Trump cierra el Departamento de Educación para "devolver" la enseñanza a los estados, pero ellos ya la controlan
Cuando el presidente Donald Trump firmó su orden ejecutiva para desmantelar al máximo que permita la Ley el Departamento de Educación insistió en que la medida busca “devolver” el control del sistema educativo a los estados, aunque son los gobiernos estatales y locales los que manejan la educación.
Siguiendo con esa línea argumentativa, el presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico del país y aseguró que los estados harán un mejor trabajo.
El Departamento de Educación "no nos está haciendo ningún bien", afirmó Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca en la que estuvo rodeado de un grupo de estudiantes sentados en pupitres escolares mientras él firmaba la orden en un pequeño escritorio.
Un coro de voces conservadoras alabó la medida, que cumple con una vieja aspiración de los republicanos de eliminar la agencia que se creó en 1979 bajo el mandato de Jimmy Carter.
"No más burocracia inflada, dictando lo que los niños aprenden o sofocando la innovación con trámites. Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos", escribió en sus redes sociales Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, un grupo de padres que cuestiona lo que considera la “ideologización izquierdista” de la educación.
Pero la propia página del departamento indica que “en Estados Unidos, la educación es principalmente responsabilidad estatal y local. Son los estados y las comunidades, así como las organizaciones públicas y privadas de todo tipo, quienes establecen escuelas y universidades, desarrollan planes de estudio y determinan los requisitos de matriculación y graduación”.
"El Departamento de Educación no educa directamente a los estudiantes", reconoce la Casa Blanca
El departamento no tiene injerencia en la manera como los estados y condados istran sus escuelas, algo que, paradójicamente, se reconoce en el texto del comunicado que la Casa Blanca distribuyó para explicar la decisión.
“Desde su creación relativamente reciente en 1979, el Departamento de Educación, que no educa directamente a los estudiantes, ha gastado más de 3 billones de dólares sin mejorar el rendimiento estudiantil, medido por las puntuaciones estandarizadas de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP)”.
También se indica en el texto de la orden que “los resultados en matemáticas y lectura han bajado en las escuelas públicas, a pesar de que el gasto per cápita ha aumentado más del 245% desde la década de 1970, lo que indica que un mayor gasto no significa una mejor educación”.
La Casa Blanca asegura que el Departamento de Educación “sobrecarga a las escuelas con regulaciones y papeleo” y las obliga “a redirigir recursos hacia el cumplimiento de iniciativas ideológicas, lo que desvía el tiempo y la atención del personal de la función principal de las escuelas: la enseñanza”.
Pero Margaret Spellings, exsecretaria de Educación durante la presidencia de George W. Bush y miembro del Centro de Políticas Bipartidistas, un centro de diseño de políticas públicas que reúne ideas de ambos partidos, aclaró que las escuelas siempre han sido istradas por funcionarios locales y estatales
Spellings rechazó la idea de que el Departamento de Educación y el gobierno federal las estén frenando, aunque reconoció que “adres y estudiantes están profundamente frustrados por el estado de nuestro sistema educativo. Necesitamos mejorar, y nuestra historia reciente nos demuestra que podemos hacerlo” en un comunicado en el sitio web del Centro de Políticas Bipartidistas.
¿Cómo quedan los niños menos favorecidos?
El Departamento de Educación solo aporta el 14% del presupuesto con el que trabajan escuelas públicas.
Gran parte del dinero para las escuelas primarias y secundarias se destina a grandes programas federales. Durante su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados, pero no ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían esas responsabilidades.
Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará vulnerable a muchos niños en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.
Actualmente, la agencia destinaba $18,400 millones en financiamiento complementario a las escuelas K-12 en zonas pobres, $15,500 millones para costear la educación de unos 7.5 millones de estudiantes con discapacidades, más el programa de Becas Pell que proporcionan ayuda a los estudiantes más pobres.
"Este es un día triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump", señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAA, por sus siglas en inglés).
En cuanto a la educación superior, la agencia gestiona el sistema de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) que usan las universidades para asignar ayuda financiera, que ya se ha visto afectado con el despido a mediados de marzo de más de 320 empleados sindicalizados.
“(El departamento) fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes. Los defensores de la segregación en las escuelas públicas se opusieron y estuvieron en una campaña por un regreso a los 'derechos de los estados'", Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes.
