La Corte Suprema de EEUU escucha argumentos de México en su demanda contra fabricantes de armas estadounidenses
La Corte Suprema de EEUU escucha este martes los argumentos en una demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México, que acusa a los fabricantes de armas estadounidenses de alimentar el tráfico de drogas y la violencia.
Smith & Wesson y el distribuidor estadounidense de armas Interstate Arms buscan que se desestime la demanda del gobierno mexicano, que ha estado en proceso en los tribunales de EEUU desde 2021.
Un juez federal solicitar la intervención de la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3 y una interpretación amplia de los derechos de posesión de armas.
Aprobada por el Congreso en 2005, la PLCAA protege a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso indebido de sus productos por parte de criminales.
¿Por qué Mexico demanda a los fabricantes de armas estadounidenses?
En su demanda, México, que enfrenta una creciente presión del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de drogas, acusa a Smith & Wesson y a otros fabricantes de armas estadounidenses como Beretta, Colt o Glock, de participar en un comercio "negligente e ilícito" que alimenta la violencia de los carteles.
"México simplemente busca detener el flujo ilegal de armas hacia su territorio", señalaron los abogados del gobierno mexicano en un documento legal, en el que reclaman 10,000 millones de dólares en daños y perjuicios.
El caso "no es una plataforma para debatir sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas", añadieron, en referencia a la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU, que lo protege.
El gobierno mexicano sostiene que entre 70 % y 90 % de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde EEUU, y que entre 200,000 y 750,000 armas fabricadas en EEUU son introducidas de contrabando en el país cada año.
México controla estrictamente la venta de armas, lo que hace que sea prácticamente imposible obtenerlas legalmente. Aun así, la violencia relacionada con el narcotráfico ha dejado alrededor de 480,000 muertos en México desde que el gobierno desplegó al Ejército para combatir el crimen organizado en 2006, según cifras oficiales.
Qué dicen los fabricantes de armas
Por su parte, los abogados de Smith & Wesson e Interstate Arms argumentaron que las compañías no pueden ser responsabilizadas por el mal uso de sus productos y que un fallo a favor de México "destruiría" la PLCAA.
"Cuando una empresa sigue prácticas comerciales rutinarias para suministrar productos legales al mercado, no es responsable de los delitos cometidos posteriormente con esos productos", dijeron. "La responsabilidad por cualquier acto criminal cometido con el producto recae en los propios actores criminales".
Los fabricantes dicen que no hay evidencia de que la industria permita el tráfico y no están de acuerdo con los datos de México sobre cuántas armas se originan en Estados Unidos. El gobierno mexicano, no los fabricantes de armas estadounidenses, es el responsable de hacer cumplir las leyes y combatir el crimen, argumentan.
En los últimos 20 años, la industria se ha protegido de la mayoría de las demandas civiles derivadas de delitos cometidos con armas de fuego bajo el amparo de la PLCAA, aunque México ha argumentado que no se aplica a los delitos cometidos fuera de Estados Unidos.
México vs. fabricantes de armas de EEUU: ¿qué puede pasar a continuación?
Las empresas de armas están pidiendo a los magistrados que revoquen un fallo de la corte de apelaciones que permitió que el caso siguiera adelante. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU determinó que el caso se encontraba dentro de una excepción, que contempla situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar la ley a sabiendas.
Esta excepción se ha planteado en otros casos.
Las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en Sandy Hook argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas había violado la ley estatal en la comercialización del rifle AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 alumnos de primer grado y seis educadores.
La Corte Suprema se negó a escuchar ese caso. Después de alcanzar el acuerdo de 73 millones de dólares, las familias dijeron que esperaban que condujera a una mayor seguridad y rendición de cuentas.
Dependiendo de cómo dicten sentencia los jueces, sus eventuales conclusiones podrían limitar o cerrar esa vía legal.
La designación de los carteles como organizaciones terroristas reaviva el conflicto
El mes pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió a los fabricantes de armas de EEUU que podrían enfrentar nuevas acciones legales y ser considerados cómplices si Washington cumplía su amenaza de designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.
Finalmente, el 20 de febrero, el Departamento de Estado de EEUU designó a los dos principales carteles de la droga en México, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, entre otros, como organizaciones terroristas extranjeras.
Sheinbaum también rechazó con indignación una acusación de Estados Unidos que sugería que su gobierno tenía una alianza con los carteles de la droga.
"Rechazamos categóricamente la calumnia de la Casa Blanca contra el gobierno de México sobre supuestas alianzas con organizaciones criminales", escribió la presidenta en X. "Si hay una alianza en algún lugar, es en las tiendas de armas de EEUU que venden armas de alto poder a estos grupos criminales", agregó.
La semana pasada, México extraditó a algunos de sus narcotraficantes más notorios a EEUU, incluido a Rafael Caro Quintero, un capo buscado durante décadas por el asesinato de un agente estadounidense.
Con información de AFP y AP.
