Las "tácticas de engaños" que usa EEUU para expulsar inmigrantes a El Salvador, según Amnistía Internacional
El acuerdo opaco entre Estados Unidos y El Salvador para enviar de forma arbitraria a inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades al país centroamericano es violatorio de las leyes internacionales y debe detenerse de forma inmediata, condenó Amnistía Internacional.
El organismo de defensa de derechos humanos urgió a ambas naciones acabar con las “políticas de privación arbitraria de la libertad” de inmigrantes expulsados por el gobierno de Donald Trump.
En entrevista con Univision Noticias, Daniel Noroña, director de Trabajo de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional, urgió a ambos gobiernos a detener de forma inmediata la aplicación del acuerdo para expulsar inmigrantes a El Salvador.
“Exigimos que se ponga fin a este acuerdo suscrito”, dijo Noroña. “Estamos exigiendo que estas expulsiones deben detenerse porque no existen órdenes judiciales para que esta gente salga de Estados Unidos”.
Noroña dijo que Estados Unidos debe abstenerse de llevar a cabo acuerdos con otros países distintos a El Salvador para enviar inmigrantes a sitios donde sus vidas corren peligro.
Para Noroña, las expulsiones de inmigrantes a El Salvador equivalen a una “transnacionalización de la represión” iniciada por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele con el fin de combatir a la Mara Salvatrucha o MS-13 tras establecer un "régimen de excepción".
“Básicamente es enviar a personas sin ningún debido proceso a un sistema autoritario y sin ninguna garantía de protección de derechos”, declaró.
De acuerdo con el reporte emitido esta semana por el organismo, titulado “Desapariciones forzadas en el limbo: el costo humano de la cooperación represiva entre EEUU y El Salvador”, el gobierno de Trump está prácticamente copiando el modelo represivo de Bukele para acabar con las pandillas.
“Esta práctica emula el modelo sobre el cual las autoridades salvadoreñas han cometido miles de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción”, dijo Noroña sobre el envío de inmigrantes a la brutal megacárcel Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
EEUU expulsa “sin pruebas” y con engaños a cientos de inmigrantes a megacárcel de El Salvador
Amnistía Internacional sostuvo en su reporte que documentó 261 casos de inmigrantes expulsados por Estados Unidos de forma “irregular y arbitraria”.
De acuerdo con Noroña, muchos de los casos documentados consistieron en expulsiones sustentadas en acusaciones sin pruebas de que las personas pertenecían a grupos criminales como MS-13 o la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA).
“Nosotros lo que hemos visto es que no hay evidencias y las cortes y el gobierno, especialmente Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional), no ha proporcionado ningún tipo de evidencias en las que se indique que algunas de estas personas sean de algún grupo del crimen organizado”, dijo Noroña.
El activista sostuvo que, incluso si algunos de los expulsados por Estados Unidos pertenecieran a algún grupo criminal, esos individuos de cualquier forma deberían ser sometidos a un “debido proceso” que garantice sus derechos.
Sin embargo, dijo Noroña, hasta ahora Estados Unidos ha llevado a cabo las expulsiones de inmigrantes en la opacidad.
Las agencias migratorias encargadas de llevar a cabo las deportaciones, como la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), no ha divulgado datos sobre la cantidad exacta de inmigrantes trasladados al Cecot salvadoreño.
“Resulta particularmente preocupante que los relatos de las familias recalcan que las personas no tuvieron un procedimiento específico para la determinación de su supuesto vínculo con el TdA, no tuvieron tampoco recurso alguno para oponerse a esta vinculación”, dice el informe del organismo.
En muchos de los casos, dijo Noroña, los inmigrantes están siendo expulsados por Estados Unidos sin informar a los defensores legales ni a los familiares de las personas trasladadas al Cecot del paradero y condición de los individuos.
