Cómo las ciudades están luchando contra la vigilancia secreta en sus vecindarios

Un gobierno local. Una poderosa entidad privada con una tecnología polémica. Un trato secreto. Todo esto sucedió en Nueva Orleans.

El martes pasado, The Verge reveló que Palantir —la empresa de software de Peter Thiel, un controversial inversionista simpatizante de Trump— ha estado poniendo a prueba una tecnología policial predictiva en Nueva Orleans durante los últimos seis años. Hasta que se publicó el artículo en The Verge, el programa era totalmente desconocido no sólo para el público, sino también para los del Concejo Municipal.

El programa —tal como un programa similar en Chicago— extrae información de una variedad de bases de datos policiales y redes sociales para luego crear una lista de personas con la mayor probabilidad de estar involucradas en el crimen violento. El propósito declarado de sistemas como ese es predecir y prevenir crímenes violentos. Pero los activistas de derechos civiles han planteado una larga lista de inquietudes en cuanto a los efectos discriminatorios de tales programas que recolectan datos, los cuales lo hacen mediante algoritmos.

Si la comunidad hubiera sabido del programa, estas preocupaciones hubieran salido a la luz. Pero al igual que Nueva Orleans, ciudades a lo largo de EEUU están adoptando nuevas tecnologías de vigilancia y algoritmos sin supervisión ni aportación del público (como un ejemplo de dichos programas, está el programa secreto de drones en Baltimore que fue descubierto por Bloomberg el año pasado).

Sin embargo, en esta ocasión ya existe un movimiento activo para luchar contra estas iniciativas. En asociación con otras agrupaciones de derechos civiles y digitales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) ha estado promoviendo políticas locales que obliguen a la aprobación pública de nuevas tecnologías de vigilancia y que regulen su uso. Y varias ciudades recientemente han aprobado tales tipos de leyes. “Hace mucho que se han estado expandiendo los sistemas locales de vigilancia y [estos] son vulnerables al mal uso”, dijo Matt Cagle, un abogado en la sucursal de California del Norte de la ACLU. “Es por eso que es muy importante que los de las comunidades locales exijan respuestas de sus funcionarios electos sobre las razones por las que estas herramientas son necesarias y, si estas se usan, qué tipos de salvaguardias se estén usando”.

En Nueva Orleans, las pruebas de que el programa predictivo policial secreto ayudó a reducir el crimen son flojas, según encontró Ali Winston, reportero de The Verge. Los análisis han demostrado que los algoritmos que pronostican el crimen vienen con prejuicios integrados. Una razón de esto es que la información que extraen estos algoritmos es mayormente sobre vecindarios pobres en donde la presencia policial es más alta, por lo que hay mayores probabilidades de que los resultados se dirijan hacia las comunidades minoritarias.

La ACLU ha recopilado una lista de las herramientas tecnológicas que los departamentos policiales locales están usando, aparentemente para combatir el crimen, y la lista es larga. Los departamentos policiales están consiguiendo cada vez más los simuladores de antenas celulares —también llamados Stingrays— para hackear teléfonos móviles. Pueden leer placas y monitorear el uso de tokens tipo E-Z para crear un cuadro detallado de la ruta de conducción de una persona. Además de cámaras de circuitos cerrados de televisión, las aeronaves ligeras y los bombillos inteligentes con capacidad de vigilancia le están dando un nuevo y más insidioso sentido al concepto de ‘ojos en la calle’ de la urbanista Jane Jacobs. Incluso existe una nueva tecnología que permite que la policía vea a través de barreras solidas, como las puertas de autos y muros de casas.

Usando esta y otras herramientas, los órganos policiales pueden crear un cuadro bastante detallado de quiénes somos, con quiénes interactuamos, qué hacemos y qué vemos en línea. “Los sistemas modernos de vigilancia a menudo recolectan datos sobre nuestros movimientos y sobre nuestras vidas privadas”, dijo Cagle. “Esta no es el tipo de información que el gobierno deba poder acceder sin una justificación clara y la sospecha de un delito”.

A la luz de todo esto, en 2016 la ACLU inició la campaña Community Control Over Police Surveillance (Control Comunitario sobre la Vigilancia Policial o CCOPS por sus siglas en inglés) e instó a los gobiernos locales a aprobar una ordenanza que asegure un debate público antes de que se adopten dichas tecnologías. Es algo parecido a los esfuerzos de frenar la proliferación de equipos militares a nivel local. Hasta ahora ciudades como Seattle, Nashville, Somerville en Massachusetts y el condado de Santa Clara en California ya han aprobado tal legislación. Diecinueve otros gobiernos locales (incluyendo dos estados) están considerando leyes parecidas.

El mapa de la ACLU de los gobiernos locales involucrados en la campaña CCOPS. (ACLU)

Estas tecnologías tienen el potencial de afectar a todos, pero la historia ha demostrado que las comunidades minoritarias son las que se llevan la peor parte de estos sistemas. Por ejemplo, el uso de la tecnología ‘Stingray’ por la policía en Baltimore ocurre predominantemente en los vecindarios minoritarios.

Con frecuencia, la información recolectada de estos dispositivos se ingresa a las bases de datos privadas o bien se entrega al gobierno federal y se utiliza para otros propósitos. Esa es una preocupación principal para los activistas, debido a las intenciones de la istración Trump de monitorear a los inmigrantes musulmanes, a los “ extremistas de la identidad negra” y a otras comunidades de inmigrantes.

Hasta las ciudades que quizás no hayan querido ayudar con los esfuerzos del gobierno ya lo están haciendo. Un reporte reciente de Russell Brandom en The Verge reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha comprado el a una extensiva basa de datos nacional de información extraída de equipos que leen placas. El fue comprado de una empresa privada llamada Vigilant Solutions y los datos permiten que la agencia pueda rastrear el movimiento de una placa durante los últimos cinco años. ICE también puede recibir alertas cuando una placa en particular aparece ‘en el radar’ en tiempo real. En parte, Vigilant recolectó estos datos al asociarse con los cuerpos policiales locales.

“La industria de tecnologías de vigilancia es grande y las compañías que las fabrican tienen un interés en recolectar datos de un cliente y hacerlos disponibles para sus otros clientes”, dijo Cagle. “Creo que una de las lecciones clave aquí es que la vigilancia que ocurre localmente no necesariamente se mantiene local”.

Estas tecnologías se están multiplicando en parte mediante acuerdos secretos y la falta de regulación a nivel local. Pero las ciudades están empezando a ponerse al día. En enero, Culver City en California tuvo una audiencia del Concejo Municipal para comprar un sistema de lectura automática de placa (ALPR por sus siglas en inglés) de Vigilant, el cual tenía un valor de medio millón de dólares. Muchos residentes manifestaron su enojo por esto.

“Esta es una solución en busca de un problema”, dijo un veterano militar en la reunión quien fue citado por Warren Szewczyk, un bloguero local. “No necesitamos convertir a nuestros vecindarios en zonas de guerra”. Al final, el Concejo se rehusó a votar sobre la adquisición del sistema ALPR y en cambio pidió una política clara en cuanto a las tecnologías antes de que votar por aprobarlas o no.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.