"Los inmigrantes como los nuevos judíos": condenan que Trump criminalice a los indocumentados al forzarlos a un registro
La máquina de detenciones y deportaciones del gobierno de Donald Trump anunció esta semana que revivirá una herramienta más que abogados y organizaciones ven como "peligrosa y discriminatoria": ordena a los inmigrantes indocumentados registrar sus huellas y datos con las agencias federales para evitar multas y cárcel.
En una alocución con el canal conservador Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quiso presentar la orden como una "oportunidad de volver" a Estados Unidos en el futuro, pero al mismo tiempo les advirtió: "Si no se registran, están violando la ley". Y la agencia que dirige remató diciéndoles "váyanse ahora".
José Pertierra, abogado de inmigración en Washington DC, dijo en una entrevista a Univision Noticias que la medida busca "poner a los inmigrantes como los nuevos judíos. Esto es como ponerse la estrellita en el pecho". Para el abogado, con la creación de estos mecanismos lleva adelante "una cacería de brujas" y demuestra "su crueldad con los inmigrantes".
Pertierra explica que aunque el registro de extranjeros está contemplado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) nunca se había implementado por lo que representa la medida y su pasado.
"Esto es tú haciéndote una autodenuncia, diciendo 'no tengo papeles, aquí estoy, esta es mi dirección, aquí están mis huellas dactilares'", explica Pertierra. "Es una manera de perjudicar a la gente más vulnerable de esta sociedad: a los inmigrantes indocumentados, que no tienen papeles, que están trabajando, que levantan rascacielos, que recogen la comida, que trabajan en hospitales, que cuidan a los mayores, que son los que van a rescatar a Los Ángeles de las cenizas".
Una medida "peligrosa, discriminatoria"
La ley —y así lo explican los Servicios de Inmigración y Ciudadanía en su página— requiere el registro de todos los extranjeros de 14 años o más cuyas huellas no hayan sido tomadas o cuyos datos no hayan sido recabados cuando aplicaron a una visa en Estados Unidos y se quedaron en el país por 30 días o más. Esto incluye a los solicitantes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a quienes no se les emitió una "evidencia de registro" de sus datos.
Pero no existe en Estados Unidos un mecanismo para hacer ese registro —y tampoco para imponer penas— y no está claro cómo hará el gobierno para encarcelar o multar a quienes decidan no compartir sus datos con las agencias federales de inmigración.
Aún no es público el reglamento que regirá este registro, pero Pertierra cree que la medida seguramente será desafiada en cortes.
La organización proinmigrantes y sin fines de lucro Latino Justice PRLDEF coincide con Pertierra. Su presidenta, Lourdes M. Rosado, aseguró a Univision Noticias que un registro como este es "peligroso, discriminatorio". Cree que profundizará el miedo en las comunidades migrantes hacia las autoridades, que los alejará de acudir a servicios básicos que necesiten o a denunciar a un agresor; cree que desestabilizará a las comunidades y los "empujará hacia las sombras".
Ella recomienda que ningún inmigrante se registre sin haber consultado primero su caso con un abogado de inmigración.
Rosado insiste en que ser indocumentado en Estados Unidos no es un delito penal sino una falta civil cuya penalidad es la deportación. Sin embargo, explica que la medida "criminaliza" a los indocumentados al contemplar multas y penas de prisión para quienes no se registren.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, Univision Noticias ha conversado con familias hispanas que han visto detenciones y redadas incluso de sus allegados.
En Colony Ridge, una comunidad en Texas de mayoría latina, las autoridades federales —con apoyo de las locales— han arrestado a más de 118 de sus habitantes, dijo el gobernador Greg Abbott. En distintos mensajes de texto, inmigrantes han escrito que el miedo es tal, que han dejado de acudir al trabajo y muchos niños han dejado de ir al colegio. Algunos padres están considerando sacar a sus hijos de las escuelas y que reciban clases con profesores particulares encerrados en casa.
¿De dónde viene esta medida?
El Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC por su sigla en inglés) explica en su página que la orden anunciada por el DHS se fundamenta en una ley implementada poco antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuando se exigió a los no ciudadanos registrarse ante su oficina de correos local. Para entonces, el objetivo del proceso era hacer un inventario que permitiera identificar a personas que podían representar una amenaza a la seguridad nacional: eran caracterizados como "comunistas o subversivos".
El fin último de esa, la llamada Ley de Registro de Extranjeros de 1940, no era cumplir con la ley de inmigración, explica NILC. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese proceso de registro sí fue integrado en el proceso migratorio, pero en lugar de hacerlo en la oficina de correos, el registro se llevaba a cabo en los puertos de entrada.
"Esto significaba que no había forma de que las personas indocumentadas se registraran según la ley, ya que el registro (al ser en puertos de entrada) era solo para personas que calificaban para algún estatus migratorio autorizado", explica la organización.
El proceso ha tenido más retos. NILC explica que primero, varias categorías de no ciudadanos quedaron exentos del registro, incluidos ciertos canadienses, diplomáticos y trabajadores del conocido programa Bracero, un acuerdo vigente entre 1942 y 1964 que trajo a más de cuatro millones de mexicanos para trabajar en los campos de Estados Unidos ante la escasez de mano de obra por la guerra.
Segundo, porque muchos formularios nuevos para solicitar beneficios migratorios nunca fueron incorporados a las regulaciones de registro. Esto quiere decir que hay formularios que califican como registro pero no como prueba de ese registro porque nunca se incluyeron en la lista de planillas reconocidas como una evidencia.
Además de la ley de 1940, Estados Unidos intentó en más ocasiones implementar procesos de registros de no ciudadanos que fueron catalogados como "explícitamente discriminatorios al apuntar a grupos raciales o nacionalidades específicas". Pasó con la Ley de exclusión a ciudadanos de origen chino de 1882. Terminó afectando también a los hijos de esos no ciudadanos nacidos en Estados Unidos, así como a personas que las autoridades consideraron que "lucían como chinos".
NILC explica que el único ejemplo moderno de un registro de no ciudadanos que existe es el Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional (NSEERS, por su sigla en inglés). Lo creó el entonces presidente George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre. De igual forma, apuntó a ciudadanos de 24 países de mayoría musulmana y de Corea el Norte.
NILC resume en unas líneas el resultado: "Con el fin de abordar preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos obligó a 83,000 personas a registrarse en NSEERS y colocó a 13,000 de ellas en procedimientos de deportación. El gobierno obtuvo cero condenas por terrorismo, al mismo tiempo que potenciaba la discriminación racial y separaba a las familias. Muchas comunidades todavía viven con el dolor causado por las deportaciones de seres queridos a través de ese sistema".
