Manifestantes contra la reforma judicial en México hacen un llamado al presidente López Obrador a “respetar la democracia”

Cientos de personas en diversas ciudades mexicanas se manifestaron el domingo contra la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otras medidas del partido gobernante, que, según críticos, debilitarán los debidos controles y equilibrios democráticos.

Los manifestantes se congregaron en la Ciudad de México, así como en Michoacán, Puebla, León, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y otros estados para expresar sus preocupaciones sobre los cambios en el poder judicial, en particular la posibilidad de que los magistrados sean elegidos por voto popular. Muchos también están molestos por una propuesta de eliminar agencias reguladoras independientes.

En la capital, multitud de personas, incluidos trabajadores de tribunales federales y jueces en huelga, terminaron su marcha frente al edificio de la Suprema Corte en el corazón de la ciudad, ondeando banderas que decían 'Independencia judicial' y 'Respeto a la democracia'.

“En este momento estamos protestando por las reformas, pero no son solo las reformas”, dijo el abogado Mauricio Espinosa. “Son todos estos ataques contra el poder judicial y otros órganos autónomos. Lo que hace es terminar fortaleciendo al ejecutivo, al próximo presidente”, agregó.

"Quiero un país con ley, no sin ley. Quiero un país sobre todo con leyes, jueces justos, jueces preparados, jueces de calidad, con experiencia", declaró a la AFP Marisela Castillo, ama de casa de 66 años.

"Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos, es cortar la carrera judicial", dijo a la AFP Roberto Zayas, empleado judicial.

Cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga el lunes pasado alegando que se vulneran sus derechos laborales.

¿En qué consiste la reforma judicial de AMLO?

Tras las grandes victorias electorales de junio del partido del presidente y sus aliados, el gobierno ha presionado para que se realicen cambios radicales en el sistema judicial de México, que desde hace tiempo ha tenido choques con López Obrador, quien ha atacado abiertamente a los jueces e ignorado órdenes judiciales.

La propuesta incluye que los jueces sean elegidos para el cargo por voto popular, algo que analistas, jueces y observadores internacionales temen que llenaría los tribunales con jueces políticamente sesgados y con poca experiencia.

Esa era la preocupación de Espinosa, quien dijo que los jueces "tendrán que recaudar dinero para hacer campaña, encontrar a alguien que los respalde. Así que sus sentencias ya no serán 100% independientes".

Los cambios propuestos requerirían la aprobación del Congreso de México, donde la coalición gobernante tiene la mayoría.

Las autoridades electorales asignaron el viernes a Morena y a los partidos aliados el 73% de los escaños en la Cámara Baja del Congreso, aunque solo obtuvieron un 60% de los votos. Eso daría al bloque gobernante la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados necesaria para impulsar cambios constitucionales con poco o ningún compromiso.

La coalición se quedará a unos pocos escaños de una mayoría de dos tercios en el Senado, pero podría obtener los votos necesarios de un partido más pequeño.

Otra medida polémica: la eliminación de organismos autónomos

Aunque los nuevos legisladores no asumirán el cargo hasta el 1 de septiembre, un comité del Congreso ya comenzó el viernes a impulsar otra iniciativa polémica: la eliminación de siete organismos autónomos.

En concreto, son: el Instituto Nacional de Transparencia, a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La iniciativa consiguió 22 votos a favor de Morena y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra, de la oposición.

Morena sostiene que los organismos independientes de supervisión y regulación de México son un desperdicio de dinero y que las responsabilidades de supervisión deberían otorgarse a los departamentos gubernamentales, lo que esencialmente les permitiría vigilarse a sí mismos.

Preocupaciones por la institucionalidad democrática en México

Las medidas colectivas del presidente y su partido han alimentado las preocupaciones sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas. Pero para muchos en las protestas, la reforma del poder judicial representa la mayor amenaza.

Los empleados de los tribunales federales y los jueces están en huelga, el valor del peso se ha desplomado y las firmas financieras internacionales han expresado sus preocupaciones.

La reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el jueves pasado que la elección popular de jueces "amenaza" la relación comercial entre ambos países y es un "riesgo" para la democracia mexicana.

Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un "sistema judicial que funcione si hay problemas".

El gobierno de López Obrador calificó la declaración de Salazar de "injerencista", mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asume el próximo 1 de octubre, recordó que en Estados Unidos hay jueces que se eligen por voto popular. Sheinbaum dijo el sábado que si bien siempre habrá diálogo entre Estados Unidos y México, “hay cosas que solo corresponden a los mexicanos”.

Con información de AP, AFP y EFE.