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Puerto Rico exige a Trump no construir el muro con México a "costa del dolor" que dejó el huracán María

La posibilidad de que, bajo una declaración de emergencia nacional, el presidente saque fondos de emergencia asignado a Puerto Rico, Texas, Florida y California para financiar el muro con México genera la oposición de quienes se verían afectados y plantea una posible batalla legal.
11 Ene 2019 – 02:24 PM EST
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El presidente que él describe como una “crisis humanitaria” y de “seguridad”, pese a que las cifras oficiales no respalden la visión catastrófica que trata de proyectar para justificar la construcción de un muro con México.

El ime con el Congreso por el financiamiento del polémico proyecto que la Casa Blanca considera imprescindible para la seguridad nacional y la oposición demócrata mantiene al gobierno federal parcialmente cerrado desde hace tres semanas.

En los últimos días ha ido creciendo las versiones de que el presidente está considerando decretar la emergencia, como lo autoriza sin limitaciones la Ley Emergencias Nacionales de 1976, para reubicar recursos de algunos departamentos para la construcción de la barrera, aunque la autoridad presidencial para hacer esto último es menos clara.

Medios estadounidenses han informado que uno de los planes que considera la Casa Blanca es desviar fondos de proyectos de ayuda a Texas, California, Florida y Puerto Rico, estados que han sido afectados en los últimos años por una serie de desastres naturales.

De acuerdo con versiones de The Washington Post y The New York Times, el gobierno está analizando específicamente el uso de unos $13,900 millones del presupuesto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que fueron aprobados por el Congreso el año pasado, pero que no han sido usados aún en los proyectos a los que fueron adjudicados en Texas y Puerto Rico. Según esa información, el presidente ha preguntado cuán rápido pueden hacerse las contrataciones y si la construcción puede empezar 45 días después de firmada la emergencia.

Rechazo puertorriqueño

La sola posibilidad, no confirmada oficialmente por la Casa Blanca, ha generado oposición en Puerto Rico, donde sus dos principales autoridades, el gobernador y la representante en Washington expresaron su rechazo a la idea.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, expresó su total rechazo al plan de reasignar fondos de emergencia que ya han sido adjudicados a trabajos de recuperación del paso del huracán María en 2017 pero que no han sido totalmente ejecutados.

“Ningún muro debería ser financiado a costa del dolor y el sufrimiento de ciudadanos estadounidenses que han resistido tragedia y pérdidas por desastres naturales. Eso incluye a aquellos ciudadanos que viven en California, Texas, Puerto Rico, Islas Vírgenes y otras jurisdicciones. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes”, escribió Roselló este viernes en su cuenta Twitter.

En otro mensaje, el gobernador puertorriqueño pidió a presidente aclarar las versiones de los medios. Roselló también difundió una foto de su reunión con la comisionada residente de Puerto Rico en Washington DC, Jenniffer González, con quien se reunió en San Juan.

La comisionada, quien representa al estado libre asociado en el Congreso federal, pero que carece de derecho de voto, también criticó la idea de que se destinen fondos asignados a trabajos en la isla para llevarlos a la frontera sur.

"La crisis humanitaria de la frontera sur de los Estados Unidos, identificada tanto por el presidente Obama y el presidente Trump, no puede ser resuelta quitando dinero aprobado para mitigación de desastres en Puerto Rico a costa de los ciudadanos americanos más pobres, tratados con total desigualdad", dijo González.

"Como comisionada residente rechazo vehementemente ese juego con nuestro dolor y esperanzas. El Congreso aprobó y el presidente Trump firmó esas asignaciones con un propósito expreso y nuestro pueblo no merece ese trato", añadió.

Sin muro ni acuerdo

Bajo una declaratoria de emergencia nacional el presidente puede desviar el dinero no gastado de los proyectos. Un alto funcionario de la istración, que habló con The New York Times bajo la condición de anonimato, cuestionó la legalidad del uso de fondos del Cuerpo del Ejército, advirtiendo que estaría sujeto a restricciones en virtud de la Ley Stafford, que rige la asignación de recursos federales de socorro en casos de desastre.

"Eso sería una parodia", dijo en una entrevista el representante Peter A. DeFazio, demócrata de Oregón y presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

Este jueves, en su viaje a la McAllen, Texas, en la frontera con México, el presidente indicó que podría recurrir a ella si el Congreso, cuya Cámara Baja está controlada por los demócratas, no aprueba los fondos para el muro.

“Si no tenemos un acuerdo con el Congreso, muy probablemente haré eso (…) No puedo imaginar una razón por la cual no (hacerlo) porque estoy autorizado a hacerlo. La ley está 100 por ciento de mi parte”, aseguró Trump en una entrevista la noche del jueves con el canal de noticias Fox.


Las negociaciones parecen estar en punto muerto ya que ninguna de las partes está dispuesta a salirse de sus posiciones. La situación se resume en la declaración del vicepresidente, Mike Pence, de “sin muro no hay acuerdo” y la rotunda negativa expresada a diario por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a siquiera considerar fondos para el proyecto.

Mientras ninguna de las partes afloja sus posiciones, más de 800,000 trabajadores federales no pudieron cobrar sus sueldos este viernes, aunque más de la mitad de ellos han tenido que seguir asistiendo a sus puestos de empleo por tener funciones “esenciales”.

El único consuelo que pueden tener esos funcionarios es que el jueves el Senado pasó por unanimidad una legislación que garantiza que cobrarán retroactivamente sus sueldos cuando el gobierno vuelva a abrir sus puertas.

¿Una respuesta en las cortes?

De acuerdo con lo que han indicado fuentes demócratas del Congreso a Univision Noticias, la respuesta a una eventual declaración de emergencia sería desafiar las bases legales para caracterizar la situación fronteriza y además destacar los riesgos para los proyectos de los que serían desviados los fondos de emergencia.

Una posibilidad es que el Congreso demande al Ejecutivo ante las cortes, aunque algunos debaten si el poder legislativo tiene la entidad legal para iniciar esa acción o si deben ser las autoridades locales las que asuman la iniciativa.

Pelosi no ofreció pistas de cuál sería la estrategia para responder a la Casa Blanca.

“Si el presidente hiciera eso , ya verán cómo reaccionaremos. Pero pienso que el presidente tendrá problemas entre los suyos si explota la situación de una manera que refuerza su poder”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes en referencia a las críticas que han expresado algunos republicanos sobre la conveniencia de emitir un decreto que puede ser presentado como un intento de anular la autoridad del Congreso.

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