Los acuerdos de ICE con autoridades locales amenazan con erosionar la seguridad en las comunidades
Durante sus primeros meses en el cargo, el presidente Donald Trump ha establecido un marco para deportar masivamente a inmigrantes indocumentados. Es algo que previamente había prometido que sería "la más grande operación de deportación en la historia de nuestro país".
Parte de la operación incluye lo que es conocido como el programa federal 287(g). Establecido en 1996, permite a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuya labor es normalmente ejecutada por agentes federales, entrenar a autoridades locales y estatales para que operen como agentes federales de inmigración.
Bajo el programa 287(g), por ejemplo, los oficiales de policía locales pueden interrogar a las personas para determinar su estatus migratorio. También pueden emitir órdenes de detención migratorias para encarcelar a personas hasta que agentes de ICE asuman su custodia.
"La inmigración ilegal tiene un amplio rango de consecuencias, incluyendo el problemático incremento del tráfico de drogas peligrosas en nuestro estado", dijo T. K. Waters, sheriff de Jacksonville, Florida, en febrero de 2025, en una declaración para explicar la participación de su oficina en el programa 287(g). "Seguimos comprometidos a colaborar con la istración del presidente Trump y nuestras contrapartes federales para asegurar nuestras fronteras, proteger a los floridianos, y establecer un marco de trabajo que sea seguido por el resto de la nación", dijo Waters.
Cuerpos de policía locales a lo largo del país —del condado de Jackson, Texas, al condado de Frederick, Maryland— están participando en el Programa 287(g) por razones similares.
Desde que inició el según mandato de Trump en enero, ICE ha incremento los acuerdos del Programa 287(g) de 135 en 25 estados en diciembre de 2024, a 628 en 40 estados hasta el 28 de mayo de 2025.
Como estudioso de la justicia penal, creo que el auge de los acuerdos del programa 287(g) sienta un peligroso precedente para la policía local, donde forjar relaciones y ganarse la confianza de los inmigrantes es una táctica probada y eficaz para combatir la delincuencia. En mi opinión, la expansión del programa 287(g) erosionará esa confianza y hará que comunidades enteras, no solo las inmigrantes, sean menos seguras.
Cooperación federal-local en el pasado
Hay una larga historia de autoridades fedeales colaborando con policías locales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Durante la Gran Depresión, oficiales federales culparon a los latinos por quitarles los empleos a los estadounidenses, y agencias locales ayudaron a deportar hasta 1.8 millones de personas a México. Se estima que el 60% de esos deportados eran ciudadanos estadounidenses.
A inicios de los años 1930, la policía local participó en redadas de inmigración en California y otros estados. Como detalla el autor Adam Goodman en su libro 'La Máquina de Deportación', agencias gubernamentales estatales y locales, incluyendo trabajadores sociales, agencias de asistencia social y la policía, actuaron como "agentes de inmigración de facto".
Los planes de deportación masiva de Trump emulan a la iniciativa migratoria federal del presidente Dwight D. Eisenhower de 1954, la cual resultó en 1.3 millones de deportaciones.
Como destaca la autora Natalia Molina en su libro 'Cómo la raza es hecha en EEUU', la policía local a menudo fungió como "policía de inmigración" en el programa de Eisenhower, debido a que el gobierno federal "no tiene suficientes agentes para cubrir un territorio tan grande" como el de Estados Unidos.
Durante sus dos mandatos, el presidente Barack Obama deportó a más de 5 millones de personas y usó el programa 287(g) para lograrlo, principalmente apuntando a personas encarceladas o indocumentados recientemente llegados al país. El uso de Obama del programa 287(g) alcanzó una cota de 76 acuerdos durante su primer mandato, pero cayó hasta 35 convenios durante su segundo período presidencial.
Una investigación del departamento de Justicia iniciada en 2008 halló que en la Oficina del sheriff del condado de Maricopa, Arizona, actuó de forma inconstitucional en acciones de aplicación de las leyes contra los latinos. El Departamento de Justicia determinó que la oficina del sheriff particiópó en un patrón de "incautaciones ilegales, incluyendo detenciones, arrestos y paradas injustificadas de latinos en violación de la Cuarta Enmienda".
El poder de la policía local
40 estados han adoptado los acuerdos del programa 287(g) hasta mayo de 2025. Esto podría tener efectos externos a las leyes de inmigración.
