Disminuir los castigos y aumentar la rehabilitación: el mejor camino para reintegrarse a la libertad, según expertos

La joven había sido arrestada por haber recaído en su adicción. El informe de la corte indicaba que había sido abusada sexualmente a los 9 años por un tío y a los 12 por su hermanastro. Fue ese hermanastro quien un año después la inició en el consumo de metanfetaminas.

No consumir ni alcohol ni drogas es una de las reglas de la libertad condicional. Para el juez del caso, Charles Pyle, ahora retirado, hay demasiadas reglas, difíciles de cumplir. Un adicto necesita tratamiento, no prisión. “Lo que esta mujer necesitaba era ayuda, no juicios”. Que era una perdedora, que no tenía esperanzas. Eso decían en la corte. “Es un mensaje que se enfatiza con demasiada frecuencia en los juicios”, dice Pyle.

La corte determinó que la mujer no necesitaba ningún tratamiento de salud mental porque ella misma dijo que nunca había tenido problemas mentales. “Y solo pensé: ‘Tenemos que poder ser más inteligentes que esto. Su experiencia de vida grita los traumas’. Sentía que los que teníamos la educación universitaria y una vida estable solo estábamos dando a los que salían de prisión una larga lista de cosas para hacer. Necesitamos ponerles muchas menos cargas y ofrecerles más ayuda”, enfatiza Pyle.

Este fue uno de los casos que hizo que Pyle, abogado graduado de la universidad de Stanford y juez magistrado para el distrito de Arizona desde 2001, decidiera en 2014 influir en otra parte del proceso: la reinserción. “Como juez, vi demasiadas situaciones en las que sentí que estábamos renunciando al potencial de éxito de las personas. Que estábamos enviando a la gente de vuelta a la prisión cuando con un poco de paciencia podríamos haber tenido algo de éxito”.

Pyle fundó la coalición Second Chance, junto con Jonathan Rothschild, entonces alcalde de Tucson, Arizona. La iniciativa se concentra en ofrecer apoyo en el proceso de reinserción de personas que han estado en prisión, con énfasis en el empleo.

Menos castigo, más rehabilitación

El 95% de los 2.2 millones de personas que se encuentran en centros de reclusión estatales, federales y cárceles locales de Estados Unidos saldrán libres en algún momento de sus vidas. Cada año salen al menos 600,000 personas en libertad, pero no por mucho tiempo: cerca de la mitad vuelve a ser arrestado antes de cumplir el primer año.

Una serie de dificultades afecta con mayor proporción a hispanos y afroamericanos.

Así como las motivaciones para cometer un delito son variadas, no hay una solución única para evitar la reincidencia. Las propuestas se ubican en diferentes partes del sistema judicial. Como punto de partida, habría que cambiar el enfoque: “Las cárceles deberían redescubrir su misión principal, que es la corrección y no el castigo”, reflexiona el defensor público del condado de Pima, en Arizona, Joel Feinman. “Además de dejar de enfocarse en el castigo y más en la rehabilitación, el sistema también debería desarrollar destrezas y ocuparse de la salud mental y en el tratamiento de adicción a las drogas”, dice Kara Gross, directora legislativa y asesora principal de políticas en ACLU of Florida (American Civil Liberties Union Foundation of Florida).