EEUU acelera su lucha anticorrupción en Centroamérica, pero algunos países frenan esos esfuerzos

Las embajadas de Estados Unidos en Departamento de Estado a Univision Noticias.

Los llamados 'asesores legales residentes' se enfocan especialmente en los delincuentes con un nexo con Estados Unidos, como el blanqueo de dinero y las actividades de las pandillas.

Aunque la política es todavía relativamente nueva, "ya hemos visto un impacto significativo en el que las acciones que estamos tomando están haciendo que la gente reconsidere si les gustaría ser más cooperativos o no", dijo el funcionario.

Memorando de Biden

La visita de Harris a Guatemala a principios de junio tenía la encomienda de poner de relieve una nueva prioridad del gobierno de Joe Biden: abordar las causas fundamentales del aumento de la migración a la frontera entre México y Estados Unidos, citando la corrupción como una de las principales fuerzas impulsoras del éxodo de la región.

En julio, Biden emitió un memorando en el que establecía que "la lucha contra la corrupción es un interés fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Las élites políticas y económicas corruptas han tratado de protegerse de la rendición de cuentas y han socavado los esfuerzos efectivos para desenredar su sistema corrupto, así como los grupos prodemocracia y de derechos humanos en la región. Señalan que las élites de El Salvador, Honduras y Guatemala han llenado los tribunales con sus compinches, han despedido a fiscales generales relativamente independientes y han echado a los organismos internacionales anticorrupción.

La iniciativa anticorrupción ha sido bien recibida por esos grupos, después de cuatro años de ignorar en gran medida los problemas de corrupción regionales bajo la anterior istración de 'tolerancia cero'.

La propuesta de crear un grupo de trabajo "es la pieza más importante del rompecabezas dado que sin combatir la corrupción es inútil esperar resultados de cualquier programa económico y social pues la corrupción consume todos los recursos del Estado," dijo Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana/Transparencia Internacional en Guatemala.

Un contexto que demora tener resultados

Pero algunos observadores afirman que aún no se han visto muchos resultados, ya que el gobierno de Biden se ha enfrentado a grandes distracciones con la última oleada de casos de covid-19, la caótica retirada de Afganistán y el creciente número de migrantes en la frontera sur. También han surgido otros asuntos en Centroamérica, como las medidas autoritarias del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

"Hasta ahora no he escuchado nada más... imagino que entre la migración, Bukele y Ortega, está siendo difícil estructurar algo sostenible", dijo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras. "No tengo la sensación de que nada haya cambiado", agregó Eric Olson, director de políticas de la Fundación Internacional de Seattle, que promueve el estado de derecho y el buen gobierno en la región.

Otros también se preguntan si ha habido tracción real debido a la resistencia de Bukele, así como del presidente de Guatemala, Juan Orlando Hernández. Señalan que la reciente destitución del Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, ha obstaculizando los esfuerzos para comprometerse con la aplicación de la ley local.

"En Guatemala la agenda pro corrupción se ha consolidado y las peticiones que hizo Kamala Harris fueron desoídas en su totalidad," dijo Marroquín.

El impulso a la lucha contra la corrupción también se ve frenado por la ausencia de funcionarios estadounidenses clave en el Departamento de Estado, incluidos los republicanos en el Congreso que retrasan el nombramiento del Subsecretario para el Hemisferio Occidental, que está a cargo de América Latina, y del jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

"Esto ha creado una parálisis en el Departamento de Estado. Las cosas están yendo mucho más despacio de lo que esperaban", dijo Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, una consultora de seguridad nacional.

Farah dijo que la istración Biden puede haber subestimado la respuesta hostil a la ofensiva anticorrupción de los gobiernos de la región. "Su reacción ha sido atrincherarse", dijo Farah, que apoya el concepto de que el gobierno de Estados Unidos haga rendir cuentas a los funcionarios corruptos.

En julio, el Departamento de Estado publicó una lista negra de 55 personas en los países del Triángulo Norte sospechosas de corrupción, obstrucción de la justicia o de socavar la democracia, entre ellas ministros del gobierno, jueces y expresidentes en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Algunos observadores de Centroamérica cuestionaron por qué el informe no incluía los nombres de ciertas personas ampliamente consideradas como vinculadas a los carteles de la droga.

Farah y otros afirman que el hecho de no haber realizado una segunda ronda de nombres ha envalentonado a los líderes de los tres países. "La lista inicial fue un buen disparo de advertencia, para decir 'sabemos quiénes son'. Pero el silencio posterior ha creado la sensación de que era un 'bluff'", dijo Farah.

Sin embargo, el funcionario del Departamento de Estado dijo que los cambios ha llevado a que algunos actores potencialmente corruptos "piensen dos veces" sus acciones.

También se está reforzando la " Departamento de Justicia, para seguir el rastro del blanqueo de dinero y perseguir las ganancias malhabidas de los líderes extranjeros corruptos y sus compinches. Esta iniciativa afirma haber bloqueado ya más de 3,200 millones de dólares en activos vinculados a la corrupción extranjera.

Los despidos de jueces y fiscales han dificultado la aplicación de la política, itió el funcionario.

"Hemos dejado claro que no podemos trabajar con el actual Fiscal General (de El Salvador). Así que eso hace que la posición sea difícil", dijo.

Sin embargo, dijo que Estados Unidos seguía trabajando con los funcionarios judiciales para aumentar la capacidad rango más abajo, al tiempo que trabajaba para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover la justicia.

El gobierno de Estados Unidos también había reaccionado fuertemente a los despidos de jueces y fiscales, incluyendo una reforma legal en El Salvador aprobada el jueves que busca despedir a todos los jueces mayores de 60 años.

"Hemos sido muy claros en que este tipo de movimientos tienen un impacto directo y en la relación y en nuestros programas de asistencia", dijo el funcionario.

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