Trump puede lanzar amenazas, pero el estado de derecho dificulta que gobierne por decreto
Con la llegada de Trump al poder aumenta de nuevo la preocupación por su amenaza a la democracia estadounidense.
Algunos temores se deben a la retórica autoritaria de Trump, a su forma de socavar o difamar las instituciones destinadas a restringir a cualquier presidente, y un estilo combativo que se esfuerza por ampliar al máximo el poder del ejecutivo.
Y es que el autoritarismo erosiona los derechos de propiedad y el Estado de Derecho, por lo que los mercados financieros suelen responder con alarma a la agitación política.
Si los grandes inversores y las empresas creyeran realmente que Estados Unidos está al borde de una dictadura, se producirían fugas de capital a gran escala, ventas masivas de acciones, picos en los swaps de incumplimiento crediticio de Estados Unidos o subidas de los rendimientos de los bonos que no se explican por factores macroeconómicos típicos, como las previsiones de inflación.
En cambio, no ha habido signos sistemáticos de tales reacciones del mercado, ni un éxodo de los inversores de los mercados estadounidenses. Más bien al contrario.
Esta ausencia de alarma no es una prueba concluyente de que la democracia esté a salvo para siempre, ni de que Trump no pueda dañar en absoluto la democracia estadounidense, pero sí sugiere que las instituciones creíbles y los inversores que literalmente apuestan por los resultados políticos para ganarse la vida no ven una autocracia estadounidense como un hecho inminente o incluso probable.
Esto se debe probablemente a que para poner patas arriba la democracia estadounidense se necesitaría superar una espesa maraña de obstáculos constitucionales, burocráticos, legales y políticos.
Como economista político que ha escrito mucho sobre los fundamentos constitucionales de las democracias modernas, sostengo se necesita más que un hombre emitiendo órdenes ejecutivas impetuosas para poner la democracia del país en peligro.
Los presidentes llevan mucho tiempo acaparando más poder
A lo largo de la historia de Estados Unidos los presidentes han logrado expansiones del poder ejecutivo que podrían ser cuestionables.
Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus durante la Guerra Civil, permitiendo la detención de personas sin juicio. Además, eludió al Congreso mediante medidas ejecutivas de gran alcance, entre las que destaca la Proclamación de la Emancipación, que declaraba la libertad de los esclavizados en los estados confederados.
Woodrow Wilson creó agencias istrativas e impuso una censura draconiana durante la Primera Guerra Mundial mediante la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918.
El plan de concentración de tribunales de Franklin D. Roosevelt no llegó a aprobarse, pero aun así acobardó a la Corte Suprema. Su burocracia del ‘New Deal’ centralizó amplios poderes en el poder ejecutivo.
Mientras que Lyndon B. Johnson obtuvo la Resolución del Golfo de Tonkín, que transfería importantes poderes bélicos del Congreso a la presidencia y Richard Nixon invocó el privilegio ejecutivo y ordenó bombardeos secretos en Camboya, medidas que eludieron en gran medida la supervisión del Congreso.
Por su parte George W. Bush amplió las prerrogativas del ejecutivo tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 con espionaje telefónico sin orden judicial y detenciones indefinidas.
También Barack Obama fue criticado por la dudosa justificación jurídica de los ataques con aviones no tripulados contra ciudadanos estadounidenses considerados combatientes enemigos en el extranjero.
Los errores en la retórica de Trump en su primer mandato
Sin embargo, estos ejemplos históricos no deben confundirse con la capacidad real de imponer un gobierno unipersonal.
Estados Unidos, cualesquiera que sean sus imperfecciones, tiene un sistema de controles y equilibrios profundamente arraigado que ha obstaculizado repetidamente a presidentes de ambos partidos cuando han intentado gobernar por decreto.
El estilo abiertamente combativo de Trump fue en muchos aspectos menos hábil para afianzar el poder presidencial que el de muchos de sus predecesores.
Durante su primer mandato, transmitió sus intenciones de forma tan transparente que predispuso a numerosas fuerzas institucionales como jueces, burócratas, funcionarios estatales, inspectores generales para resistirse a sus intentos.
Aunque la retórica de Trump fue más incendiaria, otros presidentes lograron expansiones más profundas del poder ejecutivo de forma más discreta.
El plan de Trump para el 6 de enero nunca fue realista
La incapacidad de Trump para imponer su voluntad se hizo particularmente evidente el 6 de enero de 2021, cuando las afirmaciones de que se estaba gestando un “autogolpe” nunca pasaron de ahí, ya que en el mundo real no se hubiera mantenido en el cargo más allá del final de su mandato.
Incluso antes de que la Ley de Reforma del Recuento Electoral aclarara el proceso en 2022, los expertos coincidían en que, según la 12ª Enmienda, el papel del vicepresidente en la certificación de las elecciones es puramente ministerial, por lo que no tiene base constitucional para sustituir o descartar los votos electorales certificados.
Del mismo modo, las leyes estatales establecen que la certificación es un deber obligatorio y ministerial, lo que impide que los funcionarios se nieguen arbitrariamente a certificar los resultados electorales.
Si Pence se hubiera negado a certificar el recuento de votos del Colegio Electoral, lo más probable es que los tribunales hubieran ordenado rápidamente al Congreso que procediera. Además, la 20ª Enmienda fijó el mediodía del 20 de enero como el final del mandato del presidente saliente, lo que hacía imposible que Trump permaneciera en el poder simplemente creando retrasos o confusión.
