4 preguntas para entender qué supone que la Cámara de Representantes haya declarado en desacato al Congreso al fiscal general, Merrick Garland
Merrick Garland se convirtió este miércoles en el tercer fiscal general en la historia de Estados Unidos declarado en desacato al Congreso.
Con su votación a favor en la Cámara de Representantes, los republicanos siguieron adelante en su plan de tratar de procesar a Garland por negarse a entregar el audio de una entrevista relacionada con el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden.
El desacato es uno de los poderes políticos más polémicos de los legisladores estadounidenses y, hasta hace pocos años, el menos utilizado.
Se trata de una herramienta que la Cámara y el Senado pueden emplear para obligar al cumplimiento de una citación o para eliminar cualquier obstrucción de una investigación en curso.
Al aprobar la resolución por desacato, la Cámara recomendó que Garland fuera procesado.
Casos recientes contra aliados del expresidente Donald Trump como Peter Navarro han demostrado que una resolución de este tipo está lejos de ser simbólica y puede crear la base para un caso que podría llegar a los tribunales.
Estas son algunas preguntas sobre la acusación por desacato a Garland y toda la polémica que está por venir.
1. ¿Por qué los republicanos presionan para declarar en desacato a Garland?
Conseguir acusar a Garland de desacato es apenas el último movimiento de los republicanos contra el Departamento de Justicia.
Los legisladores republicanos siguieron adelante con la acusación de desacato a Garland por negarse a cumplir con una citación del Congreso como parte de su investigación sobre la decisión del fiscal especial Robert Hur de no acusar a Biden de ningún delito en una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del actual presidente.
El grupo de representantes del partido del expresidente Trump exigió al Departamento de Justicia que entregara el audio de las entrevistas de Hur con Biden a principios de abril.
Pero los funcionarios entregaron solo algunos materiales. No facilitaron el audio de la entrevista de Biden y advirtieron sobre el precedente que se sentaría para futuras investigaciones si se proporcionaba.
El último día para cumplir con la citación, la Casa Blanca bloqueó la publicación del audio invocando el privilegio ejecutivo y asegurando que los republicanos en el Congreso sólo querían las grabaciones “para editarlas” y usarlas con fines políticos.
El privilegio ejecutivo otorga a los presidentes el derecho a limitar la información que ofrecen a los tribunales, al Congreso y al público para proteger la confidencialidad de su toma de decisiones, aunque puede ser impugnada ante los tribunales.
Garland ha defendido la labor del Departamento de Justicia, diciendo que ha hecho todo lo posible para proporcionar la información necesaria a los legisladores.
"Ha habido una serie de ataques sin precedentes y francamente infundados contra el Departamento de Justicia", dijo el mes pasado.
"Esta solicitud, este esfuerzo por utilizar el desacato como método para obtener nuestros archivos confidenciales de aplicación de la ley, es tan solo el último (de los ataques)".
2. ¿Qué es el desacato al Congreso?
El desacato al Congreso es un mecanismo de aplicación por parte de los legisladores estadounidenses que está recogido en el código legal.
Bajo la ley de EEUU, se considera un delito menor el incumplimiento intencional de una citación del Congreso para presentar documentos o testimonios, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
Sin embargo, un voto de desacato por parte de la Cámara o el Senado es solo el comienzo de un posible proceso legal.
Corresponde después a los fiscales convertir una resolución por desacato en un caso específico, y es después tarea del jurado decidir si una persona es culpable de un delito.
Algunas resoluciones de desacato nunca se acaban aplicando.
3. ¿Cuál es el proceso para declarar a alguien en desacato?
El desacato suele comenzar con la presentación de una resolución en el comité de jurisdicción.
En el caso de Garland, los comités de Asuntos Judiciales y de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes presentaron informes de desacato.
El siguiente paso sería que la Cámara de Representantes en pleno adoptara el informe mediante una votación mayoritaria, similar a lo que ocurrió este miércoles con una votación que resultó en 216 votos frente a 207.
Luego, sería enviado al Departamento de Justicia. El Senado no tiene que aprobar la resolución, ya que cada cámara del Congreso tiene su propio poder de ejecución.
La última vez que un fiscal general fue acusado de desacato fue en 2019. La Cámara de Representantes, controlada entonces por los demócratas, votó contra el fiscal general Bill Barr por negarse a entregar documentos relacionados con una investigación del fiscal especial sobre Trump.
Años antes, durante el gobierno del presidente Barack Obama, el entonces fiscal general demócrata Eric Holder fue acusado de desacato en relación con la operación de tráfico de armas conocida como “Operación Rápido y Furioso”.
En todos estos casos, el Departamento de Justicia no tomó ninguna medida contra el fiscal general.
4. ¿Cuáles son las penas por ser declarado en desacato?
Las votaciones por posible desacato se han vuelto más frecuentes en los últimos años, con graves repercusiones para los acusados.
Si el Departamento de Justicia decide aceptar la resolución de desacato y continuar con el caso, el castigo puede ser de una multa de hasta $100,000 y prisión "por no menos de un mes ni más de doce meses", según el Servicio de Relaciones Comunitarias.
Hace solo unos días, un juez ordenó a Steve Bannon, un cercano aliado de Trump, iniciar el 1 de julio su pena de cárcel de cuatro meses tras haber sido declarado culpable de desacato al Congreso en 2021 por negarse a cumplir con una citación del comité de la Cámara.
Peter Navarro, asesor comercial de Trump, se entregó a la cárcel en marzo para empezar a cumplir su sentencia de cuatro meses por negarse a cooperar en la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.
Sin embargo, incluso para aquellos que consiguen evitar ser procesados, una resolución de desacato al Congreso sigue siendo una marca imborrable en su trayectoria.
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