Los estados que quieren prohibir o dificultar que niños indocumentados vayan a escuelas públicas
Donald Trump parece estar decidido a no dejar el sector educativo fuera de sus esfuerzos por luchar contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos.
Lo dejó claro cuando, apenas un día después de regresar a la Casa Blanca, su gobierno rompió con políticas anteriores y autorizó a agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a realizar arrestos en lugares considerados “sensibles”, tales como escuelas e iglesias.
Este miércoles, Denver se convirtió en el primer distrito escolar en el país que presentó una demanda para mantener a los agentes federales fuera de sus escuelas públicas y evitar cualquier posible redada en sus centros.
Entre otras cuestiones, alegaron que el anuncio del gobierno ha provocado una caída en picado de la asistencia a las aulas por parte de niños cuyas familias temen salir de casa por si son detenidas y deportadas.
Sin embargo, algunos estados liderados por republicanos están yendo más allá con la presentación de proyectos de ley para prohibir directamente que alumnos indocumentados puedan acudir a las escuelas públicas, o bien ponerles algún tipo de obstáculo.
Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que este derecho está respaldado por la Corte Suprema. En el caso Plyler v. Doe de 1982, los magistrados determinaron en un fallo de 5 a 4 que es inconstitucional negar a los niños una educación pública gratuita en función de su estatus migratorio.
Los proyectos de algunos estados conservadores, en cambio, contradicen esta decisión y, si finalmente ven la luz, tendrían enormes consecuencias para el presente y futuro de los niños indocumentados que viven en EEUU.
Tennessee e Indiana: proyectos para negar la matrícula de indocumentados en escuelas públicas
En Tennessee, legisladores republicanos presentaron una propuesta que permitiría a los distritos escolares locales y a las escuelas concertadas optar por no matricular a un niño que se encuentre “ilegalmente presente” en el país.
“Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, dijo el representante William Lamberth, un republicano que apoya el proyecto de ley. “Nuestra obligación es garantizar una educación de alta calidad para los residentes legales en primer lugar”.
La legislación no ha avanzado hasta ahora, pero en 2022 ya fue rechazada una propuesta muy similar. En ese momento, el Departamento de Educación de Tennessee se opuso al subrayar que la propuesta violaba el precedente de la Corte Suprema.
Ante preguntas de periodistas, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo este miércoles que no había revisado la ley propuesta y que no hablaría sobre si está de acuerdo o no con ella.
Sin embargo, sí firmó ese mismo día una ley que permitirá a miles de estudiantes en el estado acceder a vales para cubrir el coste de la matrícula en escuelas privadas, pero a lo que no podrán acceder quienes “no puedan demostrar la presencia legal del estudiante” en EEUU, se lee en la norma.
Por su lado, en la Cámara de Representantes del estado de Indiana se presentó un proyecto de ley en enero que busca que los distritos escolares tengan la facultad de negar la inscripción a inmigrantes indocumentados “si la corporación escolar determina por una preponderancia de la evidencia” que el alumno “está presente en EEUU en violación de la ley”.
El proyecto también exige que las escuelas informen a las autoridades estatales sobre diferentes cuestiones como el número de estudiantes indocumentados en el centro, cuál es su tasa de asistencia, si estudian inglés o cuántos de los profesores imparten clases de manera bilingüe.
El proyecto, presentado por el legislador republicano Jim Lucas, también contempla otorgar al fiscal general del estado la responsabilidad de defender a las escuelas en caso de que enfrenten demandas por negarse a matricular alumnos en el marco de este proyecto de ley.
Texas y Oklahoma: proyectos para obligar a escuelas públicas a informar sobre alumnos indocumentados
En los estados de Texas y Oklahoma, por su parte, se presentaron proyectos de ley que, si bien no autorizan a las escuelas a rechazar la matrícula de alumnos con base en su estatus migratorio, sí obliga a informar sobre la presencia de niños indocumentados en sus aulas.
En el escenario actual, muchas familias temen que el identificar así el estatus de sus hijos en las escuelas facilitará su localización y podrían ser objeto de redadas por parte de agentes migratorios.
Greg Abbott, gobernador de Texas y parte del ala más conservadora del Partido Republicano, ha cuestionado en numerosas ocasiones el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho de niños indocumentados a recibir educación gratuita.
Según el proyecto de ley presentado, los distritos escolares de Texas deberán contabilizar desde el curso próximo a los niños que saben o “creen razonablemente” que no son ciudadanos estadounidenses y contempla que el estado pida al gobierno federal el reembolso del coste anual de educar a estos estudiantes.
En Oklahoma, el proyecto presentado por el superintendente estatal republicano Ryan Walters exigiría presentar pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio legal de los alumnos en el momento de ser matriculados.
Igualmente en este caso, no permitiría prohibir a los estudiantes indocumentados el asistir a la escuela, pero sí obligará a los distritos a realizar un censo de estos alumnos y a compartirlo con el Departamento de Educación del estado.
La medida de Oklahoma ya fue aprobada por la Junta de Educación estatal, por lo que ahora deberá ser refrendada por los legisladores y el gobernador antes de entrar en vigor.
Sin embargo, el gobernador Kevin Sitt, quien también es republicano, aseguró este miércoles que detendrá esta iniciativa y, aunque dijo ser un firme oponente de la inmigración ilegal, señaló que los legisladores deben centrarse en perseguir a quienes cometen delitos estando en el país ilegalmente.
"Recopilar las direcciones y el estatus migratorio de niños de 6, 7 u 8 años en el estado de Oklahoma no es un problema de seguridad pública", dijo Stitt.
"Vamos a perseguir a las personas que están cometiendo delitos. No aterroricemos ni hagamos que nuestros niños no vayan a la escuela", concluyó.
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