Jurado halla responsable a Chiquita Brands International de asesinatos perpetrados por paramilitares en Colombia
Un jurado del sur de Florida dictaminó que la gigante bananera Chiquita Brands International es responsable de ocho asesinatos perpetrados por un grupo paramilitar que la compañía ayudó a financiar en Colombia durante el conflicto interno del país.
El jurado ordenó a la multinacional pagar 38.3 millones de dólares a 16 familiares de agricultores y otros civiles que fueron asesinados en episodios separados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que Chiquita financió desde 1997 hasta 2004.
El jurado concluyó que "Chiquita, a sabiendas, brindó asistencia sustancial a las AUC en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daño a otros".
17 años de litigios contra Chiquita Brands International
El juicio contra Chiquita representa la culminación de años de esfuerzos para llevar al gigante bananero ante la ley, por lo que las familias de las víctimas alegan fueron pagos ilegales que la compañía hizo a las AUC, conocida por secuestrar a civiles en medio de la noche y dejar sus cadáveres mutilados para que sus familias los encontraran en ese estado.
La compañía había llegado a un acuerdo con fiscales federales en 2007 a través del cual se declaró culpable en una corte de Nueva York de financiar a las AUC, pero evitó cargos penales adicionales contra sus ejecutivos a cambio del pago de una multa de $25 millones.
Después del acuerdo, un grupo de familiares de víctimas de las AUC demandaron a la compañía por el pago de indemnizaciones por las muertes de sus seres queridos, pero en 2019 un juez federal desestimó la acción al decidir que los demandantes no contaban con pruebas suficientes para sostener su caso.
En septiembre de 2022, una corte federal de apelaciones revirtió la decisión del juez federal, dando luz verde al juicio civil que tuvo lugar en una corte federal de la ciudad de West Palm Beach, en Florida.
¿Qué alegaron las partes en el juicio?
Según la defensa de Chiquita los casi $2 millones que itieron haber entregado a la organización terrorista en las décadas de 1990 y 2000 constituyeron pagos para la protección de sus empleados en Colombia.
Pero los representantes de las familias de las víctimas dijeron que Chiquita se asoció con las AUC voluntariamente para proteger su negocio y no a sus empleados, y que incluso usó a la organización para acabar por la fuerza con problemas causados por sus empleados.
Jack Scarola, abogado de los demandantes, dijo que ningún ejecutivo de Chiquita pasó un solo día en la cárcel por el delito que la compañía itió y que ninguna víctima superviviente vio un centavo del pago hecho en virtud del acuerdo con los fiscales en 2017.
Chiquita pagó al grupo terrorista "a sabiendas de que el precio era sangre”, alegaron los demandantes.
El abogado de los demandantes explicó en el juicio que el mismo clima y latitud ideales para la siembra del banano son similares a los de la producción de cocaína y que cuando los civiles abandonaron el área temerosos de la violencia, Chiquita compró las tierras abandonadas a precios muy bajos.
El abogado explicó que luego el área se vió sumida en la violencia y que en lugar de retirarse, Chiquita invirtió en ella.
La acusación alegó que los ejecutivos de la empresa se reunieron en 1997 con el líder de las AUC, Carlos Castaño, y poco después comenzó el primero de más de 100 pagos a las AUC.
Scarola instó al jurado a considerar a Chiquita tan responsable por las muertes como los mismos hombres enmascarados que apretaron los gatillos.
