Condenan la deportación de niños migrantes que llegaron a la frontera en busca de asilo
La deportación de casi 1,000 migrantes Menores No Acompañados (UAC) en los dos últimos meses ha encendido las alertas no solo en los países de los cuales huyeron para salvar sus vidas, sino también en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF) .
“Desde principios de marzo al menos 1,000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por covid-19”, dijo el organismo en un comunicado emitido este jueves.
Agregó que durante el mismo período “al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras”.
La UNICEF alertó además que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados, a los que se percibe como infectados por la enfermedad, y cuya protección se ve en riesgo durante la reintegración.
“Para los niños en tránsito en toda la región, el covid-19 está empeorando aún más la situación. La discriminación y los ataques se suman a las amenazas que ya existían antes, como la violencia de las bandas criminales que los obligó a huir”, dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF.
"Eso significa que muchos niños que regresan (los deportan) afrontan un riesgo doble y están más en peligro que cuando abandonaron sus comunidades. Obligar a un niño a regresar a una situación de inseguridad nunca es una opción si se quiere velar por su interés superior”, agregó.
Cierre de la frontera
La frontera entre Estados Unidos y México fue cerrada el 18 de marzo para todos los viajes no esenciales para prevenir y evitar la propagación del nuevo coronavirus. La medida suspendió entre otros, el programa de asilo, dejando a la deriva en territorio mexicano a miles de personas que aguardan sus audiencias judiciales y cerrando la puerta a nuevos peticionarios, tal el caso de menores de edad.
La medida, que en un comienzo fue por 30 días, fue extendida en abril por un período similar de tiempo. Pero el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales será “indefinido”, afectando principalmente el asilo y el denominado Programa de Protección del Migrante (MPP), que desde que fue activado en enero del año pasado ha devuelto a México a más de 65,000 personas, entre hombres, mujeres y niños.
Peligro latente
No solo la inseguridad y la violación de la ley de asilo y tratados internacionales preocupan a la UNICEF. “El proceso de tratamiento y contención del covid-19 en la región es limitado, lo que está generando confusión y miedo entre los retornados y la población en general”, indica.
Precisa además que “en algunas comunidades existe la preocupación de que los niños y las familias que regresaron de Estados Unidos y México puedan ser portadores del virus, lo que ha agudizado la estigmatización de los migrantes”.
“UNICEF ha recibido informaciones de comunidades en Guatemala y Honduras que prohíben la entrada física a grupos de fuera o extraños, incluidos los retornados, para prevenir la transmisión local de la enfermedad”, indicó el Fondo.
Este jueves el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuestionó la política de deportaciones del gobierno de Estados Unidos y denunció que las autoridades migratorias del gobierno de Washington no han dejado de deportar a inmigrantes infectados por covid-19.
“Eso de aliados con Estados Unidos, no es cierto”, dijo Giammattei durante un foro de análisis público sobre la pandemia de covid-19. "Guatemala es aliado de Estados Unidos, pero Estados Unidos no es aliado de Guatemala, no nos tratan como un aliado”, indicó.
En abril Guatemala suspendió unilateralmente la llegada de vuelos con deportados enviados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por falta de garantías respecto al estado de salud de los inmigrantes expulsados por Estados Unidos. Pero una orden firmada por el presidente Donald Trump advirtiendo sanciones a los países que no acepten deportados reactivó el programa.
Guatemala alega que en los dos últimos meses poco más de 100 migrantes deportados dieron positivo a pruebas de covid-19.
Futuro incierto
La UNICEF también denunció que “se ha dado el caso de migrantes que han recibido amenazas violentas al regresar a sus comunidades, mientras que los centros de recepción y tránsito han recibido amenazas o ataques”.
Cabe recordar que la mayoría de quienes han solicitado asilo en la frontera sur de Estados Unidos, tanto adultos como menores de edad, argumentan que huyen de sus países a causa de la violencia y pobreza extremas. Al ser rechazados por las autoridades estadounidenses y/o deportados a sus lugares de origen, no sólo regresan al mismo estado se inseguridad, sino que se ven expuestos a las nuevas manifestaciones de violencia generadas por la pandemia.
En este contexto, “la capacidad de los sistemas de protección infantil en el norte de Centroamérica y México también se ha visto comprometida debido a las restricciones de movimiento y a la falta de Equipos de Protección Personal (EPI)”, denuncia el Fondo. “Desafortunadamente, esto también limita las pruebas que se pueden hacer a los niños no acompañados y que podrían revelar amenazas para su vida y para su integridad, como la violencia, tanto en sus hogares como en las comunidades de origen”.
covid-19 durante la cuarentena o aislamiento”.
En El Salvador y Honduras, UNICEF dijo que estaba ampliando sus esfuerzos “para proteger a los niños migrantes y retornados”. Y en México “tanto en la frontera norte como en la frontera sur, está ayudando a las autoridades de protección para implementar las evaluaciones necesarias y está trabajando en albergues para proporcionar actividades psicosociales a distancia, kits de higiene y material informativo”.
Medida “innecesaria”
Para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ( AILA), el cierre indefinido de la frontera con México se trata de una medida “innecesaria” que afecta seriamente la política de asilo.
"El último movimiento del gobierno para suspender la inmigración a Estados Unidos y cerrar indefinidamente la frontera con el pretexto de detener la propagación de covid-19, es una decisión política, no una acción de seguridad pública”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA. “Hasta que el virus esté bajo control, proteger la salud y la seguridad de nuestras comunidades es la prioridad más importante. Incluso durante la pandemia, Estados Unidos tiene la capacidad de respetar el derecho humanitario estadounidense que protege a los solicitantes de asilo”, indicó.
Johnson dijo además que “ dada la situación de vida o muerte, los solicitantes de asilo deben ser tratados no menos favorablemente que los trabajadores y otras personas a quienes todavía se les permite viajar con fines esenciales”. Y luego preguntó: “¿Cómo podemos rechazar a una madre y un niño que huyen de la persecución violenta y al mismo tiempo permitir que otros entren?”
“El cierre de la frontera puede satisfacer el antiguo deseo del gobierno de Donald Trump de restringir la entrada, pero están utilizando la pandemia para eludir por completo nuestras obligaciones internacionales y las leyes de asilo de Estados Unidos”, apuntó.
