Salió a comprar un aguacate en San Juan y terminó detenido en Miami: el 'arresto colateral' en una redada de ICE

SAN JUAN, Puerto Rico — Juan Vega salió en la mañana del 26 de enero a visitar a un amigo enfermo en un barrio de San Juan, Puerto Rico, y a comprar un aguacate para el sancocho que su familia preparaba en casa. No ha podido regresar todavía.

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) realizaban un operativo en los alrededores del negocio al que fue a comprar Vega y lo detuvieron por haber entrado de forma irregular al archipiélago territorio de Estados Unidos.

El caso de este hombre de 50 años según fue contado a Univision Noticias por su esposa, Iris Lázaro, ilustra los 'arrestos colaterales' que se están registrando en Estados Unidos en medio de la ofensiva del nuevo gobierno del presidente Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala. ICE no respondió a dos consultas sobre este caso hechas por correo electrónico entre el 3 y 12 de febrero ni brindó información en una visita realizada por Univision Noticias a su oficina en Guaynabo, Puerto Rico.

“Lo detuvieron el domingo (26 de enero) como a las 10 y pico de la mañana. Había un amigo de él enfermo en Barrio Obrero y él me dijo: ‘Voy a pasar a ver a mi amigo’. Y yo le dije: ‘Pues de vez cómprate un aguacate en lo que mami termina el sancocho'", relató Lázaro.

“Cuando recibo el mensaje que me dice: ‘Ven busca el carro que está parado al frente del viejo, yo tengo el beeper, me llevaron detenido’”, agregó.

Barrio Obrero, un sector con gran población dominicana, fue ese día uno de los epicentros de los operativos de detención de inmigrantes indocumentados de ICE en Puerto Rico, con el apoyo de fuerzas de la Patrulla Fronteriza y la istración de Control de Drogas (DEA en inglés).

47 inmigrantes de distintas nacionalidades fueron arrestados en esa jornada, de acuerdo con cifras de ICE citadas por medios locales. Dos fueron liberados, a cinco les presentaron cargos por haber reingresado a territorio estadounidense tras haber sido deportados —regresar a Estados Unidos sin permiso después de haber sido deportado es un delito que se castiga severamente— y al resto le dieron “la oportunidad de regresar voluntariamente a su país”, lee el comunicado.

Lázaro consultó con abogados y pensó que la salida voluntaria era el camino a seguir más adecuado para su esposo. Pasó varios días comprando algunas cosas básicas para viajar a República Dominicana y entregárselas a Vega cuando él llegara a allá.

Pero Vega desistió de firmar su salida voluntaria de Puerto Rico, donde aplican las leyes migratorias federales, y optó por pelear su caso migratorio frente a un juez. Por esa decisión fue que terminó bajo custodia de ICE en Miami. Primero en el Centro de Detención de Krome y luego en el Centro Federal de Detención de Miami , donde lo ubica actualmente el localizador de ICE.

Lázaro asegura que es poco lo que ha podido hablar con él por teléfono. Cuenta que Vega estuvo enfermo y que en una breve llamada desde el centro de Krome le avisó sin dar detalles que sería trasladado a otro lugar de detención. El localizador de ICE, constató Univision Noticias, no brindó información sobre la ubicación de Vega durante al menos tres días. Desde el 12 de febrero comenzó a localizarlo en el centro de detención en el downtown de la ciudad.

Las dificultades de conseguir ayuda legal en Miami estando en San Juan

A la distancia, con poca información disponible y los potenciales altos costos legales, a Lázaro se le ha complicado conseguir representación legal para su esposo. En su última conversación con Univision Noticias explicó que tenía previsto encargar el caso a una abogada que acompañe a Vega a una audiencia preliminar o master hearing que le fue pautada el 20 de febrero en Miami. Ese día tratarán de pedir también una audiencia separada para que Vega pueda dar una fianza y continuar su caso migratorio en libertad.

Lázaro afirma que su esposo, un albañil que hasta antes de su arresto llevaba unos cuatro años en Puerto Rico, no tiene antecedentes criminales ni en República Dominicana ni en Puerto Rico. ICE no respondió a una consulta al respecto hecha por Univision Noticias en un correo electrónico.

Univision Noticias consultó al abogado experto en inmigración Ezequiel Hernández para entender cómo se desarrolla habitualmente el próximo paso programado en el caso de Vega. Hernández explicó que “los master hearing sirven para resolver temas preliminares para después llegar a la individual hearing, que ahí es donde se adjudica la defensa que se pidió”.

Sobre la audiencia de fianza, Hernández explicó que “el proceso de deportaciones lleva un carril y, si él califica para fianza, si por ejemplo yo veo todo su caso y él califica para fianza, tendríamos que pedir una audiencia de fianza si él califica y luego él tendría que ganar la audiencia de fianza. Para ganar una audiencia de fianza él necesita probar que no representa riesgo de escape”, agregó.

