Un juez federal frena temporalmente el fin del TPS para los venezolanos ordenado por el gobierno de Trump
Un juez federal frenó temporalmente este lunes los planes del gobierno de Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que quedaran sin estatus legal en Estados Unidos.
La orden del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, es un alivio para 350,000 venezolanos cuyo TPS estaba vigente hasta el 7 de abril. La demanda fue presentada por los abogados de la Alianza Nacional de TPS y varios afectados por el fin del beneficio en todo el país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también ha anunciado el fin del TPS para unos 250,000 venezolanos más en septiembre.
Chen dijo en su fallo que la acción del gobierno "amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica”.
El juez consideró que el gobierno no había identificado ningún "daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos" y que los demandantes probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones de Noem "no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por un ánimo inconstitucional".
Chen, que fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, dijo que su orden se aplica a nivel nacional. Dio al gobierno una semana para presentar una apelación y a los demandantes una semana para presentar un pedido para frenar el fin del TPS de 500,000 haitianos en agosto. Alejandro Mayorkas, el anterior secretario de Seguridad Nacional, había ampliado esas protecciones hasta 2026.
Los argumentos del gobierno para revocar el TPS no convencen al juez
Para revocar la extensión del TPS a los venezolanos, el gobierno de Trump ha argumentado además que este beneficio —así como el 'parole' humanitario— motivó una mayor migración procedente de Venezuela por la frontera sur.
Sin mostrar evidencias, el gobierno ha asegurado que de la banda venezolana Tren de Aragua, catalogada como una organización terrorista, han optado por venir a Estados Unidos y aprovecharse del TPS para permanecer de forma legal.
Chen explicó en una audiencia la semana pasada que reclamos constitucionales pueden ser revisados judicialmente cuando alegan "animadversión racial o étnica".
El gobierno defendió que la decisión de Noem de terminar el TPS para los venezolanos de la designación de 2023 estuvo basada "explícitamente" en el interés nacional de proteger al país de presuntos del Tren de Aragua.
Para el juez, esa conexión no es tan obvia. "¿Cuál es la conexión entre extender o no el TPS para aquellos que ya están aquí y el interés nacional de no facilitar entradas ilegales?", cuestionó. "Estoy tratando de entender la perspectiva de seguridad nacional (...) y que no queremos fomentar la entrada ilegal a Estados Unidos (...) Pero me cuesta entender ¿cómo se cancela el estatus de quienes están en el país, cómo se extiende o no? ¿Cómo afecta eso la entrada ilegal?", continuó. La abogada del gobierno respondió que ese no es un tema que debe ser revisado por la corte.
Los abogados de los beneficiarios del TPS consideraron que en otras decisiones se concluyó que, porque una persona de un país cometa un crimen, no puede hablarse de un problema de seguridad nacional. Defendieron que hasta la fecha no hay evidencia de que un tepesiano venezolano haya cometido un delito o sea parte de la organización criminal Tren de Aragua.
"Es un paquete de mentiras", dijo el abogado de los tepesianos al recordar que en el incidente de violencia en el complejo de apartamentos de Aurora, en Colorado, no se halló relación de los implicados con el Tren de Aragua. Recordaron también las veces que Noem catalogó de "basuras" a los venezolanos fichados —sin suficiente evidencia, según abogados y organizaciones— como de la banda o cuando insistió —igual que Trump— en que Venezuela estaba vaciando sus cárceles y centros de enfermos mentales para enviarlos a Estados Unidos.
Ante estos argumentos, el juez Chen le dio la palabra al gobierno. Les preguntó si esas afirmaciones no "parecen difamar a todo un grupo de más de 600,000 venezolanos que están aquí. ¿No es eso casi la definición de racismo?", les preguntó. "Se crea un estereotipo generalizado sobre todo un grupo y luego se actúa al respecto, cuando realmente parece no haber fundamento para esa generalización", prosiguió en su cuestionamiento.
La abogada del gobierno respondió de forma evasiva. Dijo que debía ponerse atención es en las razones planteadas en el texto con la revocación, pero el juez insistió. Volvió a preguntarle si esas aseveraciones no pueden ser consideradas como un "estereotipo racial". Ella insistió en que los abogados de los demandantes sacaron las palabras de Noem de contexto y que ella sólo se refirió como "basura" a los del Tren de Aragua.
El pasado lunes, Trump cuestionó la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de expulsar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, lanzando sus críticas solo horas antes de que su gobierno pidiera a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.
La istración de Trump también informó que revocará las protecciones temporales para más de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada 'parole humanitario', que Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.
Esta nota contiene información de contexto de la periodista Patricia Clarembaux.
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