“Frente a esta situación, Amnistía Internacional considera que estas personas se encuentran en condición de desaparición forzada, considerada un crimen de derecho internacional, y frente a la cual distintos tratados internacionales exigen se proteja a todas las personas, sin discriminación”, advirtió el organismo en su reporte.
Noroña reiteró que Estados Unidos está incurriendo en “tácticas de engaños” al expulsar a los inmigrantes acusados sin sustento de estar vinculados al crimen.
En muchos casos, de acuerdo con el reporte del organismo, los oficiales migratorios estadounidenses les habían mentido a los inmigrantes venezolanos al decirles que iban rumbo a Venezuela, cuando en realidad estaban en ruta al Cecot.
“Lo que hemos visto es que parte de las tácticas que se utilizan son justamente prácticas de engaño”, dijo Noroña.
En algunos casos a los inmigrantes se les engaña en sus procesos para inducirlos a caer en “errores” en sus declaraciones ante las autoridades estadounidenses, dijo el funcionario de Amnistía Internacional.
Aunque el informe del organismo no hizo mención del caso, el gobierno de Trump ha buscado presionar a inmigrantes a "autodeportarse" a través de varias tácticas. Una de ellas fue mencionada por el presidente republicano el martes al sostener que supuestamente quiere pagar un "estipendio" y un boleto de avión a cualquier inmigrante que esté en el país ilegalmente y opte por “autodeportarse”.
Pero no está claro cómo funcionaría ese supuesto esquema ni si el gobierno cumpliría su palabra de facilitar de esa forma la expulsión de los inmigrantes indocumentados.
Además los inmigrantes sin papeles actualmente tienen pocos incentivos para creerle al gobierno, cuando existen denuncias de que muchos de los deportados fueron engañados por agentes federales para firmar documentos en inglés cuando no hablaban el idioma, como lo sostuvo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) en una demanda reciente para frenar la deportación de cinco venezolanos.
En el reporte de Aministía, el organismo incluyó testimonios de familiares de algunos de los inmigrantes venezolanos expulsados bajo acusaciones sin sustento de pertenecer al TdA.
En dos de los casos mencionados en el reporte, los familiares sostuvieron que no se enteraron de la deportación de sus parientes hasta que vieron videos en la televisión de los inmigrantes expulsados y trasladados al Cecot.
Por ejemplo, en uno de los casos, la hermana de un inmigrante venezolano llamado Alejandro contó a Amnistía Internacional que su pariente fue detenido en febrero durante una cita ordinaria ante autoridades migratorias. El inmigrante tenía un proceso de solicitud de asilo en curso.
Pero en lugar de llevar a cabo la audiencia conforme al procedimiento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) lo detuvo y le dijeron que sería deportado a Venezuela. En realidad lo enviaron al Cecot, pese a que no tenía antecedentes penales.
“La última vez que supimos de él fue el 14 de marzo. Después lo reconocimos en unos de los videos y nos dimos cuenta de que él había sido enviado a El Salvador. Estamos desesperados, no sabemos si él está bien. Tiene un hijito chiquito que no entiende por qué su padre ya no le llama todos los fines de semana como antes”, dijo la hermana de Alejandro.
Reportes periodísticios recientes y demandas interpuestas han advertido sobre la falta de evidencias en múltiples casos de inmigrantes venezolanos que han sido expulsados por el gobierno acusados de pertenecer a TdA. En muchos casos la única supuesta evidencia citada por el gobierno consiste en algunos tatuajes de los inmigrantes.
Por ejemplo, a mediados de marzo, cuando el gobierno de Trump se preparaba para invocar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros alegando una supuesta "invasión" de del TdA, ACLU sostuvo en una demanda que cuatro venezolanos que estaban por ser deportados habían sido acusados falsamente de pertenecer al grupo criminal.
Entre las supuestas evidencias citadas por el gobierno estaban algunos tatuajes que llevaban los deportados, pero, por ejemplo, en uno de los casos ACLU dijo que los tatuajes del venezolano no tenía ninguna relación con el grupo criminal y que ese individuo era un "artista de tatuajes".