“Si él no tiene crímenes anteriores o no lo estaban buscando, (es decir) no lo arrestaron a base de un crimen, entonces no nada más califica para la fianza (sino que) puede ganar la fianza, y establecen una fianza y él sale y presenta su caso de inmigración en libertad”, acotó.

Las personas detenidas en suelo estadounidense, incluyendo las que hayan entrado al país de forma irregular, tienen derechos constitucionales y derecho al debido proceso.

Si Vega logra una audiencia de fianza y posteriormente se la conceden, tendría entonces que costear el pasaje de regreso a Puerto Rico. Lázaro tiene previsto seguir también el largo proceso de reclamar a su esposo presentando el formulario migratorio I-130 de Petición de Familiar Extranjero, pues ella es dominicana y ciudadana estadounidense. Ellos ya lo intentaron. Pero su petición fue denegada porque, según cuenta Lázaro, no recibieron una carta pidiendo la documentación para sustentar su caso y no la presentaron a tiempo. Estaban en proceso de apelar esa decisión.

“Va a haber daño colateral”, dice una autoridad de DHS en Puerto Rico

La potencial detención de inmigrantes indocumentados en una redada de ICE en la que no eran ellos el blanco de las autoridades es una posibilidad que ha aumentado con el regreso de Trump al poder. Consultada sobre qué inmigrantes indocumentados son prioridad de deportación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue tajante al responder que todos han quedado en la mira de las autoridades.

“Si usted es un individuo, un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, usted es, por definición, un criminal y, por lo tanto, está sujeto a la deportación”, dijo Leavitt en su primera conferencia de prensa.

En Puerto Rico, la agente especial encargada de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés), Rebecca González, dijo que “va a haber daño colateral” en los operativos migratorios en una entrevista con el diario El Nuevo Día.

“Vamos a asegurarnos de que esto se lleve a cabo de la forma menos disruptiva posible, como manteniéndonos fuera de los servicios religiosos”, dijo en referencia a los lugares considerados sensibles —escuelas, hospitales e iglesias— a los que el gobierno de Trump permitió ingresar para detener a indocumentados.

Mencionó que la ofensiva migratoria de Trump se enmarca en parte en detener a criminales violentos de pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua. “Hay una emergencia nacional con esas organizaciones y tal vez nosotros en Puerto Rico no lo vemos de esa forma (...) El propósito detrás de todo esto es uno más grande y es asegurarnos de que no tengamos criminales aquí en los Estados Unidos”, agregó.

De los 47 inmigrantes detenidos en la redada del 26 de enero, la más visible en Puerto Rico en lo que va de este mandato de Trump, solo uno tenía antecedentes por un crimen violento en su país, de acuerdo con la información provista por ICE. Un hombre identificado como Wilquin Melo, buscado por dos asesinatos en República Dominicana. En el archipiélago no ha habido recientemente reportes de crímenes perpetrados por posibles de la MS-13 o el Tren de Aragua, las bandas mencionadas por González.

“Es una política claramente discriminatoria”, denuncia ACLU

“No se conoce en Puerto Rico ni históricamente hemos tenido preocupación porque sea la población migrante la que esté vinculada a temas de seguridad pública o de crímenes, de ningún tipo. Nunca ha sido ese un problema en Puerto Rico”, dijo a Univision Noticias Annette Martínez, abogada y directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.

“Estas intervenciones no responden a un peligro de seguridad pública en Puerto Rico (...) No son necesarias ni aquí ni en el territorio de Estados Unidos contiguo, porque la manera en la que se están conduciendo realmente a nosotros nos parece que no son solamente innecesarias sino que son violentas”, agregó.

Son por “razones que tienen que ver con el color de la piel de las personas, con su nacionalidad de origen, con su acento, con el hecho de que viven en una comunidad específica. No necesariamente porque una comunidad tenga una alta concentración de población migrante quiere decir que esta población tiene que ser criminalizada como está ocurriendo”, consideró.

Un objetivo de ACLU en Puerto Rico es actualmente lograr la aprobación de una ley que establezca lineamientos a nivel local para prohibir que se use su información para posibles detenciones. Martínez detalló, por ejemplo, preocupación porque han conocido casos en los que agentes de seguridad de un tribunal han cooperado con agentes de ICE para detener a personas en las inmediaciones de una corte.

"En los casos en los que nos ha sido referida esta información, no se trataba de personas que hubiesen sido halladas culpables ni necesariamente estaban acusadas de delitos. Son personas que han sido detenidas dentro del edificio del tribunal y con la cooperación de oficiales del gobierno de Puerto Rico que trabajan dentro del tribunal, como pueden ser por ejemplo los alguaciles", afirmó.

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