se incluye el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso, uno de los principios fundamentales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y que se define como el conjunto de garantías y derechos que deben ser respetados durante cualquier proceso, y que asegura que las personas sean tratadas con justicia e igualdad sin importar su estatus migratorio.
Los tratados sobre el tema incluyen que el debido proceso, además, contempla derecho a la defensa, a la justicia, garantías de no devolución (al país del cual una persona huye), derecho a la información, asistencia legal, respeto a la vida y derecho a la presunción de inocencia, entre otros.
“Si lo hace sería un tremendo error”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Se trata de una ley que sólo debe usarse en tiempos de guerra y no estamos en tiempos de guerra. Hacerlo es pasar por encima del poder presidencial y contradice las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso”.
Gálvez dice además que “todo indicaría que si lo hace de esta manera es para no cumplir, no usar la ley de inmigración para solucionar la crisis de inmigración que se vive en el país desde hace varias décadas. No estamos peleando ni siendo invadidos por ningún país a propósito o enfrentando una fuerza enemiga hostil que esté haciendo daño a nuestro país con malicia. Es una narrativa equivocada la que está utilizando el gobierno”.
Una decisión peligrosa
Citando fuentes anónimas familiarizadas con el plan de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, el diario The New York Times dijo que el gobierno utilizará estos “poderes de tiempos de guerra para deportar a inmigrantes indocumentados con escaso o ningún debido proceso”. Es decir, colocándolos en procesos expeditos bajo la discreción de los agentes federales y no bajo la decisión de los jueces de inmigración tras una audiencia donde los extranjeros pueden defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
El periódico neoyorquino dijo que el mandatario “quiere atacar a inmigrantes sospechosos de tener vínculos con pandillas”, un recurso que además le permitiría acelerar las deportaciones y con ello cumplir una de sus promesas de campaña para calmar las críticas de sus seguidores.
En la carta enviada por los legisladores demócratas, se advierte además que al haber declarado una invasión el pasado 20 de enero, el presidente abrió la puerta para usar otras autoridades extraordinarias en tiempos de guerra, entre ellas el uso de tropas militares y de la Guardia Nacional para detener, encarcelar y expulsar a extranjeros sólo por el hecho de estar indocumentados, todo ello “sin fundamento fáctico ni legal”, además de que esta invocatoria “amenaza las libertades civiles y la separación constitucional de los poderes” del Estado.
Otra de las graves preocupaciones expresadas tanto por abogados, legisladores como activistas por los derechos de los inmigrantes, es que la invocatoria de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 anula el recurso ‘habeas corpus’, herramienta legal y constitucional que protege la libertad personal de un individuo y que le permite solicitar alte un tribunal la revisión de la legalidad de su detención y, si esta se considera ilegal (el procedimiento que lo privó de libertad), obtener su liberación inmediata.
La mentira de Polk
Un informe elaborado por el Centro de Justicia Brennan, instituto no partidista sobre política y derecho, revela dos momentos en la historia donde fue invocada la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Uno, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó una "invasión" en respuesta al ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor, Hawái, ocurrido el 7 de diciembre de 1941 y que obligó a Estados Unidos a entrar en la II Guerra Mundial. “Al día siguiente, Roosevelt solicitó (al Congreso) y recibió una declaración de guerra contra Japón”.
El segundo caso se registró cuando el presidente James K. Polk también utilizó el término ‘invasión’ cuando le dijo al Congreso que México había enviado una fuerza armada a territorio estadounidense, "derramó sangre estadounidense en suelo estadounidense". El mandatario, entonces, “proclamó que las hostilidades habían comenzado", y solicitó y recibió una declaración de guerra contra México”.
Pero se trataba de un engaño, indica el informe. “Cuando el Congreso descubrió que Polk había mentido sobre el ataque de las fuerzas mexicanas, la Cámara de Representantes, liderada por el entonces representante Abraham Lincoln, aprobó un texto para censurar a Polk por proclamar ‘innecesaria e inconstitucionalmente’ una “Invasión para acrecentar el poder presidencial”.
Tras citar los dos ejemplos, los demócratas que le enviaron la carta a Trump el martes precisaron que la idea de que el presidente “tiene un amplio poder inherente sobre la inmigración que le permite invalidar leyes debidamente promulgadas, es infundada y perjudicial”. Y le advirtieron que “el Congreso, no el presidente, es el poder que tiene la autoridad para crear leyes, incluidas nuestras leyes de inmigración. Y como los tribunales han reconocido desde hace tiempo, el Congreso ha creado un ‘esquema integral que rige todos los aspectos de la inmigración y la naturalización’”.
