Oklahoma quiere obligar a los padres a probar el estatus migratorio de sus hijos para matricularlos en escuelas públicas
Los padres que matriculen a sus hijos en las escuelas públicas de Oklahoma deberán presentar pruebas de la ciudadanía estadounidense o de un estatus migratorio legal de sus hijos, según una norma aprobada el martes por la Junta Estatal de Educación.
La junta votó por unanimidad para aprobar la medida, que busca apoyar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Todavía necesita ser aprobada por la Legislatura y el gobernador.
Esto es lo que debes saber sobre la polémica propuesta:
¿Qué exige la propuesta de Oklahoma?
La norma exige que los padres o tutores legales proporcionen una prueba de la ciudadanía de sus hijos al inscribirlos en una escuela pública, u otra prueba de su estatus migratorio legal: ya sea un certificado de nacimiento de EEUU, un pasaporte de EEUU, un informe consular de nacimiento en el extranjero, una tarjeta de residente permanente u otro documento legal.
La propuesta no impediría que los que no tengan estatus legal se inscribieran ni que asistieran a la escuela. Pero exigiría a los distritos que registren el número de estudiantes para los que no se proporcionó una prueba de ciudadanía y que informen de esas cifras, excluyendo la información de identificación personal, al Departamento de Educación del Estado de Oklahoma.
¿Qué buscan en Oklahoma
con esta medida?
El superintendente estatal republicano Ryan Walters, responsable de la cartera de Educación del estado, dijo que la norma es necesaria para ayudar a las escuelas a recopilar información sobre dónde colocar personal y recursos.
"Nuestra norma sobre la contabilidad de la inmigración ilegal es simplemente eso", dijo Walters. " Es para contabilizar cuántos estudiantes de inmigrantes ilegales hay en nuestras escuelas".
Según el Migration Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Washington DC centrado en mejorar las políticas migratorias, se estima que hay 90,000 residentes de Oklahoma sin estatus legal, incluidos unos 6,000 niños matriculados en escuelas del estado.
Reacciones a la propuesta de Oklahoma de exigir una prueba de estatus migratorio de sus alumnos
Mientras la junta se reunía, cientos de estudiantes y manifestantes se reunieron fuera del edificio de la istración para protestar por la medida.
El plan ha sido duramente criticado por los maestros y los grupos de libertades civiles, y está causando miedo dentro de las comunidades inmigrantes de Oklahoma, dijo el representante Arturo Alonso-Sandoval, un demócrata que representa la zona sur de Oklahoma City, predominantemente hispana.
“La comunidad está asustada, obviamente”, dijo Alonso-Sandoval. “Las conversaciones que he tenido con los padres, todo lo que están haciendo es tratar de proporcionar la mejor oportunidad para sus hijos, como cualquier padre. Están empezando a preguntarse: ¿Debo cancelar la matrícula de mi hijo en la escuela?”.
Javier Terrazas, un trabajador de la construcción del sur de Oklahoma City con una hija en edad escolar primaria, dijo que ha notado lo temerosos que están algunos residentes cuando van a buscar a sus hijos.
“Ver las caras de los padres, la mirada de miedo cuando voy a buscar a mi hija”, dijo mientras protestaba por la decisión de la junta. “Todo el mundo está mirando por encima del hombro. Nunca había visto eso. Es desgarrador”, agregó.
En las Escuelas Públicas de Oklahoma City, uno de los distritos más grandes del estado, la superintendente Jamie Polk dijo en una carta a los padres y al personal el mes pasado, después de que se propusiera la norma por primera vez, que la ley federal garantiza el derecho de todos los niños a una educación pública, independientemente de su estatus migratorio.
“OKS no recopila, ni tenemos planes de hacerlo, el estatus migratorio de nuestros estudiantes o sus familias”, dijo.
¿Qué hará Oklahoma con la información migratoria de los alumnos?
Walters ha dicho que apoyará los esfuerzos de Trump para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluso permitiendo que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a las escuelas.
Reiteró esa posición el martes, diciendo que el departamento está listo para compartir cualquier información de inmigración que recopile con los socios de las fuerzas del orden.
"Si un funcionario de las fuerzas del orden viene y pide información, estamos legalmente obligados a proporcionar esa información", dijo. "Si vienen y nos piden cierta información, con gusto se la proporcionaremos".
Walters ha pasado gran parte de su primer mandato en el cargo atacando lo que describe como "ideología woke" en las escuelas públicas, exigiendo que se enseñe la Biblia en las aulas e intentando prohibir libros en las bibliotecas escolares.
¿Qué dice la ley actual?
Un fallo de 5 a 4 de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, conocido como Plyler vs. Doe, afirmó el derecho de los niños que viven en el país ilegalmente a asistir a las escuelas públicas, aunque algunos legisladores conservadores han cuestionado si los inmigrantes sin residencia legal deberían tener derecho a una educación pública.
Alabama intentó exigir a las escuelas públicas que preguntaran sobre el estatus migratorio de los estudiantes como parte de una amplia ley de inmigración en 2011, pero el estado finalmente aceptó bloquear permanentemente esas disposiciones después de que un tribunal federal de apelaciones las suspendiera temporalmente.
Los expertos en inmigración dicen que los intentos de socavar la decisión Plyler deben tomarse en serio, y señalan recientes fallos de la Corte Suprema que han anulado precedentes de larga data sobre los derechos al aborto y la acción afirmativa en la educación superior.
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