Congresistas exigen investigar separaciones forzadas de familias en la frontera sur
El Caucus Hispano del Congreso exigió al gobierno de Joe Biden investigar denuncias sobre separaciones forzadas de familias migrantes en la frontera entre Texas y México, similares a las realizadas durante el gobierno anterior y que afectaron a miles de extranjeros que huyeron de sus países y buscaban asilo en Estados Unidos.
La exigencia fue planteada en una carta dirigida a los secretarios de Justicia, Merrick Garland, y de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. En ella, los congresistas piden a ambos secretarios que inicien de inmediato una investigación y “tomen medidas concertadas para garantizar que los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dejen de separar intencionalmente a las familias migrantes a lo largo del sector de Río Grande”.
A principios de agosto medios de Texas reportaron que las autoridades del estado bajo el mando del gobernador Greg Abbott (republicano) era el centro de una creciente ola de críticas por ahogamientos registrados en el Río Grande (Río Bravo) debido a la instalación de un muro de boyas flotantes instalado para detener la inmigración indocumentada.
Las criticas también fueron dirigidas a la actuación de los agentes del DPS quienes han estado separando familias a lo largo del río que divide a Estados Unidos con México.
Según las denuncias, las familias llegaron a la frontera entre ambos países y cruzaron el río juntas con la intención de entregarse a las autoridades federales de inmigración. Pero según un informe exclusivo del periódico Houston Chronicle, los agentes del DPS habían separado al 3 de agosto a al menos dos docenas de familias.
De acuerdo con los informes de prensa, a los papás los separaron del grupo familiar tras levantarles cargos criminales por allanamiento de morada. El resto de la familia, cónyuges e hijos menores de edad, fueron transferidos a la custodia de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno de Donald Trump, entre enero de 2017 y enero de 2021, utilizó la misma estrategia. Los fiscales fronterizos, tras orden emitida por el entonces fiscal general Jeff Sessions, levantaron cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos a los padres para de esa forma arrebatarles a sus pequeños. Cientos de esos padres, al término de los procesos criminales, fueron deportados solos a sus países de origen y todavía ahora, más de dos años y medio de la salida de Trump, unas 1,000 familias continúan separadas.
Qué dice la carta del Caucus Hispano
Los congresistas escribieron que el DPS “ha confirmado que están separando familias” luego de arrestarlas y “encarcelar a los hombres” que cruzaron la frontera con sus esposas e hijos como parte de la Operación Estrella Solitaria.
El pasado 3 de agosto separando a familias migrantes a lo largo de la frontera con México deteniendo a padres acusados de allanamiento y entregando a madres e hijos a funcionarios federales, según informaciones proporcionadas por el DPS.
Las separaciones marcan un cambio con respecto a comentarios anteriores de los líderes de la policía estatal de Texas, quienes aseguraron que las familias “deberían permanecer juntas” y ser remitidas a funcionarios federales de inmigración.
Sin embargo, los legisladores advierten que las separaciones “parece ser un intento del gobernador Abbott de reinventar las políticas crueles e impopulares de la anterior istración y es una flagrante contradicción con los esfuerzos del gobierno de Biden para mantener a las familias juntas”.
“Instamos al DHS a reunir a estas familias y garantizar que los casos de inmigración de las familias procedan juntos”, puntualiza la misiva.
Datos recabados por el Caucus
La carta enviada al fiscal general Garland y al secretario Mayorkas menciona que, durante una reciente visita de del Caucus al sector del Río Grande, comprobaron que los agentes del DPS “han separado al menos 26 familias tras arrestar a los padres por allanamiento de morada y encarcelarlos en una prisión estatal desde el 10 de julio”.
Las familias informaron que los funcionarios del DPS les dijeron que se reunirían más tarde en custodia de inmigración, “pero siguen separados”. Y que durante la visita al terreno los congresistas fueron informados por defensores de los derechos civiles locales con conocimiento de las separaciones, que las familias afectadas “están viviendo en condiciones penitenciarias horrendas y posiblemente están siendo informados de sus opciones legales de manera que podría decirse que coacciona un curso de acción específico”.
“Por ejemplo, los de CHC se enteraron de que a los migrantes se les decía que podían esperar de 6 a 9 meses en la cárcel o, si querían, reunirse con sus familias, podrían declararse culpables y salir bajo fianza automáticamente”, indicaron.
La carta precisa que la prisión preventiva por un delito menor de clase B en cualquier otro lugar de Texas “es de 1 a 3 días en la cárcel”, pero los inmigrantes están recluidos “varios meses en condiciones deplorables”.
A su vez, agregan que, dado que la mayoría de estas personas tienen poco o ningún apoyo legal, “no entienden de qué están itiendo culpabilidad o cómo afectará su estatus migratorio” en el futuro inmediato durante sus casos de asilo.
“De ser cierto, es posible que se estén violando sus derechos al debido proceso migratorio”, puntualizaron.
La carta concluye solicitando a ambos secretarios “acelerar cualquier investigación en curso de estas alegaciones y, si se respetan los derechos al debido proceso”. Y en caso de que se descubran violaciones, “que tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de las personas detenidas y trabajar con el DHS para identificar a aquellos cuyos derechos fueron violados y reunirlos con sus familias”.
