Gobernador electo tendrá menos de un mes para diseñar un plan fiscal para Puerto Rico
Cuando asuma su nuevo cargo el próximo 2 de enero, el gobernador electo Ricardo Rosselló tendrá menos de un mes para diseñar un plan que ayude a enderezar las finanzas de Puerto Rico, que el año pasado cometió el impago más grande de su historia.
Rosselló tendrá hasta fines de ese mes para someter sus planes de presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, que le pidió tratar con "sentido de urgencia" el tema de la crisis económica de la isla.
En una carta abierta publicada este martes, la junta le pidió al gobernador electo un esquema detallado con "el balance correcto entre los ajustes fiscales, las reformas estructurales y la reestructuración de la deuda" necesarios para resucitar la economía. El plan deberá ser aprobado antes del 31 de enero, dos semanas antes de que expire una moratoria que actualmente protege a la isla de las demandas de sus acreedores.
"Confiamos en que la istración entrante comparta con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en este esfuerzo", escribió el presidente de la Junta, José Carrión, en la carta.
En noviembre, los siete de la Junta rechazaron el plan fiscal sometido por el gobernador actual de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y parecen haber descartado que el mandatario someta un nuevo plan antes de salir del poder.
Los instaron a Rosselló a crear durante su primera semana como gobernador un grupo especial que se dedique a "superar este abismal reto fiscal", antes de que ellos mismos tengan que tomar las decisiones difíciles que enfrenta la isla.
"Los oficiales electos tienen que asumir la responsabilidad que el pueblo ha descargado en ellos; necesitan actuar", dijo Carrión. "Hacer menos de lo que hace falta o postergar la solución al problema ya no es una opción".
Los alegan que el déficit de Puerto Rico se remontará a 67,500 millones de dólares entre 2017 y 2026, por encima de los 58,716 millones que asumía el plan fiscal que rechazaron en noviembre.
"Luego de un extenso estudio y análisis, queda meridianamente claro que el déficit que el Gobierno de Puerto Rico asumirá en los próximos 10 años es mayor que el que se calculó originalmente", dijo en la misiva José R. González, otro integrante de la Junta. "Esta realidad requiere que el Gobierno asuma su responsabilidad y proponga las iniciativas y medidas necesarias para que oportunamente se pueda superar este abismal reto fiscal".
Si el gobierno entrante de Rosselló no somete un plan fiscal al gusto de la Junta, sus serán los que decidan qué acciones tomar para enderezar las finanzas de Puerto Rico, aseguró Carrión.
"Nosotros tenemos la encomienda en ley de analizar, evaluar y eventualmente certificar el Plan Fiscal. Y eso es lo que haremos. Si el gobierno fallara en proponer un plan fiscal certificable bajo la Ley PROMESA, entonces la Junta de Supervisión pudiese ir un paso más allá. Pero eso no es lo que la Junta quiere hacer”, escribió.
La carta enfatiza que cualquier plan fiscal buscará "restaurar el crecimiento económico y la oportunidad" para los puertorriqueños. Pero algunas de las sugerencias que hacen en el documento los mismos son medidas de austeridad como eliminar servicios "que el Gobierno simplemente no puede costear" y establecer reformas "para que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral".
Según el documento, el gobierno de la isla deberá ahorrar $7 mil millones al año para eliminar su déficit en la próxima década y tendría un déficit incluso si no hiciera pago alguno sobre su deuda, algo que "legalmente y equitativamente no es una opción".
Puerto Rico lleva más de una década en recesión, y en 2015 García Padilla anunció que su istración no podría continuar los pagos de la deuda pública, que en aquel entonces sumaba unos 70,000 millones de dólares.
La carta de la Junta expresa cierto optimismo por el futuro de la isla, aunque predice que el producto nacional bruto continuará disminuyendo y que Puerto Rico no recuperará en el futuro inmediato su a los mercados de bonos.
Este lunes, Rosselló anunció que el gobierno actualmente cuenta con solo 147 millones de dólares en sus arcas, y advirtió que a partir de febrero no habrá suficiente dinero para pagar los salarios de sus empleados públicos.
El gobernador electo aseguró también que investigará el manejo de fondos para ver si hubo negligencia bajo la istración de García Padilla.
Un día antes de que Puerto Rico incumpliera el pago de 2 mil millones de dólares a principios de julio, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley protegiendo a la isla contra acciones legales de los dueños de la deuda, y estableciendo la poderosa Junta de Supervisión Fiscal para monitorear de cerca las finanzas locales.
Desde el pasado mes de septiembre, la Junta ha tenido la potestad de tomar decisiones financieras por encima del gobernador y de la legislatura local, y lo tendrá hasta que la isla apruebe cuatro presupuestos balanceados consecutivos.
"La Junta de Supervisión cree firmemente que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica", dijo Carrión. "[Somos] una herramienta que el Congreso ha dispuesto para potenciar que Puerto Rico pueda manejar esta crisis. Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera correcta y efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante".
