Uso del poder como forma de venganza política, deportaciones masivas y otros planes extremos de Trump si gana en 2024
Los planes del expresidente Donald Trump en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024 se han ido revelando al público estadounidense a través de declaraciones tanto del propio candidato republicano, así como de aliados y asesores de su tercera campaña electoral, y de publicaciones de su equipo.
Se trata de planes que alterarían la manera como ha funcionado el gobierno de Estados Unidos, su sistema democrático e incluso la manera como los estadounidenses perciben el estado de derecho y las garantías que este confiere a las personas que viven en el país.
Estas son las propuestas centrales de Trump en caso de regresar al poder en 2025.
El uso del aparato del estado como un instrumento de venganza política
Uno de los temas que Trump toca con frecuencia en sus discursos y declaraciones es el de la venganza contra sus oponentes políticos, a quienes con frecuencia califica de enemigos.
“Yo soy tu venganza” dijo el expresidente a sus seguidores en el discurso de lanzamiento de su tercer esfuerzo presidencial pocos días después de las elecciones de mitad de periodo de 2022, en el que también prometió utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus adversarios políticos.
Para poder lograrlo, Trump deberá primero acabar con la doctrina legal de la independencia investigativa que rige al Departamento de Justicia desde el escándalo de Watergate, la cual impide al presidente ordenar al fiscal general a quién investigar y cómo hacerlo.
Esto impidió que Trump en su primer periodo usará el departamento para procesar a “enemigos” como el exdirector del FBI James Comey o su oponente en las elecciones de 2026 Hillary Cinton, o que detuviera la investigación sobre interferencia electoral en 2016 adelantada por el fiscal especial Robert Mueller.
Según el diario The New York Times, el equipo de Trump está desarrollando un plan para acabar con la independencia investigativa del Departamento de Justicia.
Trump ha dicho que no dudará en usar la justicia para investigar, e incluso imputar delitos a sus opositores.
En junio prometió que designaría un fiscal especial para investigar al presidente Biden y su familia, y en noviembre dijo en una entrevista con Univision que podría imputar de un delito a cualquier persona que se le opusiera políticamente.
"Si soy presidente y veo a alguien a quien le está yendo bien y me está golpeando muy duro, le digo (al Departamento de Justicia) que vaya y lo acuse. Básicamente, lo que sería, ya sabes, estarían fuera del negocio. Estarían fuera de las elecciones", dijo Trump en esa conversación con Univision.
Represión extrema de la inmigración
Según un reporte de The New York Times, los planes de Trump en materia de inmigración incluyen la persecución masiva, encarcelamiento, procesamiento acelerado y deportación de extranjeros indocumentados, y la imposición de restricciones severas a programas migratorios vigentes autorizados por el Congreso, tales como visas y asilo.
Según el medio, los planes incluyen la detención a gran escala de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos y su reclusión en campamentos de detención construidos con fondos militares mientras esperan ser expulsados.
Trump también planea poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres indocumentados nacidos en el territorio de Estados Unidos, una idea que su adversario en las elecciones primarias republicanas, Ron DeSantis, también ha hecho suya.
Uso de las fuerzas armadas estadounidenses en el territorio nacional
Desde 1878, la ley Posse Comitatus eliminó el uso de las fuerzas militares estadounidenses de la aplicación regular de la ley civil, reservando su uso para conflictos armados. Esta ley fue promulgada como respuesta a los abusos del uso extensivo del Ejército en la aplicación de la leyes en el territorio de Estados Unidos durante la Guerra Civil y el periodo de reconstrucción.
Sin embargo, la ley permite excepciones que Trump dice que piensa aprovechar durante un segundo mandato después de ver frustrados sus intentos de hacerlo en el primero, como cuando propuso usar las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas por el asesinato de George Floyd.
Una de esas excepciones está contenida en la ley de insurrección, la cual Trump planea invocar en la frontera sur a fin de movilizar tropas para interceptar y detener a inmigrantes indocumentados, según indicó un asesor en materia de inmigración citado por The New York Times.
El reemplazo de la burocracia federal con colaboradores fieles a Trump
Los asesores de Trump planean alterar las reglas del servicio civil que protegen a los profesionales gubernamentales de carrera, reclasificando a miles de trabajadores de la istración pública, que normalmente no son reemplazados a la llegada de un nuevo gobierno, como de empleados de confianza, a fin de poder despedirlos fácil y rápidamente.
Trump prometió que firmará una orden ejecutiva para “eliminar a los burócratas deshonestos” y dijo que llevaría a cabo ese plan “de una manera muy agresiva”.
"Limpiaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de Inteligencia y Seguridad Nacional", dijo Trump en un video publicado en marzo.
“Los departamentos y agencias que han sido usados como armas políticas serán completamente renovados para que los burócratas anónimos nunca más puedan atacar y perseguir a los conservadores, cristianos o enemigos políticos de la izquierda”.
Designación de asesores legales leales al presidente
Trump y sus aliados culpan a los asesores legales de la presidencia de haber frustrado gran parte de la agenda de su gobierno al plantear objeciones legales a sus ideas.
En caso de un nuevo mandato, los aliados de Trump están planeando designar a abogados más agresivos y alineados ideológicamente con sus posiciones para puestos legales clave en el gobierno que no objeten la viabilidad de las propuestas del presidente.
Durante su mandato, Trump criticó con frecuencia a los abogados que trabajaron para él, algo que alcanzó notoriedad cuando intentó anular el resultado de las elecciones de 2020 donde ganó legítimamente el actual presidente Joe Biden.
Cuando Pat Cipollone, el segundo asesor legal de la Casa Blanca durante el gobierno, le señaló la ilegalidad de sus esfuerzos por subvertir los resultados de las elecciones, Trump recurrió a un grupo de abogados externos dispuestos a llevar a cabo sus planes.
Los abogados Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Sidney K. Powell no tuvieron ningún éxito en sus esfuerzos, y todos fueron imputados penalmente junto a Trump y a 13 personas más por conspirar para revertir la derrota electoral del expresidente en Georgia. Powell, Chesebro y Ellis se declararon culpables de algunos de los cargos.