Por último, la carta recuerda que la función constitucional del presidente “es velar por que nuestras leyes de inmigración se cumplan fielmente”. “Estados Unidos no está siendo invadido, no está en guerra con los migrantes, y ustedes deben defender nuestras leyes de inmigración debidamente promulgadas. Tenemos plena confianza en que los tribunales se mantendrán firmes ante sus ataques a la separación de poderes”, precisaron.
El plan de Trump
La estrategia de Trump fue mostrada el 20 de enero, cuando firmó la orden ejecutiva “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”. En ella, cita que los extranjeros que fueron permitidos entrar al país durante el gobierno anterior (de Joe Biden) (millones de ilegales que cruzaron nuestras fronteras o se les permitió volar directamente a Estados Unidos en vuelos comerciales y establecerse en comunidades estadounidenses, violando leyes federales de larga data), “representan amenazas significativas para la seguridad nacional y la seguridad pública, cometiendo actos viles y atroces contra estadounidenses inocentes”.
Lo que no dice el decreto es que, en uso de sus poderes ejecutivos, Biden autorizó varios programas migratorios, entre ellos la Aplicación Móvil CBP One y Parole Humanitario, bajo el amparo del debido proceso migratorio permitiendo que miles de solicitudes de asilo fueran referidas a los tribunales para que jueces de inmigración decidieran sus futuros en Estados Unidos.
Por el contrario, y sin aportar pruebas, la orden señala que “muchos han abusado de la generosidad del pueblo estadounidense, y su presencia en Estados Unidos ha costado a los contribuyentes miles de millones de dólares a nivel federal, estatal y local”.
Luego detalla que “el gobierno debe “aplicar fielmente las leyes de inmigración contra todos los extranjeros inisibles y susceptibles de deportación, en particular aquellos que amenazan la seguridad del pueblo estadounidense”. Y ordena que “los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) tomarán todas las medidas apropiadas para revocar con prontitud todos los memorandos, directrices u otras políticas basadas en las Órdenes Ejecutivas revocadas en la sección 3(a) de esta orden y emplearán todos los medios legales para garantizar la fiel ejecución de las leyes de inmigración de los Estados Unidos contra todos los extranjeros inisibles y susceptibles de deportación”.
Además de anular todas las prioridades de deportación emitidas durante el gobierno de Biden, el decreto ordena a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y el servicio de inmigración (USCIS), que establezcan prioridades para sus agencias que protejan la seguridad pública y los intereses de seguridad nacional del pueblo estadounidense, incluyendo asegurar la correcta ejecución de las órdenes definitivas de deportación”.
También establece que se debe “priorizar el enjuiciamiento de los delitos penales relacionados con la entrada no autorizada o la presencia no autorizada continua de extranjeros en los Estados Unidos” y adoptar medidas pertinentes “para establecer conjuntamente Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en todos los estados del país”.
Estos grupos, agrega, recibirán “apoyo logístico, de inteligencia y operativo” así como representación de las agencias estatales y locales pertinentes del orden público. Es decir, constituirán la base de la fuerza nacional de deportaciones prometida por Trump durante su campaña.
La orden indica además que “el objetivo de cada HSTF es erradicar la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales en todo Estados Unidos, desmantelar las redes transfronterizas de tráfico y trata de personas, erradicar la lacra del tráfico y la trata de personas, con especial atención a los delitos que involucran a menores, y garantizar el uso de todas las herramientas policiales disponibles para la aplicación rigurosa de las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
El decreto también menciona la disposición de registro, una herramienta obligatoria en vigencia y istrada por la USCIS que exige a cada extranjero mayor de 14 años sin isión en Estados Unidos que entregue al gobierno sus huellas digitales y dirección, de lo contrario serán multados y/o encarcelados y deportados.
Por último, la orden indica que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “tomará todas las medidas apropiadas, de conformidad con la sección 235(b)(1)(A)(iii)(I) de la INA (8 U.S.C. 1225(b)(1)(A)(iii)(I)), para aplicar, a su entera discreción e inapelable, las disposiciones de la sección 235(b)(1)(A)(i) y (ii) de la INA”, que norma las expulsiones expedidas de Estados Unidos de extranjeros considerados inisibles son una audiencia ante un juez, y exige que “no se otorgue autorización de empleo a ningún extranjero no autorizado en Estados Unidos”.
