5 claves de la ley más dura del país aprobada por el Congreso de Florida contra inmigrantes indocumentados
La Cámara de Representantes de Florida, controlada por el Partido Republicano, dio este martes su aprobación final a la polémica ley de inmigración impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte indocumentados a Florida, así como multas a empleadores que los contraten.
La aprobación se dio en una votación de línea partidaria con la oposición de todos los demócratas. Ya había sido aprobada por el Senado estatal la semana pasada, por lo que este miércoles pasa a la oficina del gobernador para ser firmada como ley.
DeSantis, que suena como posible rival de Donald Trump en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024, ha hecho de la inmigración una prioridad de su gestión y con posiciones extremas contra los indocumentados.
El gobernador ha enmarcado esta legislación como un contraataque a la política del presidente demócrata Joe Biden. "No haremos la vista gorda ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden. Continuaremos tomando medidas para proteger a los floridanos de las fronteras abiertas federales imprudentes políticas".
Los republicanos controlan una gran mayoría en la Legislatura de Florida y se han centrado en las prioridades de DeSantis en esta sesión a medida que el gobernador avanza para acumular victorias en políticas conservadoras antes de su anuncio de campaña presidencial.
Con esta ley, la vida diaria de los inmigrantes indocumentados en Florida podría convertirse en una pesadilla. Estas son las claves de los nuevos cambios que contempla el proyecto de ley:
1. Reubicación de inmigrantes
El proyecto de ley proporciona $12 millones para la iniciativa de reubicación de inmigrantes de DeSantis, que atrajo la atención nacional el año pasado cuando el gobernador llevó a un grupo de inmigrantes sudamericanos de Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts.
2. Verificación de estatus migratorio de empleados
La nueva legislación amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 trabajadores usen E-, un sistema federal para confirmar el derecho a trabajar legalmente en EEUU. El proyecto contempla auditorías aleatorias de empresas para verificar cumplimiento del uso del E-.
Aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados. Además, se amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
Exige a los empleadores privados verificar la elegibilidad laboral de la persona antes de su contratación.
Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados, en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA.
3. Invalidez de documentos oficiales
Algunas licencias de conducir e identificaciones proporcionadas a inmigrantes por algunos estados no serán válidas en Florida. También se exige a las autoridades citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida.
Además, se prohíbe que los gobiernos locales proporcionen financiación a organizaciones o personas que emiten tarjetas de identificación a personas que no demuestren su estancia legal en Estados Unidos.
También castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado o permitido.
4. Pregunta por estatus migratorio en hospitales
Otra disposición requeriría a los hospitales que aceptan Medicaid que recojan información de la situación migratoria de los pacientes en los registros de isión, al tiempo que se les pide que presenten informes trimestrales con dicha información.
Esta medida, según los críticos, tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes indocumentados de buscar atención médica.
5. Penas de cárcel por transportar indocumentados
El proyecto también contempla hasta 15 años de prisión a individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, se estipulan cinco años de prisión y multas de $5,000 si la persona indocumentada es mayor de edad. Sin embargo, si es menor de edad, la pena se eleva hasta los 15 años y la multa asciende a $10,000.
