Los alcaldes de EEUU están preocupados de que el gobierno de Trump arruine los datos del Censo 2020
Recientemente, más de 160 alcaldes enviaron una carta conjunta a Wilbur Ross, Secretario del Departamento de Comercio, en la cual recogían sus profundas inquietudes respecto al Censo de 2020. Su solicitud fue clara y directa: por favor, tómenselo en serio.
Los dirigentes ciudades de pequeñas y grandes en todo el país instaron a Ross a abordar numerosas prioridades específicas que pueden resultar claves para que el conteo no derive en un desastre. William Galvin, secretario de estado de Massachusetts, sintetizó sus preocupaciones en términos incluso más elocuentes, acusando a la istración Trump de “sabotear” el Censo de 2020.
“A mí me parece muy obvio, como director del censo y a partir de la comunicación que he sostenido con el Departamento de Comercio hasta ahora, a escasos dos años del recuento, que la istración Trump busca politizar esta tarea”, Galvin agregó.
Las alarmas se dispararon desde diciembre, cuando el Departamento de Justicia solicitó a la Oficina del Censo que restableciera la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo de 2020. Esta podría servir para intimidar a los inmigrantes indocumentados, a sus familias o a sus comunidades. Una táctica así puede traer como resultado conteos más bajos que sustenten prácticamente cualquier decisión política: desde la cantidad de representantes políticos hasta los fondos para hospitales y escuelas dependen de estos datos.
“Un censo impreciso conduce a una representatividad desligada de la realidad y, en pocas palabras, a un menor financiamiento para nuestras comunidades más vulnerables”, reza la carta enviada por el Grupo de Trabajo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos.
Pero el estatus del Censo de 2020 fue cuestionado desde mayo, cuando John Thompson renunció a su puesto como director de la Oficina del Censo (el mismo día que Trump despidió al entonces director del FBI James Comey). La nota curiosa es que la actual istración no ha nombrado un sustituto para Thompson, aunque Politico reportó en noviembre que el gobierno podría designar, para el cargo de subdirector de esa oficina, a Thomas Brunell, profesor de Ciencias Políticas.
Un liderazgo apropiado para la Oficina del Censo constituye uno de los tres problemas que les preocupan a los alcaldes y que Trump debería resolver. Nombrando a Brunell como subdirector de la misma, el gobierno federal esquiva la confirmación del Senado, pues estaría designando a un director interino. Más de un crítico ha descrito esta maniobra como una solución a medias, similar a la estrategia que ha provocado una batalla de liderazgo en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, especialmente porque Brunell detenta opiniones extremadamente partidistas sobre el reordenamiento de los distritos electorales y las elecciones competitivas (por no decir que no tiene experiencia de gobierno ni de istración).
“Los estadounidenses deben confiar en que quienes dirijan la Oficina defenderán sus principios esenciales: a saber, la protección de la confidencialidad, la publicación de sus hallazgos y la transparencia y justicia en su desempeño, sin importar los intereses partidistas, y siendo guiados por el compromiso con la objetividad y la excelencia científicas y la innovación basada en la investigación”, continúa la carta. La misiva también añade que candidatos inexpertos o devotos de un sector para los puestos de director y subdirector de la Oficina “traicionarían la ya frágil confianza pública” en el conteo de 2020.
Entretanto, el financiamiento es otra área en que la istración toma distancia de sus predecesoras: como lo muestra un informe de 2017, realizado por el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias, la falta de fondos para el Censo de 2020 está alcanzando niveles de crisis. En este aspecto, el Grupo de Trabajo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos dio a conocer varias demandas específicas: por ejemplo, una operación Integrada con las oficinas regionales del Censo. En este sentido, la carta pide a Ross un incremento del número de empleados y oficinas, junto con financiamiento para estas.
Por último, los del citado grupo -Catherine Pugh, alcaldesa de Baltimore; Eric Garcetti, de Los Ángeles; Bill de Blasio, de Nueva York; Sylvester Turner, de Houston; y John Giles, de Mesa— exhortaron a Ross a que honrara a la Constitución.
“Desde 1790, los censos decenales han sido el vehículo para materializar este conteo y, hasta hoy, el Congreso ha rechazado los esfuerzos por cambiar la interpretación de este importante principio de la Constitución al basar la distribución en un subconjunto de la población”, prosigue la carta.
Si bien el Grupo de Trabajo extrae su argumento del Primer Artículo de la Constitución, reseña un puñado de objeciones más concretas a la introducción de cambios a apenas dos años del Censo de 2020. Los demógrafos invierten mucho tiempo poniendo a prueba el diseño y el formato de los cuestionarios, indica la carta. De ahí que añadir una pregunta posiblemente inconstitucional –y que quiebre 228 años de tradición– también violaría las mejores prácticas de la ciencia política, por no hablar de los costos y demás problemas logísticos que traería consigo en un momento en que se siguen sumando preocupaciones.
En lo que respecta a Ross, el funcionario del gobierno no ha respondido aún al Grupo de Trabajo para el Censo, ni al oceáno de críticos que se pregunta todavía cómo la istración Trump, sin menoscabar drásticamente la precisión y el alcance del conteo, podrá ejecutar el venidero Censo. Es probable que Ross tenga muchas cosas en mente -el estado del dólar, el auge de los robots y su seguridad laboral personal. Pero, para quien busque reformar los inestables cimientos del Censo de 2020, el tiempo se está acabando.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com
