¿'Food stamps' a cambio de un examen de droga? Este es el controversial plan del gobernador de Wisconsin
El gobernador de Wisconsin, el republicano Scott Walker, dio un paso más en su controversial plan para pedir un examen de droga a algunos beneficiarios de 'food stamps', el programa que proporciona ayuda financiera para que personas que viven en la pobreza compren alimentos.
Walker mandó esta semana su plan a los legisladores estatales y, si no hay objeciones en los próximos 120 días, la medida podrá entrar en vigor. La propuesta no debería encallarse, ya que fue aprobada por la legislatura de Wisconsin hace dos años y disfruta de una mayoría republicana, aunque tardaría un año en implementarse.
Para el gobernador republicano, esta política pone a Wisconsin en la cabeza de la agenda conservadora en Estados Unidos: "Nuestra reforma del sistema de bienestar audaz y conservadora es un trabajo gratificante y asegura que la asistencia pública es un trampolín, no una hamaca", dijo Walker en un tuit este martes.
Si entra en vigor, afectaría a una minoría de beneficiarios de 'food stamps' en Wisconsin, solo los que reciben formación a través de un programa de empleo estatal ( FoodShare Employment and Training), pero abriría la puerta a una nueva exigencia que hasta ahora no se había logrado a nivel nacional.
Ya en 2014, Florida incluyó un requisito de examen de drogas para dar ayudas de 'food stamps', pero una corte de apelaciones lo bloqueó.
Y en enero 2017, la propuesta de Wisconsin chocó con la negativa del gobierno de Barack Obama, que en sus últimos días consideró que la reforma necesitaba cambios legales a escala nacional. Sin embargo, por ahora, Walker no ha encontrado oposición de la istración Trump, según explica el diario Milwaukee Journal Sentinel.
En la propuesta, los oficiales indican que hasta 17 estados han registrado propuestas de ley similares, en las que se condiciona recibir algunos servicios de 'food stamp' a que se demuestre que el beneficiario no consume drogas.
En el texto oficial, se dice que la medida garantizará que beneficiarios de dinero público están preparados para trabajar y, si no lo están, se les derivará a un programa de desintoxicación.
Se presenta también como una medida para luchar contra la epidemia nacional de adicción a los opioides y otras drogas.