El juez federal James E. Boasberg escuchó los argumentos de ACLU y el 15 de marzo bloqueó la ejecución de las deportaciones. El gobierno de Trump aparentemente ignoró la orden al sostener que el vuelo de deportación ya estaba en curso cuando el juez emitió la resolución, una excusa que el juez ha rechazado de forma tajante.
Un reporte publicado el martes por el diario estadounidense The New York Times sostiene que tras analizar más de 200 casos de inmigrantes venezolanos deportados luego de ser acusados de pertenecer a la banda criminal encontró poca o nula evidencia para sustener los señalamiento del gobierno.
que los tatuajes "posiblemente" identificaban a sus , pero que no podían ser vistos como un elemento concluyente.
Gobierno de Trump podría incurrir en desacato en caso de inmigrante expulsado por “error istrativo”, alerta Amnistía Internacional
La negativa del gobierno de Trump de regresar a Estados Unidos al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado al Cecot por un “error istrativo”, podría ser considerada un “desacato” a las resoluciones judiciales que ordenaron que sea retornado, dijo Noroña.
“Si no están cumpliendo con una orden judicial van a entrar en desacato”, advirtió. “Pero obviamente lo que aquí estamos viendo es que simplemente no se está cumpliendo con las órdenes judiciales y no se está cumpliendo tampoco con la ley y con el debido proceso”.
La deportación de Ábrego García, casado con una estadounidense y padre de un menor de 5 años, ha estado rodeada de declaraciones y acciones confusas por parte del gobierno de Trump. Primero la istración Trump lo expulsó acusándolo de pertenecer a MS-13, pero hasta ahora no ha presentado ninguna prueba.
La familia y la defensa legal del salvadoreño recurrieron a las cortes exigiendo su retorno a Estados Unidos ya que en 2019 obtuvo una protección judicial contra su posible deportación. En 2011 había ingresado a Estados Unidos tras huir de El Salvador donde dijo que corría el riesgo de sufrir persecución política.
Ante las quejas de la familia, el gobierno de Trump itió que el inmigrante fue deportado por un “error istrativo”. Una corte en Maryland y la Corte Suprema han ordenado al gobierno “facilitar” el retorno de Ábrego, pero hasta ahora la istración no ha cumplido.
La jueza federal, Paula Xinis, en Maryland, quien ha llevado el caso sobre la deportación de Ábrego García, dijo tras una audiencia el martes que ordenará al gobierno proporcionar declaraciones juradas de funcionarios para determinar si cumplieron con sus órdenes de facilitar el regreso del salvadoreño.
En la audiencia, Xinis también desestimó las declaraciones del lunes de funcionarios de la Casa Blanca y del presidente de El Salvador, de que no podían traer de vuelta a Ábrego García y señaló que se trataban de "dos barcos muy desorientados cruzándose en la noche".
"La Corte Suprema ha hablado", dijo Xinis a los representantes del gobierno en la audiencia y añadió que lo que se dijo en el Despacho Oval el lunes "no fue ante un tribunal".
Luego de un encuentro entre Trump y Bukele el lunes en la Casa Blanca, ambos sugirieron que no harán nada para regresarlo a Estados Unidos. Bukele dijo que no tenía la autoridad para devolver a un “terrorista”, aunque Ábrego García no enfrenta ningún cargo de ese tipo.
El gobierno de Trump alega que "no tiene autoridad para extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia nacional de una nación soberana extranjera", pero la defensa de Ábrego sostiene que Estados Unidos tiene la obligación de corregir el “error istrativo” que cometió al expulsar al inmigrante.
“Lo que nosotros estamos viendo con preocupación es que efectivamente este no se está cumpliendo, se está, se estaría entrando en un desacato, posiblemente”, dijo Noroña.
“La Corte Suprema fue muy clara en indicar que el gobierno de Estados Unidos tiene que facilitar el retorno del señor Ábrego García”.
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