Biden y los demócratas toman medidas para proteger el derecho al aborto, ¿qué tan lejos llegan?
Con la anulación de Roe vs. Wade, la decisión de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto, la Corte Suprema creó un caos legal en el que chocan las variadas y diferentes leyes locales promulgadas por los estados, lo que, sumado a una desinformación a veces interesada, he generado una gran confusión sobre lo que las mujeres pueden hacer si necesitan terminar con un embarazo.
En medio de la tormenta política y legal generada por la anulación de las protecciones federales, tanto la Casa Blanca, como los demócratas en el Congreso, han adoptado iniciativas para paliar el efecto negativo entre mujeres que, por alguna razón, necesitan poner fin a sus embarazos.
Este viernes, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley, uno para codificar las protecciones que durante medio siglo ofreció Roe vs. Wade y otro para prohibir el castigo de una mujer que viaje a otro estado para hacerse un aborto.
La semana pasada, en otro intento por limitar los efectos de la decisión de la corte, el presidente Joe Biden firmó un decreto ejecutivo para salvaguardar en lo posible el al aborto a través de un grupo de medidas enfocadas en proteger la seguridad de pacientes y proveedores de ese tipo de servicios.
Antes de conocerse la decisión de la corte, muchos estados ya habían aprobado leyes que restringen severamente el al aborto en sus territorios o lo prohíben completamente, y cuya validez dependía del desmantelamiento de la protección constitucional que la corte finalmente oficializo el 24 de junio pasado.
Alabama, Arkansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas, Virginia del Oeste y Wisconsin ya prohibieron legalmente el aborto en sus territorios y se espera que varios estados más prohíban o restrinjan el al procedimiento en las próximas semanas.
Qué incluye el decreto de Biden sobre el aborto
Durante el acto de la firma del decreto, Biden le pidió al Departamento de Justicia que, “al igual que hizo en la era de los Derechos Civiles, haga todo lo que esté a su alcance para proteger a estas mujeres que buscan invocar sus derechos”.
El decreto ordena que el secretario de Salud y Servicios Humanos, puesto ocupado actualmente por el excongresista hispano por California Xavier Becerra, tome acciones a fin de proteger:
- el a medicamentos para abortar,
- el a servicios médicos de emergencia para las mujeres embarazadas y las que experimentan la pérdida espontánea de sus embarazos,
- el a servicios y proveedores de planificación familiar,
- el a la anticoncepción de emergencia y la anticoncepción reversible de acción prolongada incluyendo dispositivos intrauterinos.
El decreto también ordena a Becerra llevar a cabo esfuerzos de divulgación y educación pública sobre la disponibilidad de estos recursos y servicios y a presentar un informe sobre el avance de estos esfuerzos 30 días después de la firma del decreto.
El decreto busca garantizar la seguridad de los pacientes y proveedores de servicios de aborto, incluyendo a quienes se encuentren en clínicas móviles en áreas fronterizas de los estados que optaron por restringir el al aborto, para lo cual instruye al fiscal general y al consejero legal de la Casa Blanca a convocar abogados privados probono, colegios de abogados y organizaciones de interés público, para representar legalmente a quienes busquen u ofrezcan servicios de salud reproductiva en todo el país.
Qué le falta al decreto de Biden
Ningunas de estas acciones garantizan el derecho al aborto. El decreto no incluye ayuda económica para viajar para personas embarazadas residentes en estado que restringen el aborto, lo cual es uno de los anhelos de los activistas de los derechos reproductivos, aunque sí considera tiempo libre pagado para empleados federales que necesiten el procedimiento médico.
La Casa Blanca explicó que el decreto se basa en las acciones que el gobierno de Biden ya había tomado en defensa de los derechos reproductivos en el país que incluía:
- la salvaguarda del a los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción,
- la protección de la privacidad de los pacientes y de su a información precisa,
- la promoción de la seguridad y protección de pacientes, proveedores y clínicas,
- la coordinación de la implementación de esfuerzos federales para proteger los derechos reproductivos y el a la atención médica.
Los limitados proyectos de ley de la Cámara de Representantes
Por su parte, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó el viernes dos proyectos de ley de protección al a servicios de aborto a nivel federal, pero la oportunidad de ser aprobados por el Senado y convertirse en ley son prácticamente inexistentes.
El proyecto HR 8296, titulado Ley de Protección de la Salud de la Mujer de 2022, patrocinado por la representante demócrata de California Judy Chu, combate las restricciones gubernamentales a la prestación y a servicios de aborto, prohibiendo la limitación por parte de los gobiernos locales de la capacidad de un proveedor para prescribir ciertos medicamentos, ofrecer servicios de aborto a través de telemedicina, o brindar inmediatamente servicios de aborto cuando el proveedor determina que una demora pone en riesgo la salud de la paciente.
El proyecto también prohíbe que los gobiernos obliguen a los proveedores a realizar procedimientos médicos innecesarios, como ultrasonidos, y proporcionen información médicamente inexacta.
La aprobación de una versión previa de este proyecto ya había sido derrotada en mayo cuando el senador demócrata Joe Manchin de Virginia del Oeste unió su voto negativo a los de la bancada republicana.
El otro proyecto de ley aprobado el viernes fue HR 8297, titulado Ley de Garantía del al Aborto de 2022, patrocinado por la representante demócrata Lizzie Fletcher, de Texas, tiene por objeto proteger el derecho a viajar a quienes necesiten acceder a servicios de aborto, prohibiendo que cualquier persona o institución restrinja o imposibilite que una persona cruce fronteras estatales para viajar a un estado donde la práctica es legal.
Pero es casi imposible que los proyectos cuenten con la mayoría en el Senado para convertirse en leyes. El propio presidente Biden, cuando firmó su orden ejecutiva, reconoció que no existen suficientes votos en el Senado para crear una ley federal.
La acción del Departamento de Salud y Servicios Humanos
Esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó a los hospitales de todo el país que tienen la obligación de llevar a cabo un aborto si la vida de la madre está en riesgo.
El departamento basa esta indicación en los requisitos sobre las instalaciones médicas contenidos en la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA).
La ley requiere que cuando se determinen que una persona embarazada que busca tratamiento de emergencia enfrenta una situación de salud de emergencia, como un embarazo ectópico, complicaciones de la pérdida del embarazo o trastornos hipertensivos emergentes como preeclampsia con características graves, se deberá llevar a cabo el aborto si se determina que ese es el tratamiento estabilizador necesario para resolver la afección.
El departamento explicó que, cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida de la persona embarazada, o establece una excepción más limitada que la definición de condición médica de emergencia definida en el estatuto federal, EMTALA que es ley federal que se impone.
No se trata de una política nueva, sino de un simple recordatorio a médicos y proveedores de salud de cuáles son sus obligaciones existentes bajo la ley federal vigente, muestra del desarreglo que dejó la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho al aborto.