La idea de que la negativa de Pence a certificar podría borrar los votos certificados por los estados, o coaccionar al Congreso para que aceptara listas alternativas, no tenía ningún fundamento firme en la ley o los precedentes.
Después del 20 de enero, el presidente saliente simplemente dejaría de ejercer el cargo. Así, la cadena de acontecimientos necesarios para que se produjera un autogolpe en 2021 se habría venido abajo bajo el peso de procedimientos legales bien establecidos.
Las barreras constitucionales que existen para contener las ambiciones presidenciales
Las vías potenciales de consolidación del poder durante el inminente segundo mandato de Trump son igualmente estrechas. La burocracia federal dificulta enormemente que un presidente gobierne por decreto.
Tan solo el Departamento de Justicia cuenta con unos 115,000 empleados, incluidos más de 10,000 abogados y 13,000 agentes del FBI, la mayoría de ellos funcionarios de carrera protegidos por la Ley de Reforma de la Función Pública y las leyes de denuncia de irregularidades.
Tienen sus propias normas profesionales y pueden impugnar o revelar injerencias políticas. Si una istración intenta destituirlos en masa, se topa con largos procesos de apelación, limitaciones legales, la necesidad de realizar un sinfín de largas comprobaciones de antecedentes y una pérdida paralizante de recursos institucionales.
Hechos pasados, como las destituciones por motivos políticos de fiscales federales por parte de la istración de George W. Bush en 2006 y 2007, ilustran que la supervisión del Congreso y las prácticas internas del departamento aún pueden producir importantes reacciones, dimisiones y escándalos que frustren la injerencia política en el Departamento de Justicia.
Las agencias reguladoras independientes también se resisten a ser dominadas por el presidente.
Muchas están diseñadas para que no más de tres de los cinco comisionados pertenezcan al mismo partido político, lo que garantiza cierta representación bipartidista. Los comisioados minoritarios pueden desplegar toda una serie de herramientas de procedimientos legales como retrasar votaciones, exigir estudios exhaustivos, convocar audiencias que ralentizan o bloquean propuestas controvertidas.
Esto dificulta que un solo líder imponga unilateralmente una política. Esos comisionados minoritarios también pueden alertar a los medios de comunicación y al Congreso de movimientos cuestionables, invitando a investigaciones o al escrutinio público.
Además, una sentencia de la Corte Suprema de 2024 desplazó la potestad de interpretar las leyes federales, aprobadas por el Congreso, de las agencias gubernamentales del poder ejecutivo.
Ahora, los jueces federales desempeñan un papel más activo a la hora de determinar el significado de las palabras del Congreso. Esto obliga a los organismos a actuar dentro de unos límites más estrechos y a presentar pruebas más sólidas para justificar sus decisiones. En la práctica, una istración tiene ahora menos margen de maniobra para estirar las leyes con fines partidistas o autoritarios sin encontrar oposición judicial.
La democracia de EEUU tiene capas de defensa
La democracia estadounidense tiene vulnerabilidades, y otras democracias se han derrumbado antes bajo poderosos ejecutivos, pero en mi opinión, no es razonable extraer lecciones definitivas de un pequeño número de casos extremos, como Hitler en 1933 o el puñado de líderes electos que protagonizaron autogolpes más recientes en democracias frágiles o en desarrollo, como Argentina, Perú, Turquía e incluso Hungría.
Estados Unidos destaca por tener un sistema federal complejo, prácticas jurídicas arraigadas y múltiples capas institucionales. Estas protecciones han demostrado históricamente su capacidad para contener las extralimitaciones presidenciales, ya sean sutiles o grandilocuentes.
Además, los políticos estatales, incluidos los fiscales generales y los gobernadores, han demostrado en repetidas ocasiones su voluntad de desafiar la extralimitación federal mediante litigios y la falta de cooperación.
La cultura profesional del ejército de control civil y fidelidad constitucional, confirmada sistemáticamente por los tribunales, proporciona otra salvaguarda.
Por ejemplo, en 1952 la sentencia de la Corte Suprema en el caso Youngstown Sheet and Tube Co. contra Sawyer revocó la orden del presidente Harry Truman de que los militares embargaran acereras de propiedad privada para garantizar el suministro durante la Guerra de Corea.
Todos estos controles institucionales se ven reforzados por una sólida sociedad civil que puede movilizar recursos legales, campañas de defensa y resistencia popular.
Además, las empresas pueden ejercer influencia económica a través de declaraciones públicas, decisiones de financiación de campañas y posturas políticas, como muchas hicieron tras el 6 de enero de 2021.
En conjunto, estas capas superpuestas de resistencia hacen que el camino hacia la autocracia sea mucho más difícil de lo que muchos observadores podrían suponer.
Estas protecciones también pueden explicar por qué la mayoría de los estadounidenses están resignados al segundo mandato de Trump. Muchos pueden haberse dado cuenta de que el experimento democrático de la nación no está en juego, y probablemente nunca lo estuvo.
*Víctor Menaldo es profesor de Ciencias Políticas y cofundador del Foro de Economía Política de la Universidad de Washington.
Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede encontrarla aquí.
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