Fondos federales en Puerto Rico: ¿qué cambiará con la reestructuración de la educación?
SAN JUAN, Puerto Rico.- La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, afirmó que la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación federal no tendrá un impacto negativo en los fondos federales que recibe la isla.
Puerto Rico, como territorio estadounidense, está sujeto a múltiples regulaciones federales, incluidas aquellas relacionadas con la educación. Actualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene aprobados más de 2,300 millones de dólares en fondos federales para el año 2025, los cuales, según González, continuarán siendo asignados sin recortes significativos.
“Esta orden ejecutiva no recorta fondos”, aseguró la mandataria en un comunicado de prensa. “El Presidente ha dicho que programas como las Becas Pell, los fondos de Título I, que apoyan sistemas de educación pública para estudiantes de bajos recursos, y los fondos federales para educación especial se preservarán completamente. Igualmente, indicó que la meta es mover esos programas para que sean manejados por otras agencias o departamentos del gobierno federal”, explicó.
La orden ejecutiva firmada por Trump busca cerrar el Departamento de Educación Federal como parte de una promesa de campaña para transferir mayor control sobre la educación a los estados. No obstante, el cierre definitivo de la agencia requeriría la aprobación del Congreso. Mientras tanto, el Departamento de Educación federal anunció que casi la mitad de sus empleados dejarán sus puestos, ya sea mediante despidos o salidas voluntarias.
¿Qué implica el cierre del Departamento de Educación?
Si bien los programas clave de financiamiento educativo se mantendrán, la orden ejecutiva sí impone restricciones en el uso de fondos. De acuerdo con la Casa Blanca, los recursos no podrán destinarse a programas o actividades que promuevan la diversidad, la equidad, la inclusión o la identidad de género. Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores que consideran que podría limitar oportunidades y derechos de ciertos grupos estudiantiles.
La gobernadora González respaldó el argumento de la istración de Trump de que la reforma busca reducir la burocracia y garantizar que los fondos sean utilizados de manera eficiente. “Esto es un mecanismo de la Casa Blanca para que las ayudas lleguen a la gente y que su manejo sea eficiente”, señaló.
A pesar de estas declaraciones, el panorama sigue siendo incierto, pues se prevén desafíos legales que podrían frenar o modificar la implementación del decreto. Además, expertos advierten que el impacto real de estas decisiones solo podrá evaluarse con el tiempo, una vez se determinen los cambios específicos en la istración de los fondos educativos.
Por el momento, Puerto Rico sigue a la expectativa de cómo evolucionará la situación y si la eliminación progresiva del Departamento de Educación federal afectará de alguna manera la estabilidad del sistema educativo en la isla.
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