Disturbios en Charlottesville: jurado ordena a líderes de extrema derecha pagar $26 millones en daños
Un jurado ordenó este martes a los líderes de la extrema derecha pagar unos $26 millones en daños por la violencia que estalló durante la manifestación 'Unite the Right' de 2017 en Charlottesville, en el que murió una persona y otras 35 resultaron heridas.
Durante el juicio civil, que duró un mes, el jurado se estancó en dos reclamos, pero encontró a los nacionalistas blancos y grupos ultraderechistas responsables de otros cuatro cargos. La demanda fue presentada por nueve personas que sufrieron lesiones físicas o emocionales durante los dos días de manifestaciones.
La abogada Roberta Kaplan aseguró que los abogados de los demandantes planean volver a presentar la demanda para que un nuevo jurado pueda decidir sobre las dos cuestiones en las que en este proceso no se pudo llegar a un veredicto. “Eso envía un mensaje fuerte”, dijo Kaplan.
Pese a que dos de los planteamientos de los demandantes quedaron aún pendientes, el veredicto es interpretado como una reprimenda al movimiento nacionalista blanco y otros grupos extremistas, particularmente a las dos decenas de personas y organizaciones que fueron acusadas en una demanda federal de orquestar la violencia contra negros, judíos y otras minorías en una conspiración que -afirman- fue meticulosamente planificada.
El líder nacionalista blanco Richard Spencer prometió apelar, diciendo que “toda la teoría en que se basa ese veredicto es fundamentalmente defectuosa”. Añadió que los abogados de los demandantes dejaron en claro antes del juicio que querían usar el caso para llevarlo a la bancarrota a él y a otros acusados.
“Fue activismo por medio de juicios, y eso es absolutamente indignante”, dijo. “Estoy bien en este momento porque había aceptado en mi corazón lo peor que podía pasar. Tenía esperanzas, por supuesto, pero no estoy ni muy sorprendido ni abatido”.
Los demandantes invocaron la “Ley del Ku Klux Klan”
Los abogados de los demandantes invocaron una ley de 150 años aprobada después de la Guerra Civil para proteger a los esclavos liberados de la violencia y proteger sus derechos civiles.
Comúnmente conocida como la Ley del Ku Klux Klan, la ley contiene una disposición raramente utilizada que permite a ciudadanos demandar a otros por violaciones de los derechos civiles.
Cientos de nacionalistas blancos acudieron a Charlottesville para la manifestación Unite the Right el 11 y 12 de agosto de 2017, en teoría, para protestar contra los planes de la ciudad de retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee.
Durante una marcha por el campus de la Universidad de Virginia, grupos neonazis, extremistas y racistas corearon arengas como: “Los judíos no nos reemplazarán”, además de rodear a los contramanifestantes, a quienes arrojaron antorchas tiki.
Al día siguiente, James Alex Fields Jr., irador declarado de Adolfo Hitler, embistió su auto a toda velocidad hacia una multitud de quienes manifestaban contra el racismo, matando a una mujer de 32 años, Heather Danielle Heyer, e hiriendo a 35 más.
El entonces presidente Donald Trump no condenó los actos de los ultraderechistas, e incluso dijo que había “gente muy buena en ambos lados”.
El conductor del automóvil cumple cadena perpetua por asesinato y crímenes de odio. Fields es uno de los 24 acusados nombrados en la demanda financiada por Integrity First for America, una organización de derechos civiles sin fines de lucro formada en respuesta a la violencia en Charlottesville.
La demanda acusó a algunos de los ultraderechistas más conocidos del país de planear la violencia, incluido Jason Kessler, el principal organizador de la manifestación; Spencer, quien acuñó el término “alt-right” para describir a una banda de nacionalistas blancos, neonazis y otros grupos de ideología ultraderechista; y Christopher Cantwell, un supremacista blanco que se hizo conocido como el “crying nazi” (“nazi llorón”) por publicar un video lleno de lágrimas cuando se emitió una orden para su arresto por cargos de agresión por usar gas pimienta contra manifestantes.
El juicio contó con testimonios emotivos de personas atropelladas por el automóvil de Fields o que presenciaron los ataques, así como de demandantes que fueron golpeados o sometidos a burlas racistas.
Melissa Blair, quien fue empujada a un lado cuando el auto de Fields se estrelló contra la multitud, describió el horror de ver a su prometido sangrando en la acera y luego enterarse de que su amiga, Heather Heyer, de 32 años, había muerto arrollada.
“Estaba confundida. Estaba asustada. Estaba preocupada por toda la gente que estaba allí. Fue una escena de terror total. Había sangre por todas partes. Estaba aterrorizada”, dijo Blair, quien se echó a llorar varias veces durante su testimonio.
Durante su testimonio, algunos de los acusados usaron epítetos raciales y expresaron su apoyo a la supremacía blanca.
También se culparon entre sí y al movimiento político antifascista conocido como “antifa” por la violencia que estalló ese fin de semana.
En los alegatos finales ante el jurado, los acusados y sus abogados trataron de distanciarse de Fields y dijeron que los demandantes no habían probado que conspiraran para cometer actos violentos en la concentración.
Los abogados de los demandantes mostraron al jurado una amplia colección de intercambios en salas de chat, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales de los acusados para demostrar el alcance de sus comunicaciones antes de la reunión que luego se tornó violenta y tratar de demostrar su afirmación de que planearon la violencia con mucha anticipación.
“Si quieres tener la oportunidad de romper algunos cráneos de Antifa en defensa propia, no exhibas armas", escribió Kessler en un mensaje unos dos meses antes. “Los asustarás muchísimo y simplemente se apartarán a un lado”.
Los nacionalistas blancos sostuvieron que no hubo conspiración y que su discurso antes de la manifestación era solo retórica y está protegido por la Primera Enmienda.
Antes del juicio, el juez Norman Moon emitió sentencias por defecto contra otros siete acusados que se negaron a responder a la demanda. El tribunal decidirá los daños y perjuicios contra esos acusados.
