El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro

La Fiscalía de Brasil imputó oficialmente este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 para impedir que su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder.

El organismo presentó cargos "contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los tres poderes y al Estado Democrático de Derecho", dijo en un comunicado.

"La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)", agregó.

Bolsonaro fue acusado de los delitos de "golpe de Estado", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "organización criminal armada", según se lee en el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe en el que se barajaba incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez" de la Corte Suprema, detalla la PGR.

"El plan tuvo la anuencia del entonces presidente" Bolsonaro, quien volvió a negar las acusaciones a través de sus abogados. El expresidente dijo estar "indignado" tras la imputación que calificó de "inepta", "incoherente" y "fantasiosa".

En noviembre, la Policía Federal de Brasil presentó al procurador general Paulo Gonet un informe de 884 páginas en el que se detallaba el supuesto plan.

En él se denunciaba un esfuerzo sistemático para sembrar la desconfianza en el sistema electoral, redactar un decreto para dar cobertura legal al complot, presionar a los altos mandos militares para que colaboraran con el plan e incitar a un motín en Brasilia.

Plan para envenenar a Lula da Silva con el que Bolsonaro estuvo de acuerdo

Gonet afirmó en su informe publicado este martes que Bolsonaro conocía y estuvo de acuerdo con un plan para envenenar a Lula da Silva como parte del intento de golpe.

Agregó que el plan también tenía como objetivo asesinar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, un adversario del expresidente.

“Los de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan para atacar instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de ‘Daga Verde y Amarilla’”, se lee en el informe.

“El plan fue concebido y llevado al conocimiento del presidente, y él estuvo de acuerdo”, según el procurador.

La acusación de la Fiscalía queda ahora en manos de la Corte Suprema, que la analizará y deberá decidir si inicia un juicio contra Bolsonaro por estos hechos.

Bolsonaro niega las acusaciones y asegura no estar preocupado

Una investigación previa de la Policía Federal concluyó que, a finales de 2022, la trama golpista se "abortó" por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Sin embargo, los acusados hicieron "un último intento" el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, "incentivados" por el expresidente y sus colaboradores.

Bolsonaro, de 69 años, niega las acusaciones y se considera un "perseguido" por la justicia.

El expresidente "jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan", afirmó su abogado Paulo Cunha Bueno en una nota compartida en las redes de Bolsonaro.

Aseguró frente a la investigación que "no se encontró ningún elemento que conectara mínimamente" a Bolsonaro "con la narrativa construida en la denuncia".

"No hay ningún mensaje del (entonces) presidente de la República que apoye la acusación, a pesar de que sus teléfonos personales han sido minuciosamente registrados", agregó el abogado.

Horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía este martes, el exmandatario dijo a periodistas en Brasilia que no tenía "ninguna preocupación" por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar la ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado.

La Corte Suprema ha condenado ya a casi 400 personas por ese ataque.