Durante los pasados 45 años, muchos profesionales de las fuerzas del orden en zonas urbanas han resaltado la importancia de crear relaciones y contruir lazos de confianza con comunidades de inmigrantes. Esto es debido a que la policía depende de la participación de todos los ciudadanos en la prevención del crimen y en la resolución de las invetsigaciones criminales.
Pero los Departamentos de Policía a lo largo de Estados Unidos han descubierto que asociarse con el programa 287(g) erosiona esa confianza.
En 1979, el jefe de policía de Los Ángeles, Daryl Gates, creó la Orden Especial 40, que prohibía a los oficiales de policía locales participar en el cumplimiento de las leyes migratorias en respuesta a las quejas de las comunidades que se quejaron de presunta discriminación contra los latinos. Gates emitió la orden "para animar a los inmigrantes a cooperar con la policía y contruir confianza en la comunidad".
Otros departamento de policía grandes siguieron el ejemplo. En lugares como Chicago y San Francisco, cambiaron su foco de ayudar a oficiales de inmigración a priorizar las relaciones con las comunidades.
William Bratton, quien estuvo a cargo de seis departamentos de policía, incluyendo Boston, Los Ángeles y Nueva York, criticó el programa 287(g) en un artículo de opinión en 2009. Dijo que delegar a oficiales locales el cumplimiento de las leyes de inmigración de inmediato "socava su misión fundamental de seguridad pública".
George Kelling, experto policial conservador y coautor de la teoría de las ventanas rotas, que presume que los signos visibles de desorden pueden conducir al crimen, también expresó su apoyo a que las agencias policiales locales prioricen sus relaciones con la comunidad.
En un estudio de 1999, Kelling destacó un memorando de la policía de San Diego que anunciaba su rechazo a aplicar las leyes federales de inmigración. El departamento de policía de San Diego, escribió, "relexionó sobre sus valores, misión y funciones, y elaboró una política que puso la seguridad pública y la armonía sobre los intentos agresivos de descubrir a los extranjeros indocumentados".
Durante la primera istración de Trump, algunos jefes de policía respaldaron las opiniones de Bratton y Kelling. Advirtieron que emplear a los oficiales de policía locales para hacer cumplir las medidas de control migratorio podría disparar el miedo y dañar la seguridad pública.
La antigua jefa de policía de Seattle, Kathleen O'Toole, manifestó en 2016 que a los oficiales de policía de Seattle se les prohibió "indagar sobre el estatus migratorio de las personas". Y el antiguo jefe de policía de Milwaukee, Ed Flynn, anunció en 2016 que su departamento no participaría en hacer cumplir las leyes migratorias.
"Es nuestra opinión, nuestra profunda convicción de que nuestra responsabilidad es proteger a los residentes de nuestra ciudad. Para protegerlos, deben confiar en nosotros, deben estar dispuestos a reportar crímenes, deben estar dispuestos a ser testigos", añadió.
Consecuencias del programa 287(g)
El presidente Trump frecuentemente ha vinculado a los inmigrantes con altas tasas de crímenes, llamándolos asesinos y violadores. Pero múltiples estudios han hallado que las personas indocumentadas cometen menos crímenes que los ciudadanos estadounidenses.
Aunque la istración Trump está ampliando el uso de las policías locales en la aplicación de las leyes migratorias, investigadores plantean dudas sobre el uso de las deportaciones masivas como una estrategia para la reducción del crimen.
Un estudio de 2018 del programa 287(g) del Instituto Cato, de corte liberal, no encontró evidencia de que las asociaciones con policías locales, lideradas por ICE, redujeran la tasa de crímenes.
Y un estudio de 2014 sobre el Programa de Comunidades Seguras, el cual insta a las agencias locales de policía a compartir información de los detenidos con los agentes federales de inmigración, encontró que esta iniciativa no tiene "impacto tangible" en el crimen en los condados medianos y grandes.
La expansión hecha por la istración Trump del programa 287(g) ignora el alejamiento que algunos Departamentos de Policía de ciudades grandes han hecho de la aplicación del cumplimiento de las leyes migratorias, en favor de una policía comunitaria. Y creo que amenaza con socavar la relación entre la policía local y las cada vez más diversas comunidades que sirven.
* W. Carsten Andresen es profesor universitario asociado en Justicia Penal, Universidad de St. Edward.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Si usted desea leer la versión original en inglés puede encontrarla en el siguiente enlace.
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