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Nayib Bukele

Bukele defiende arrestos de activistas: "Me tiene sin cuidado que me llamen dictador"

Bukele dio anoche un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.
Publicado 2 Jun 2025 – 10:01 AM EDT | Actualizado 2 Jun 2025 – 10:05 AM EDT
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo que le tiene "sin cuidado" que lo llamen "dictador", ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las ONGs.

Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

El presidente acusó a las ONG (organizaciones no gubernamentales) en el país de defender a pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un "ataque organizado" contra su gobierno.

"¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles", expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

"Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad", ironizó.

“Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo, su objetivo es generar inestabilidad porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos, los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo”, afirmó.

El estado de excepción, el arma de Bukele contra sus críticos

La Fiscalía salvadoreña acusó a Ruth López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas.

Las organizaciones, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. Sin embargo, nueve de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción, según un reporte de AP.

"Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes", aseguró Bukele.

Según el gobernante, hubo unos "200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas" en más de 30 años que sembraron el terror en el país.

La ley de Agentes Extranjeros de El Salvador

En su discurso del domingo, Bukele también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONGs a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.

Los críticos de esta legislación aseguran que es una “herramienta de control, de censura, característica de gobiernos autoritarios”.

Bukele aseguró que se trata de una ley “para asegurarnos de que los fondos que vienen del extranjero, y que dicen ser para proyectos sociales, realmente se usen para eso: para ayudar a la gente”.

“No estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, simplemente estamos pidiéndoles que se anoten y que paguen impuestos”, declaró y aclaró que quienes quieran llegar a El Salvador a “ayudar de verdad a nuestra gente”, mantendrán el privilegio de no pagar impuestos.

La alianza de Bukele con Trump para recibir deportados de EEUU

Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de ser criminales.

En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado "por error" pese a que tenía una protección legal.

"Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia", dijo Bukele.

Publicista amante de los golpes de efecto, el líder salvadoreño desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

"En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura", declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario.

Esta ONG ha documentado la muerte de 416 personas en custodia de las autoridades, entre ellas 25 mujeres y cuatro bebés que se enfermaron en los penales. El organismo añadió que el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.

Con información de AFP y AP.

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